CIDH alerta deterioro democrático y retrocesos de los derechos humanos en Perú
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Anual 2024, publicado hoy 8 de mayo, revela una serie de retrocesos preocupantes impulsados principalmente desde el Congreso peruano, que incluyen la interferencia en órganos fundamentales del Estado, reformas legales regresivas y amenazas directas a la independencia judicial y la institucionalidad democrática.
Uno de los principales focos de preocupación para la CIDH es la injerencia del Congreso en instituciones clave para el estado de derecho. Se señala que el legislativo promovió al menos 14 procedimientos sancionatorios contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que culminó con la inhabilitación y destitución de dos de sus integrantes: Inés Tello y Aldo Vásquez. Esta presión institucional también ha alcanzado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Ministerio Público, donde fiscales que investigan casos de corrupción han sido objeto de represalias, procesos administrativos y remociones injustificadas.
Asimismo, el informe alerta que el Congreso ha impulsado reformas que transfieren competencias de investigación de la Fiscalía a la Policía Nacional, lo cual pone en riesgo la independencia del Ministerio Público y la objetividad en investigaciones de alto impacto.
Otro punto crítico ha sido la promulgación de la Ley N° 32107, que establece que no se podrá procesar ni sancionar a responsables de crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. La CIDH denunció que esta norma contradice estándares internacionales que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos, y recordó que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado peruano abstenerse de aprobarla. A pesar de ello, el Congreso avanzó en su promulgación, generando una fuerte reacción de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.
En paralelo, la CIDH mostró inquietud por una serie de iniciativas legislativas que amenazan directamente al sistema interamericano de derechos humanos. Entre ellas, destaca la tramitación de un proyecto de ley para autorizar la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como reformas al Código Procesal Constitucional que limitarían el control de convencionalidad y el control difuso de constitucionalidad por parte del Poder Judicial. Estas reformas, según la CIDH, debilitan la protección de derechos fundamentales y el acceso a la justicia.
La Comisión también denunció el intento del Congreso por reformar la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que podría significar la cancelación de organizaciones que usen fondos internacionales para actividades que el Estado declare contrarias al “orden público”. Según la sociedad civil, estas reformas configuran una estrategia de cierre del espacio cívico.
Defensores y memoria
El informe también documenta un contexto alarmante de violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Solo en 2024, fueron asesinados varios líderes sindicales e indígenas, entre ellos Julio Alejandro Siancas Chati, Ronald Caisahuana Flores y Juan José Mota Silvestre. La CIDH alertó que estos crímenes ocurren en un contexto de hostilidad hacia la labor de defensa de derechos, agravado por proyectos de ley que buscan restringir el trabajo de las organizaciones civiles y por campañas de difamación contra entidades como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Finalmente, en materia de memoria y justicia, la CIDH reconoció avances como la condena a militares por violencia sexual durante el conflicto armado interno y el fortalecimiento del sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, alertó sobre graves retrocesos como las posturas oficiales que niegan la existencia del conflicto armado, la falta de implementación del Plan Integral de Reparaciones y las amenazas al sitio de memoria “El Ojo que Llora”.
Pese a estos retrocesos, el Estado informó sobre avances como la aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, que busca atender desigualdades estructurales con enfoque participativo. También se crearon nuevas unidades en la Defensoría del Pueblo para prevenir conflictos sociales, y se fortaleció la atención legal en comunidades indígenas mediante los Centros ALEGRA. Sin embargo, estas medidas son vistas como insuficientes frente a los embates institucionales señalados por la CIDH.
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