Chile: Gobierno de Kast reduce condenas de 56 sentenciados por violencia sexual contra menores
El Gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos tras rebajar condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. La decisión, adoptada mediante decretos del Ministerio de Justicia, generó protestas en el país y reabrió el debate sobre la protección de las víctimas y el cumplimiento de las restricciones legales vigentes en Chile.
El gobierno justificó las rebajas de penas alegando que seguía criterios de la Corte Suprema. Sin embargo, Gloria Ana Chevesich, la presidenta del máximo tribunal, cuestionó esa interpretación y recordó que los decretos fueron decisiones del Ministerio de Justicia. La medida desató críticas de organizaciones de la sociedad civil, autoridades y sectores políticos. Kast ha reaccionado a las masivas protestas feministas ocurridas recientemente blindando en su cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y rechazando las presiones para exigir su renuncia.
Según un reportaje del medio chileno Interferencia, hasta el 13 de septiembre de 2026 la administración había concedido este beneficio a 27 personas condenadas por abuso sexual y a otras 29 por violación de menores de edad. De acuerdo con la investigación, solo una solicitud presentada por un condenado por abuso sexual fue rechazada durante ese periodo.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las medidas y sostuvo que el Ejecutivo actuó conforme a una interpretación respaldada por la Corte Suprema. Según explicó, el criterio permitiría conceder rebajas a personas condenadas antes de febrero de 2022, siempre que cumplieran los requisitos de buena conducta.
Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema contradijo esa justificación y precisó que las decisiones fueron adoptadas por el propio Ministerio de Justicia. “Fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”, declaró, según recogió El País.
Reacciones desde diversos sectores
El exministro de Justicia del expresidente Gabriel Boric, Jaime Gajardo, cuestionó que la administración de Kast concediera las rebajas por vía administrativa sin defender previamente su posición ante los tribunales cuando los internos presentaban recursos. En esa misma línea, el exministro de Seguridad Luis Cordero señaló que la diferencia con casos anteriores radica en que el Ejecutivo tomó directamente la decisión sin esperar el litigio judicial.
Las críticas también llegaron desde el oficialismo y la derecha tradicional. La excandidata presidencial Evelyn Matthei afirmó que no habría firmado los decretos y recordó que existían precedentes de gobiernos que rechazaron beneficios similares.
Por su parte, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, calificó la situación como preocupante y recordó que las víctimas tienen derecho a la justicia, protección y reparación. “La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado”, sostuvo.
Piden revisar las rebajas
Ante la controversia, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció que presentará un proyecto para modificar la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente. Mientras tanto, la bancada de diputados de derecha representados en la UDI solicitó al Gobierno que revoque urgentemente los beneficios concedidos.
El caso pone en discusión la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de violencia sexual contra menores y los límites de las facultades administrativas cuando están en juego derechos fundamentales.
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