Brasil frena colaboración y favorece a empresarios acusados en caso Lava Jato
La Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil suspende temporalmente su colaboración con el Ministerio Público del Perú en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato.
La decisión fue adoptada por la fiscal Anamara Osório Silva luego de una solicitud de amparo presentada por exdirectivos de la constructora brasileña OAS (actual Grupo Metha), involucrada en el proyecto vial Línea Amarilla, adjudicado durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Los exejecutivos alegan que el Perú violó las condiciones del acuerdo de colaboración suscrito con la justicia brasileña, al procesarlos por hechos que ya habían confesado como parte de las delaciones premiadas. Uno de los exdirectivos incluso denunció haber sido imputado por presunto lavado de activos en Lima, porque contaba con inmunidad penal otorgada por la Fiscalía brasileña.
La Procuraduría de Brasil consideró que esta situación vulnera el “principio de especialidad” —que impide usar testimonios o pruebas más allá del marco acordado—, así como la limitación del uso de la evidencia entregada en el marco de la cooperación judicial internacional. Por ello, ordenó la suspensión del intercambio de información en el caso Línea Amarilla “hasta tanto se reciban aclaraciones suficientes” por parte de las autoridades peruanas.
Impacto en el juicio a Susana Villarán
Uno de los casos que podría ser afectado por esta suspensión es el de Susana Villarán; sin embargo, según declaraciones del fiscal José Domingo Pérez a La República, integrante del Equipo Especial Lava Jato, esta medida no impedirá que se inicie el juicio oral contra la exalcaldesa, acusada de recibir aportes ilícitos de OAS y Odebrecht para financiar su campaña de revocatoria en 2013.
«Esto es una solicitud de los funcionarios de la empresa OAS, que en el caso de Léo Pinheiro, el exdirectivo principal de dicha empresa, ya va a entrar próximamente a ser juzgado. Entonces, eso no va a impedir el inicio del juicio en el caso de la alcaldesa Susana Villarán», comentó Pérez.
A su vez, el fiscal dijo que el Ministerio Público ya está trabajando en responder a las observaciones que señaló la Procuraduría de Brasil en torno al acuerdo y que tienen un plazo de 90 días para subsanar y esperar que la justicia brasileña decida si se continúa con la colaboración.
Perú uno de los países afectados
Nuestro país ha sido uno de los países más golpeados por el caso Lava Jato, con más de US$ 1,200 millones estimados en pérdidas por corrupción, según informes de la Contraloría General de la República del Perú y estimaciones del Equipo Especial Lava Jato.
Asimismo, la constructora Odebrecht admitió haber pagado al menos US$ 29 millones en sobornos entre 2005 y 2014 para adjudicarse contratos de obras públicas, incluidos megaproyectos como el Metro de Lima, la Interoceánica Sur y el Gasoducto Sur Peruano. OAS, por su parte, habría financiado ilegalmente campañas políticas y ofrecido coimas a funcionarios municipales.
Políticamente, el escándalo derivó en una de las peores crisis institucionales del país. Cuatro expresidentes peruanos fueron implicados: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.
Toledo cumple prisión preventiva por recibir US$ 35 millones en coimas. Humala fue procesado junto a su esposa Nadine Heredia. Kuczynski está con arresto domiciliario. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido.
