Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, la Unidad de Protección Especial no activó el Protocolo de Aborto Terapéutico por el embarazo que presenta la menor de 11 años, y en su lugar criminalizó a la madre y le quitó la custodia por el abuso sexual que sufrió.
Mila, una menor de tan solo 11 años que vive en Iquitos, fue violada sexualmente por su padrastro desde que tenía 6 años de edad. Producto de los abusos constantes, la menor quedó embarazada; sin embargo, se le negó el acceso al aborto terapéutico y, además, se le separó de su madre, quien también es una víctima de agresión.
Según lo conversado con la abogada Edith Arenaza del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX, la menor interpuso una denuncia en 2021 contra su padrastro por la violencia que sufría, pero el Estado no adoptó ninguna medida de protección a su favor. Y los abusos contra Mila continuaron.
En 2023, al poner una segunda denuncia, la niña fue enviada a evaluación médica y es así que se reveló un embarazo de 13 semanas.
Al enterarse del embarazo de la pequeña, la Unidad de Protección Especial (UPE) decidió castigar a la madre y quitarle la custodia de Mila y otros 3 hermanos, incluida una bebé de 3 meses de nacida, declarándola además «incompetente».
“No le brindaron ninguna explicación ni información a su madre, ella no tenía conocimiento del abuso, y le quitaron a sus hijos a pesar de que ella misma ha puesto otra denuncia porque es una víctima más de violencia por este sujeto”, explicó la abogada. “Además, no se le está brindando ninguna información de la menor a su madre, pese a que es su derecho, ni tampoco a sus representantes legales, que en este caso somos Promsex”, acotó.
No solo criminalizaron a la madre de Mila, sino que no le brindaron la asistencia médica oportuna. Según la información difundida por Promsex, la tutela de la menor pasó a manos de la UPE el 3 de julio; sin embargo, fue enviada al Hospital Regional de Loreto recién el 20 de julio con el fin de buscar que pueda acceder a su derecho del aborto terapéutico.
Tras una junta médica en dicho hospital se determinó que la menor «no corría ningún riesgo por el embarazo».
“Esa decisión fue arbitraria y contrapone todos los estándares internacionales en medicina establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que dice que todo embarazo en una niña constituye un grave riesgo para su vida y salud”, sentenció la abogada.
El peligro persiste
Pese a las pruebas mostradas, el Juez Bernuel Espíritu Portocarrero dejó en libertad al denunciado Lucas Pezo Amaringo, y negó el pedido de prisión preventiva solicitado. Según Promsex, el denunciado viene amenazando a la madre de la menor y a sus familiares.
“El fundamento para que hayan declarado infundado el pedido de prisión preventiva es que no hay pruebas porque el certificado del médico legal revela que hay una relación sexual antigua y no reciente, pero qué mayor prueba que el embarazo. Todo embarazo en menores de 14 años se considera resultado de una violación sexual” señaló la abogada.
Además acotó que “uno de los pedidos, además de que se reevalúe el caso para que se le otorgue el aborto terapéutico a la niña, es que se considere a toda la familia, tanto madre como hijos, como víctimas y se les otorgue medidas de protección”.
Estado peruano responsable de vulnerar derechos
Es importante mencionar que tan solo en el mes de junio, el Estado peruano fue hallado responsable por la Organización de las Naciones Unidas de vulnerar los derechos de una menor al negarle el acceso al aborto terapéutico y penalizarla posteriormente por el delito de autoaborto.
Tras este proceso, el Comité de Derechos del Niño de la ONU emitió una serie de recomendaciones para evitar nuevas vulneraciones hacia menores víctimas de abuso. Entre ellas se exigía al Estado peruano la modificación de la Guía Técnica de Aborto Terapéutico para que se considere el riesgo especial que supone un embarazo infantil. Así mismo, recomendó la despenalización del aborto infantil para todos los supuestos.
La decisión tomada por el personal de salud del Hospital Regional de Loreto en el caso de Mila estaría contradiciendo las recomendaciones de las instancias internacionales.
Al respecto, Nancy Tolentino, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mencionó que están a la espera de la segunda junta médica, y que ahora depende del Ministerio de Salud. «Esperemos que actúen en ese marco respeto y garantía de los derechos de niños y niñas”, señaló.