Cuando los golpistas se quedaron sin maniobras legales en suelo peruano para voltear los comicios del 6 de junio, acudieron a Washington. Exigieron una auditoría de las elecciones a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se inspiraron en uno de los episodios más nefastos de la historia reciente en la región: la auditoría electoral de la OEA en Bolivia que desencadenó el fin de la presidencia de Evo Morales y la instalación del gobierno de facto de Jeanine Áñez. 

La OEA ha sido blanco de severas críticas por esa auditoría que sugirió un fraude en las elecciones de Bolivia de 2019, y resultó ser falsa. Estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR) determinaron que las acusaciones de la OEA eran inverosímiles estadísticamente*. También encontraron aplastante evidencia de que los funcionarios de la OEA mintieron de forma deliberada para mantener el relato de las elecciones supuestamente amañadas. 

El New York Times selló internacionalmente el descrédito de la auditoría de la OEA en un artículo de 2020, fundamentado en un estudio de las universidades de Tulane y de Pennsylvania. El periódico estadounidense abordó las falacias del análisis, sus inconsistencias, y señaló que “la oposición boliviana aprovechó las acusaciones [de la OEA] para intensificar las protestas, reunir apoyo internacional y, semanas después, sacó a Morales del poder con apoyo militar”.

Tras el embuste del fraude, Bolivia sufrió el segundo mes más mortífero de los últimos 40 años de su historia, según un informe de la universidad de Harvard. El país fue capturado por un gobierno de extrema derecha y racista que militarizó el territorio, persiguió a periodistas, encarceló con falsas acusaciones a líderes opositores, y reprimió a la población que cuestionaba su legitimidad. Las fuerzas militares perpetraron al menos dos masacres en las localidades indígenas de Senkata y Sacaba. La presidenta de facto, Jeanine Áñez, proclamó un decreto garantizando impunidad para los perpetradores. 

Una testigo de la masacre de Senkata, la historiadora Jhocelin Caspa, me dijo que “al no denunciar el golpe, muchos países le dieron la espalda al pueblo boliviano”. Estados Unidos se apresuró a reconocer a Áñez como la nueva mandataria. Donald Trump afirmó que “la salida de Morales preserva la democracia”, y sus aliados le siguieron los pasos. 

En un gesto cómplice con la derecha internacional, el gobierno del Perú se negó a que el avión en el que huía Evo Morales hacia México aterrizara en suelo limeño para recargar combustible. El depuesto presidente estaba amenazado de muerte y viajaba en calidad de asilado político. Días antes, su casa había sido saqueada y la vivienda de su hermana prendida en llamas.

En julio de 2021, la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU. aprobó que el Departamento de Estado investigue a la OEA por su papel catalizador en el ataque a la democracia del país andino. “Su narrativa contribuyó a la polarización política, a un golpe militar y a una violenta represión”, expresó la congresista estadounidense Jan Schakowsky, quien en más de una ocasión solicitó sus descargos a Luis Almagro, secretario general de la OEA; sin obtener respuesta. 

Líderes latinoamericanos observan con suma preocupación que la OEA haya facilitado el último golpe de Estado en las Américas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planteó sustituir a la organización por una que no sea “lacayo de nadie”, y su canciller tildó la gestión de Almagro como “una de las peores de la historia”. Se sumaron otros, como el ministro de Defensa argentino, Jorge Taiana, quien conminó al presidente estadounidense Joe Biden a impulsar una renuncia de Luis Almagro, en tanto que EE. UU. financia 60% del presupuesto nominal de la organización internacional.

Es muy probable que gran parte de la derecha peruana desconociera la realidad de la auditoría en Bolivia que les sirvió de inspiración golpista. De lo contrario, no la hubieran mencionado como paradigma de su estrategia. Tampoco es descabellado imaginar que la delegación que llegó a Washington hubiese obtenido una respuesta más favorable si es que el secretario Almagro, y la organización que preside, no estuvieran en el ojo de la tormenta por los hechos relatados. Involucrarse en otro esfuerzo antidemocrático en menos de dos años parecía demasiado, incluso para la OEA. 


*Según la OEA, el principal argumento del fraude es que hubo “un cambio drástico y difícil de justificar de la tendencia” en el último tramo del conteo de votos que “modificó drásticamente el destino de la elección” dándole la victoria a Evo Morales. Investigadores ​​—y más de 133 economistas y estadísticos— constataron que no hubo tal cambio inexplicable de tendencia. Los votos contabilizados en el tramo final provinieron de zonas rurales, donde Morales era el favorito; lo que también se pudo cotejar con datos de elecciones anteriores.