Ciudadanos de Cantagallo expresaron al nuevo ministro de Cultura, Alejandro Neyra, la necesidad de saneamiento físico legal para la comunidad. En pocos días, retirarían cerco militar que ha mantenido a Cantagallo en el encierro por más de dos semanas.

Redacción Wayka

«Saneamiento físico legal urgente», «Exigimos viviendas dignas», «Habilitación urbana ya». Con esos mensajes en carteles, un grupo de mujeres de Cantagallo recibió al ministro Alejandro Neyra, quien acudió para reunirse con líderes de la comunidad.

Karina Pacaya, presidenta de la Asociación de Artesanos Shipibos Residentes en Lima (Ashirel), fue una de las dirigentas que conversó con Neyra. «El pedido de la comunidad es el saneamiento físico legal y servicios básicos. Con eso, se llega a la titulación que Cantagallo quiere», señaló a Wayka.

Cabe recordar que esta comunidad shipibo-konibo vive actualmente en un terreno insalubre. Luego que un incendio destruyera las casas de más de 230 familias de Cantagallo, el Ministerio de Vivienda se comprometió a ejecutar un proyecto habitacional en la zona pero esto aún no se ha cumplido.

«Podemos hablar de salud, seguridad, educación o de alimentación. Pero ¿cómo tenemos salud si no tenemos salubridad? Eso hemos pedido al ministro, porque no se puede cumplir la cuarentena como debe de ser sin agua, desagüe o energía», expresó Pacaya.

Desde el 13 de mayo, los habitantes de Cantagallo viven cercados por una valla que resguardan policías y militares. Este encierro fue planteado como una medida ante el contagio de 72% de la comunidad por COVID-19, pero también reveló la vulnerabilidad en la que han vivido por 20 años los ciudadanos shipibo-konibo en el corazón de Lima. Sin agua, sin desagüe, sin luz, ni viviendas adecuadas.

Según indicó el ministro Alejandro Neyra, el cerco militar se retiraría en los próximos días. En representación de Cantagallo, los dirigentes solicitaron que se mantenga la seguridad alrededor de la comunidad por prevención en la emergencia sanitaria.

Cantagallo
Karina Pacaya, dirigenta de Cantagallo, entrega al ministro de Cultura los pedidos de la comunidad: salubridad que garantice salud, alimentación y educación.
Foto: Andina / Juan Carlos Guzman.

Compromisos pendientes

«La base aquí para nosotros es tener una vivienda digna», afirma Karina Pacaya, una de los cuatro dirigentes de la comunidad de Cantagallo. Por ese motivo, han pedido al ministerio de Cultura que canalice y haga llegar su pedido a los funcionarios pertinentes.

Según precisó, contar con vivienda y servicios básicos, les permitiría también garantizar otras necesidades como alimentación y educación. «Seguimos luchando y buscando la formalidad predial, eso garantiza el futuro de nuestros hijos», recalcó Pacaya.

El Ministerio de Vivienda informó hace una semana que ya se había reanudado el desarrollo del proyecto habitacional para la comunidad shipibo-konibo. De acuerdo a la entidad, hubo un retraso de tres meses por la pandemia, pero estaban convocando el servicio a contratar para identificar lugares contaminados en el terreno de Cantagallo.

Por su parte, en la reunión que tuvo con los líderes de la comunidad, el ministro de Cultura se comprometió a seguir dialogando para conocer sus necesidades. Respecto a las y los artesanos shipibo-konibo, Karina Pacaya informó que el ministro Neyra se comprometió a encontrar mercado para exportar sus obras.

Demanda en curso

En representación de los pueblos indígenas de la Amazonía, la comunidad de Cantagallo presentó una demanda de amparo contra tres carteras: Cultura, Salud y Economía. Mediante esta acción legal, solicitan que se implemente con urgencia un plan nacional y regional para garantizar la salud indígena.

Sobre ese hecho, el ministro Alejandro Neyra no hizo mención. Sí resaltó que el principal encargo que ha recibido como nuevo titular de Cultura es ejecutar acciones respecto a población indígena. En la reunión de hoy, aseguró también que luego del retiro del cerco, se mantendrán en Cantagallo las postas médicas y un equipo permanente.

El 27 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación crítica de Cantagallo en la pandemia por la COVID-19. Hizo un llamado al Estado para que brinde especial atención a esta comunidad.

«Lo único que pedimos es que el Ministerio de Vivienda cumpla con el saneamiento físico legal y la titulación de la comunidad shipiba de Cantagallo. De ahí, nosotros ya veremos como pueblo cómo levantarnos de esta crisis», expresó Karina Pacaya.