Urteaga enfrenta indagaciones por presuntas irregularidades y tuvo varios cuestionamientos durante su paso en el Ministerio de Cultura; sin embargo, Boluarte decidió traerla de vuelta y ponerla como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión. 

Leslie Urteaga ha vuelto como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en lugar de Julio Demartini, quien sale en medio de las acusaciones de corrupción en el programa de alimentación infantil, Qali Warma. 

Durante su gestión como Ministra de Cultura (diciembre 2022 – septiembre 2024), no estuvo exenta de cuestionamientos e incluso, antes de asumir como titular, ya poseía una investigación fiscal por irregularidades en su gestión en otro cargo del sector público. 

Investigaciones fiscales por presuntas irregularidades

Informes de la Contraloría General de la República advierten que la ministra Urteaga habría incurrido en irresponsabilidades funcionales y posibles actos de corrupción durante su gestión en la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural (DGPA).

Las acusaciones están relacionadas con la adquisición de hitos de concreto para la delimitación de sitios arqueológicos prehispánicos. Según la Fiscalía, Urteaga y otros cinco funcionarios, entre ellos Luis Enrique Espinoza Gálvez, excoordinador de Administración de la DGPA, habrían integrado una red para defraudar al Estado mediante la sobrevaloración de los hitos y el uso de un falso proveedor, José Suárez, un adulto mayor de escasos recursos.

La presunta ferretería de Suárez habría recibido un pago de 200,000 soles. Su esposa denunció que, tras este hecho, su familia perdió beneficios sociales esenciales, afectando su bienestar y el de su hijo con discapacidad. Además, afirmó que Espinoza manipuló a Suárez para que firmara documentos y gestionara su RUC y tarjeta bancaria, usados en los pagos.

La investigación por negociación incompatible detalla que Urteaga habría intervenido irregularmente en la adquisición de 1,500 hitos de concreto por S/27,075 (aproximadamente 7,000 dólares). Un segundo contrato por S/14,250 (alrededor de 3,700 dólares) también está bajo escrutinio, debido a que las compras se habrían realizado sin la aprobación de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, lo que pudo derivar en una sobrevaloración y perjuicio económico para el Estado.

La ministra Leslie Urteaga declaró a La República que incluyó su carpeta fiscal en su más reciente declaración jurada. Además, informó que la denuncia presentada por la Procuraduría de la PCM en julio de 2024 fue archivada por la Fiscalía.

«Respecto a las recientes publicaciones en las que se menciona que mi persona tendría investigaciones en curso, preciso lo siguiente: En mi declaración jurada he consignado el expediente correspondiente a la carpeta fiscal 243-2021, por presunta negociación incompatible… Con relación a la denuncia planteada por el procurador de la PCM, con fecha 1 de octubre de 2024, el Ministerio Público archivó definitivamente el caso», dijo.

Controversias en la Venta de Entradas a Machu Picchu

Uno de los episodios más polémicos de su gestión fue la adjudicación directa a la empresa Joinnus S.A.C. para la venta en línea de entradas a Machu Picchu. Esta decisión generó críticas por la falta de un proceso de licitación pública, como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado. 

Legisladores de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra Urteaga, alegando «falta de capacidad de gestión» y «grave omisión de funciones» que perjudicaban la actividad turística y la reactivación económica del país. 

Durante su interpelación en el Congreso, la ministra defendió la medida como una solución para combatir la reventa ilegal de entradas y, aunque sus explicaciones no convencieron a todos los parlamentarios, la moción de censura no prosperó, obteniendo 52 votos a favor, 33 en contra y 15 abstenciones, sin alcanzar lo necesario para su aprobación.

Críticas por la gestión cultural

En mayo de 2024, la ministra declaró ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso sobre la necesidad de «flexibilizar» la intangibilidad de las reservas indígenas. Estas declaraciones fueron rechazadas por organizaciones como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), que consideraron que dicha postura atentaba contra los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y vulneraba el principio de no contacto reconocido internacionalmente.

Otro crítica se dio en agosto de 2024, durante la inauguración del Festival de Cine de Lima en el Gran Teatro Nacional, la ministra fue abucheada por asistentes que mostraron su descontento por su manejo de la industria cinematográfica nacional. Los manifestantes expresaron su rechazo a una ley aprobada por el Congreso que regula el financiamiento de las producciones peruanas, la cual no fue consultada con la industria.