América Latina: Empresas mantienen brechas frente a derechos humanos de pueblos indígenas
En el contexto de la pandemia por COVID-19, el respeto y promoción de derechos humanos por parte del sector empresarial en América Latina sigue siendo un objetivo pendiente. Especialistas y activistas de la región discuten posibles rutas de acción para empresas, estados y sociedad civil.
Redacción Wayka
A la fecha, la cuenca amazónica reporta alrededor de 80 mil indígenas contagiados y más de 2 mil fallecidos por COVID-19. Así lo informa Gregorio Díaz Mirabal, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), quien destaca que además del virus, este territorio es víctima de un modelo de desarrollo que lo destroza.
Los conflictos entre empresa y pueblos indígenas no se originaron con la pandemia, pero sí se hicieron más graves. «Tenemos una reactivación económica centrada en el extractivismo. Lo que vemos ahora es la naturaleza violada por la industria petrolera, la industria maderera, la agroindustria», lamenta Díaz.
En medio de la crisis sanitaria, también se vive una crisis laboral. Y como resalta Lina Erazo, de Diakonia Latinoamérica, las mujeres son las principales afectadas de despidos masivos. A ello se suma que la carga de las mujeres se ha visto multiplicada durante la emergencia sanitaria.
«Para el sector empresarial es indispensable incluir una agenda de respeto a derechos humanos, así como de reparación respecto a algunas situaciones de afectación», señala Dante Pesce, miembro del grupo de trabajo Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estos fueron los temas de reflexión en el foro regional «Empresa y derechos humanos: un escenario complejo para América Latina», realizado este jueves 19 de noviembre. Con el apoyo de la Unión Europea, organizaciones como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), CooperAcción y la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos reunieron a especialistas de organismos internacionales y activistas sociales para dar su visión.
El marco normativo existe
Como bien señaló Dante Pesce, las Naciones Unidas cuenta con Principios Rectores respecto a empresas y derechos humanos. Estos precisan los roles que tienen estados, empresas y ciudadanía (que puede ser víctima de violaciones a sus derechos). Dichos roles están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y apuntan, entre otros objetivos, a que las empresas pongan en el centro de su gestión a la persona humana.
Sin embargo, la evidencia indica brechas para el cumplimiento de esas metas. «Latinoamérica tiene el peor desempeño de gobiernos corporativos», declaró Pesce en base a un estudio hecho con empresas de distintas partes del mundo. Como explica el especialista, eso se traduce en una desconexión de criterios ambientales y sociales de las funciones del directorio de las empresas en nuestra región.
Por otro lado, Martín Oelz, del grupo de Igualdad y No Discriminación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que esta institución tiene como pilar la promoción de la justicia social. En ese sentido, destacó que la ratificación de convenios de la OIT son instrumentos «de importancia directa para pueblos indígenas y empresas». Además que implican obligaciones para los Estados, aseguró.
Aparte de los convenios, Oelz recordó que se cuenta con una Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social.
«Hemos visto avances en la inclusión de derechos de la tierra, salud, educación; pero existen brechas grandes en la aplicación de este instrumento para derechos colectivos, consulta con pueblos indígenas», declaró el representante de la OIT. «Hay mucho que hacer para que pueblos indigenas accedan a trabajo decente y proteccion social», dijo.
Por su parte, Forukje Boele, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Exonómico (OCDE), recalcó el difícil contexto que atraviesa América Latina. «Se calcula la pérdida de 5 millones de trabajos en la región», indicó. También se expresó sobre el momento clave en que se realiza este foro, dado el clima político que vive Perú.
Experiencias en la región
«En Ecuador, Chile, Perú, los pueblos exigen verdad, transparencia, justicia, respeto a derechos humanos de todos», expresó Gregorio Díaz Mirabal. El dirigente puso como ejemplo el caso de Odebrecht como una situación en la que Estados y empresas actúan de espaldas a la sociedad civil.
Juan Pedro Chang, de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), lamentó que los tratados internacionales y los planes de acción sobre derechos humanos terminen siendo solamente una firma.
Por su parte, Abel Gilvonio, de CooperAcción, reafirmó la necesidad de continuar denunciando las vulneraciones de empresas a derechos humanos. «Pero no nos quedemos en la denuncia», aclaró. Al respecto, afirmó que es necesario continuar pensando propuestas y fortaleciendo el diálogo.
Desde el sur de la región, Marcela Bravo, de Acción Empresas de Chile, comentó la acción de esta organización empresarial que lleva a cabo un programa piloto de derechos humanos y empresas. Esta iniciativa busca la participación del sector empresarial en la promoción de derechos.
Una promoción que, como resaltó Lina Erazo, no puede dejar de lado la discusión sobre redistribución, impuesto sobre el patrimonio y primacía del Estado en toma de decisiones.
