El Complejo Metalúrgico de La Oroya ha reiniciado sus operaciones pese a que hizo de este lugar uno no apto para la vida o una “zona de sacrificio e injusticia ambiental”, como sostuvo la Corte IDH. Compatriotas siguen siendo envenenados con plomo, zinc, azufre y otros metales pesados. 

Por Johana Perleche

El caso La Oroya es emblemático en la lucha por los derechos humanos y el medio ambiente en el Perú. Se centra en la comunidad de La Oroya, Junín, una localidad afectada gravemente por la contaminación de diversas plantas metalúrgicas que operan en la zona. La situación de salud de los habitantes, especialmente de los niños, se ha deteriorado por la exposición a metales pesados y otros contaminantes como el azufre.

En 2006, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) y Earthjustice presentaron una demanda en contra del Estado peruano a instancias internacionales. Así, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la responsabilidad del Estado peruano, pero faltaba la sentencia y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ambas instituciones supranacionales y de carácter vinculante.

Recién en marzo de 2024, hace seis meses, la Corte IDH determinó que por la contaminación en La Oroya, el Estado peruano violó los derechos a un ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección de quienes viven allí. La denuncia se basó en la falta de acciones efectivas por parte del gobierno para mitigar la contaminación y proteger la salud de sus ciudadanos.

Aunque fueron 80 los demandantes, en la sentencia se reconoce la responsabilidad del Estado en general hacia toda la población de La Oroya que es víctima de la contaminación. 

A raíz de esta decisión, se ordenó que el Estado implemente un protocolo integral de atención para las personas afectadas por la constante exposición a metales pesados; sin embargo, hasta el momento las acciones han sido nulas. Seis de los denunciantes fallecieron sin ser reparados. Incluso, en dos casos se comprobó que la contaminación fue responsable directa de su muerte. 

“No estamos en contra de la minería, estamos a favor de ver nuestro cerro marrón, áreas verdes. De nuevo hay contaminación sin control, de nuevo nos pica la garganta, nos arden los ojos”, cuenta Ana María, víctima de la contaminación en La Oroya. 

A pesar de la actual sentencia de la Corte IDH, el Complejo Metalúrgico de La Oroya reinició sus actividades en mayo, a tan solo dos meses de la condena, con total impunidad.

“Se siguen emitiendo gases, humos. Se observa el cielo cada vez más denso por emisiones fugitivas, porque no es de la misma chimenea. Hay ardor en la vista y garganta, eso percibimos los que vivimos en La Oroya, sobre todo cuando paramos, cuando no estamos en actividad se siente más”, agrega Ana María.

Fernando Serrano, perito del caso y experto en salud ambiental, califica esta situación como un envenenamiento masivo a la población.

“Tomamos muestras de polvo de las manos de los niños, porque esas manos luego van a su boca y a su cuerpo. Encontramos plomo en ese polvo de las manos, de las casas, del hogar”, resalta. 

Einer Rivera pertenece a una de las familias que denunciaron esta vulneración ambiental. Recuerda que cuando era niño él, sus hermanos y sus padres tenían constantes problemas de salud. Por ello, tuvieron que mudarse a otra región a rehacer su vida. Cuestiones como respirar un aire menos contaminado significaron un gran cambio para él. Sin embargo, el daño de plomo, zinc y azufre en su organismo ya había calado. “Aún sigo con problemas de salud. En el hospital no hay un diagnóstico preciso. Necesito un diagnóstico especializado de qué padecimiento tengo”, señala.

El fallo de la Corte IDH en el caso La Oroya es histórico porque subraya la responsabilidad del Estado peruano en la violación de derechos humanos en un contexto de contaminación ambiental. Se incluyeron recomendaciones específicas que se debían cumplir, como la necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental exhaustivo, adoptar medidas de remediación en la zona. Además, instó al gobierno a implementar un programa de salud pública dirigido a los afectados, que incluya monitoreo constante de la salud de los residentes y acceso a atención médica especializada.

El fallo de la Corte IDH ha significado un rayo de esperanza para los habitantes de La Oroya, quienes siguen luchado desde hace 19 años. “La sentencia reivindica nuestros derechos, nuestra vida vale algo”, expresa Ana María, quien actualmente labora como enfermera en La Oroya y sigue viendo casos de personas enfermas por la contaminación. 

El cumplimiento de las recomendaciones de la Corte IDH todavía está por verse. A seis meses del fallo, la situación en La Oroya sigue siendo crítica. Las autoridades peruanas han demostrado su ausencia y la falta de protocolos para abordar los problemas ambientales y de salud que enfrentan los residentes. La vigilancia de organizaciones civiles y la comunidad internacional será crucial para garantizar que se tomen las medidas necesarias.