El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski mantiene, desde agosto del año pasado, las zonas alrededor de la mina Las Bambas, de la empresa china MMG, en Estado de emergencia, suspendiendo derechos constitucionales relacionados a la libertad de reunión y libre tránsito.
Desde el 10 de enero, el Decreto Supremo N°006-2018-PCM, firmado por el presidente PPK; la premier, Mercedes Aráoz; el ministro de Defensa, Jorge Kisic; el ministro del Interior, Vicente Romero y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, amplía el Estado de emergencia, por 30 días, a toda la vía del corredor minero en el sur del país, entre las regiones de Cusco, Arequipa y Abancay. Es aquí donde se encuentran los proyectos mineros más importantes: Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Cerro Verde.
Este DS es una estrategia para prevenir conflictos y mineros y garantizar la inversión, militarizando las carreteras y dándole luz verde al uso de la fuerza a la policía, junto con las fuerzas armadas, en caso se generen protestas.
El informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú señala que la zona sur del país es la de más relevancia en el país. Concentra la principal dinámica productiva de cobre, estaño y varios otros minerales, asimismo controla el 50.7% de la cartera de proyectos de inversión. Por otro lado, esta zona ha concentrado alrededor el 30% de la conflictividad social.
Para José de Echave, el Estado no tiene capacidad de diálogo para revertir los conflictos y atender las demandas sobre derechos humanos, desarrollo y materia ambiental.
«Ni el Estado ni la empresa han sido capaces de revertir el estado de conflictividad latente ante las demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo. Hay una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. Los Estados de Emergencia en estas provincias se han convertido en una costumbre que recorta derechos fundamentales de la población».
Denuncias en Cusco
Las comunidades en esta región advierten que la empresa, Glencore, encargada del proyecto Antapaccay, habría presionado a las poblaciones para obtener la licencia social para la aprobación de la denominada “Integración Coroccohuayco”. Además, se mantiene la tensión del cumplimiento con lo acordado en la mesa de diálogo de Espinar y la cifra alarmante de número de personas afectadas por los metales pesados, según información oficial reconocida por el Estado.
En el caso de la mina Constancia, operada por la minera canadiense Hudbay, tienen pendientes las demandas sobre impactos ambientales en el agua, suelo y aire, como también el pago de tierras.
Apurímac en emergencia
Esta es la región que tiene más declaratorias sucesivas de Estado de emergencia. Los pobladores han visto recortados sus derechos constitucionales desde agosto del 2017. La Presidencia del Consejo de Ministros, el próximo lunes 29 de enero, instalará una mesa de diálogo con los dirigentes del distrito Challhuahuacho, para discutir tres temas: el levantamiento del estado de emergencia de ese distrito, además de Mara y Huaquira, así como del corredor minero que une pueblos de Apurímac, Cusco y Arequipa.
Arequipa mantiene a Tía María como el más grande conflicto. Recordemos que cobró vidas en las protestas del 2015.
José de Echave no confía en que el Estado tenga una estrategia con la que pueda solucionar y atender demandas, sino que continuarán criminalizando la protesta.
«Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país».
