David contra Goliat: el precio de enfrentarse a una empresa de Rafael López Aliaga

Por reclamarle a PeruRail un presunto cobro indebido, la microempresaria cusqueña María Antonieta Escalante terminó difamada en los diarios locales, enjuiciada por falsas acusaciones y quebrada económicamente.

Por Álvaro Meneses

“Nunca debí ir contra la corriente, me arruinó la vida”, se lamenta María Antonieta Escalante, una microempresaria cusqueña del rubro turístico que hace más de diez años le reclamó a la compañía ferroviaria PeruRail S.A por presuntos cobros indebidos y sistemáticos, y terminó enjuiciada, quebrada económicamente, acusada de estafa y con la reputación de una embaucadora.

“Por reclamar algo justo me he quedado sin nada. ¿A quién se le ocurre meterse con Perú Rail?”, concluye María Antonieta. 

Desde 2008, su empresa dedicada a las guías turísticas en Machu Picchu, Promoturs E.I.R.L, contaba con un código especial para ingresar al sistema de PeruRail S.A y comprar boletos de tren para sus clientes. Sin embargo, fue a mediados de 2010 cuando María Antonieta identificó una pérdida sistemática de dinero en cada boleto comprado. 

“Primero pensé que uno de mis trabajadores me estaba robando. Había días que perdía 20, 30 o 50 dólares de más”, recordó María. “Un día perdí 200 dólares y yo no podía acusar a ninguna de mis secretarias. Tuve que hacer una auditoría y encontré que el sistema de PeruRail me cobraba hasta el doble”, explicó la empresaria cusqueña a Wayka. 

María Antonieta Escalante comunicó formalmente el caso a PeruRail S.A y a su socia Orient Express (ahora Belmond Ltd), y en lugar de encontrar alguna solución, desencadenó una brutal represalia judicial, económica y mediática de la empresa de Rafael López Aliaga, el excandidato presidencial de Renovación Popular que acaba de anunciar que volverá a postular a la alcaldía de Lima.

FALSA DENUNCIA

En enero de 2012, dos años después de que las empresas vinculadas con Rafael López Aliaga tomaron conocimiento de los presuntos cobros irregulares reportados en su sistema, PeruRail denunció a la empresa de María Antonieta Escalante, Promoturs, ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco. Le atribuyeron la presunta compra de pasajes de tren de Ollantaytambo a Machu Picchu (ida y vuelta) con una tarjeta de crédito robada a un ciudadano estadoundiense de 92 años. 

La denuncia se basó en supuestas indagaciones de PeruRail y en la declaración del jefe de seguridad de Ferrocarril Trasandino (Fetransa), Guillermo Rodríguez Cornejo. Por un lado, PeruRail habría detectado que dos ciudadanos suecos viajaban con boletos adquiridos presuntamente de forma fraudulenta, mientras que el trabajador de Fetransa señaló que diferentes agencias de turismo, entre ellas Promoturs, llevaban meses comprando boletos con tarjetas de crédito robadas.

Con esa información, al mediodía del 26 de enero de ese año, policías de la Dirección de Investigación Criminal (DIVINCRI) y agentes del Ministerio Público allanaron el local de Promoturs ubicado en la Plaza de Armas de Cusco, en el marco de una investigación preparatoria por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado. En la diligencia también estuvo presente el abogado Carlos Valcárcel Bueno, defensor legal de PeruRail. 

Esa tarde las autoridades incautaron boletas, computadoras, laptops, documentos contables y determinaron el cese automático de Promoturs. Al día siguiente, el allanamiento apareció en las páginas de los periódicos locales del Cusco. El Diario del Cusco, por ejemplo, informó así sobre el operativo: “Vendían boletos con tarjetas de crédito vencidas”. 

Un peritaje mencionado en el expediente del caso al que Wayka tuvo acceso, sin embargo, concluyó que “los boletos eran totalmente legales y no encontraron ningún boleto clonado (…) y se demostró que PeruRail ha querido fabricar pruebas en su contra (de Promoturs) para sindicarle hechos delictuales que no ha cometido”. 

Una de esas evidencias presuntamente fabricadas por la defensa legal de PeruRail, según el expediente judicial, fue una boleta de Promoturs emitida el 27 de enero de 2012, un día después de que la DIVINCRI y la Fiscalía allanaron la oficina de la misma agencia de turismo. “A mí me incautan todo el 26 de enero de 2012, y el 27 de enero en el sistema aparecen compras en una laptop del trabajo”, recordó María Antonieta Escalante: “¿Cómo voy a comprar boletos desde una laptop incautada?”, se preguntó. 

Durante la investigación fiscal, tampoco se comprobó la existencia de la supuesta persona de 92 años cuya tarjeta de crédito se habría usado para adquirir los boletos de tren. 

El 4 de marzo de 2015, luego de tres años sin poder demostrar los cargos contra Promoturs, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha el magistrado Roger Jiménez Luna, ordenó el archivamiento definitivo del caso. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. 

DAÑOS SIN REPARAR

En su libro de reclamaciones, la empresa PeruRail S.A guarda una queja escrita de María Antonieta Escalante del 14 de abril de 2018 que resume su situación después de haber sido falsamente acusada de estafa.

Ella escribió:  “Sres. PeruRail, no entiendo cual fue el odio que les llevó a destruir mi vida, mi familia, mi empresa. Me dejó sin trabajo, destruida. En persona no soy nada, debo a muchas personas, empresas, bancos. Antes recibía elogios, ahora solo insultos. Sres. de Perurail no sería justo pedir disculpas y resarcir el daño causado, su dinero no me devolverá los años perdidos. Me pregunto cuál fue mi pecado”. 

Ese reclamo solo fue uno de los tantos intentos de María Antonieta por obtener justicia y reparación después de que fue denunciada de estafa sin pruebas.

Su primer intento fue el 3 de mayo de 2016, cuando presentó una demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra PeruRail. El caso cayó en el Quinto Juzgado Civil de Cusco, a cargo de la jueza Marianela Cárdenas Villanueva. 

Dos años después, el 17 de octubre de 2018, la magistrada Marianela Cárdenas Villanueva, del Quinto Juzgado Civil de Cusco, ordenó que se realicen informes periciales con el objetivo de determinar y cuantificar los daños económicos que generó en Promoturs la denuncia presentada por PeruRail SA ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa. 

Los peritos calcularon que del 2012 al 2015, en lo que duró el proceso judicial por supuesta estafa, Promoturs perdió 333 mil 167 dólares. Antes del juicio, la agencia de turismo ganaba más de 75 mil dólares al año. Actualmente, la empresa se encuentra embargada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por no pagar impuestos. 

El quiebre económico de Promoturs vino también con la estigmatización en el mercado laboral. Una constatación policial de la Comisaria Sectorial del Cusco del 4 de febrero de 2012, al que Wayka tuvo acceso, da cuenta de que Inca Rail S.A.C se negó a vender pasajes de tren a la agencia de María Antonieta Escalante. “Luego de que nos allanaron y difamaron en los periódicos, Inca Rail también nos cerró las puertas de seguir trabajando”, narró la microempresaria.

A la fecha, el mercado ferroviario del Cusco está compuesto solo por dos empresas: PeruRail e IncaRail. Si bien ambas empresas son competidoras directas, Wayka identificó que por lo menos cuatro gerentes de IncaRail ocuparon altos cargos en PeruRail y sus socias Belmond Ltd y Fetransa. Más que competencia. 

Ahora, mientras María Antonieta Escalante se encuentra en la quiebra y difamada de una acusación por estafa que PeruRail no pudo probar en la vía judicial, su demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la misma empresa fue archivada el pasado 21 de julio de este año por el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Pese a la adversidad, la gerenta de Promoturs aseguró que seguirá peleando.

*Wayka buscó la versión de PeruRail, pero hasta el cierre de esta edición, no hemos recibido respuesta.