Líderes indígenas shipibo-konibo de Ucayali se reunieron con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), Jan Jarab, para poner en conocimiento de la comunidad internacional el contexto de violencia que viven por los ataques y amenazas de grupos dedicados al narcotráfico y la tala ilegal.
En la reunión con Jarab, dirigentes de la comunidad nativa Flor de Ucayali ubicado en la provincia de Coronel Portillo demandaron que el Estado brinde una respuesta urgente ante las intimidaciones que más de 400 integrantes de su comunidad están recibiendo tras haberse realizado a inicios de año un operativo para erradicar cultivos ilícitos.
A estas constantes amenazas, se suman los siete homicidios de defensores indígenas registrados desde que inició la pandemia. El último ataque fue contra el líder asháninka Mario López Huanca, quien falleció el pasado 1 de julio tras recibir un disparo en la cabeza. La comunidad Shirarine señala que los autores del ataque son narcotraficantes.
En junio de 2020, Saúl Martínez, presidente del comité de vigilancia comunitaria, fue amenazado de muerte por haber decomisado la madera que había producido taladores ilegales dentro de su territorio. Posteriormente, en setiembre del mismo año, lograron identificar junto al Ministerio de Agricultura que al menos 30 hectáreas habían sido deforestadas por cocaleros.
Ante los hechos y el contexto que atenta contra la vida y la integridad de los pueblos indígenas, Jarab expresó su preocupación y enfatizó que “el Estado debe actuar de manera integral y priorizar en su respuesta la prevención, en coordinación con las organizaciones indígenas» para identificar a los autores de las amenazas y proteger a las comunidades.
«Estas actuaciones deberían ser sostenidas por el siguiente gobierno para erradicar la depredación de los territorios y de los bosques” exhortó el Alto Comisionado Jarab. Además, reiteró la disposición de la Oficina Regional de la ONU para continuar monitoreando la situación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales.
Respecto a la serie de asesinatos contra defensores medioambientales, Jarab señaló que, si bien Perú “ha dado pasos notables con la adopción de un marco jurídico e institucional propicio para las personas defensoras, se necesitan acciones adicionales que incluyan en las actividades de prevención al Poder Judicial, al Ministerio Público y la policía nacional”.
“El Estado en su conjunto tiene la tarea de asegurar que las personas defensoras se sientan seguras, empoderar su rol esencial para la sociedad y garantizar que ningún crimen contra sus vidas e integridad quede impune”, indicó la oficina de ACNUDH en un pronunciamiento público.
