Redacción Wayka

La fiscal en materia ambiental Evelyn Lamadrid y la fiscal adjunta superior, Karla Zuloaga Pajuelo, denunciaron amenazas de muerte que provendrían de personas investigadas por sus despachos.

La fiscal Lamadrid reveló que uno de sus fiscales adjuntos recibió información de una persona -cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad-, de que se había contratado a sicarios de la banda criminal ‘La jauría de Trujillo’ para asesinarla. Las personas que intentarían matarla pertenecerían al caso de minería en el sector La Carbonera, en el distrito de Nuevo Chimbote, y que la fiscal investiga desde hace varios meses, incluso ha pedido prisión para algunos de ellos por usurpar terrenos agrícolas para imponer sus actividades ilegales.

La fiscal Lamadrid señaló que no cuenta con personal de seguridad, pese a haberlo solicitado a la Policía Nacional con aval de la fiscal de la Nación.

“Los despachos fiscales no tenemos garantías para intervenir”, manifestó la fiscal quien señaló que tiene otros casos de minería ilegal en los que no puede intervenir de oficio por no tener resguardo.

“Se mueve muchos millones de soles en minería ilegal y en la pesca. Esos rubros son los que trabajamos y estamos detrás de los grandes. La única forma de avanzar es contar con seguridad del Ministerio del Interior. Estamos investigando a bandas criminales (…) Es muy fácil que atenten contra nosotros, porque entre ellos se matan… no sería difícil que atenten contra nosotros”, sostuvo.

La fiscal presentó una acusación fiscal solicitando 3 años y 8 meses de cárcel, además del pago de una reparación civil de 2.9 millones de soles en contra del representante legal de la empresa dueña del buque factoría Damanzaihao.

Un exalcalde en la mira

Por su parte, la fiscal adjunto superior Karla Zuloaga Pajuelo denunció que ha sufrido dos atentados que provendrían del exalcalde de la provincia de El Santa, Luis Arroyo Rojas.

La magistrada contó que en noviembre de 2016, luego de lograr que se sentencie al exalcalde por un caso de desratización bamba, personas a bordo de una moto la siguieron junto a su hija. Además de encontrar desinfladas las llantas de su vehículo. En una segunda oportunidad, el 15 de abril de ese año, un día antes de iniciarse otro juicio oral contra Arroyo por un caso de obras de agua y desagüe, le quitaron el resguardo policial que había pedido a Seguridad del Estado, incluso, por el que tuvo que movilizarse hasta Lima para oficializar el pedido.

Un día después, su vehículo apareció con las llantas desinfladas y cortadas con arma blanca.

Zuloaga indicó que, tras el pasado 24 de mayo le volvieron asignar resguardo policial, pero se trataba de una policía que cumplía actividades de mesa de partes y no de resguardo de autoridades.

“Sera mucha coincidencia, pero yo siento persecución de vehículos sospechosos fuera de mi domicilio, me siguen, me filman”, comentó.

Zuloaga ha estado a cargo de casos  emblemáticos en la provincia, como los asesinatos de los alcaldes de Samanco, Francisco Ariza, y de Casma; José Montalván, además de investigaciones a organizaciones criminales como “Los encapuchados de Casma”, y el crimen de la abogada casmeña Milagros Aponte.

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