Indignación. Los casos de violencia sexual contra niñas en Condorcanqui han aumentado en un 70% solo en 2024; ahora sobrepasan los 600. Alcalde de la región resaltó que a la última mesa de trabajo no asistieron el ministro de Educación ni la ministra de la Mujer. 

En el marco del Día Internacional de la Educación, recordamos la alarmante situación que viven las niñas y adolescentes escolares awajún en Condorcanqui, quienes siguen siendo vulneradas pese a las denuncias de haber sido violentadas sexualmente por sus profesores y la inacción de las autoridades.

Esta semana se llevó a cabo la mesa de trabajo “Caso Condorcanqui: avances y resultados para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, a la que fueron invitados el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, por ser directamente responsables de las acciones a implementar. 

Pese a ello, ninguno de los dos llegó a Condorcanqui y solo enviaron a sus representantes. Al respecto, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, expresó su incomodidad y señaló que las acciones tomadas por el Minedu y el MIMP han sido insuficientes. 

“Las medidas del Minedu no han dado resultados porque los casos siguen aumentando. Ese es mi reclamo”, expresó.

Hermógenes Lozano Trigoso, alcalde provincial de Condorcanqui, reveló que se han registrado 87 casos más de abuso sexual contra escolares, que se suman a los 524 reportados en julio de 2024. En la mayoría de casos los perpetradores son los propios maestros o personal de los colegios en los que las niñas y adolescentes estudian.

“Hemos mencionado algo de 87 casos de los que ya existían, los 500 y tantos; y ahora existen 87 casos más. Son 87 casos, (en los que las víctimas) son estudiantes, son menores de edad, en realidad”, sostuvo en diálogo con Ideeleradio.

Se añade a la problemática que, según datos de la UGEL Amazonas, el 95% de quienes imparten clases en comunidades nativas del país no son profesores ni profesionales de la Educación, sino que se les contrata porque dominan el idioma nativo y tienen conocimientos en alguna materia. 

Rosemary Pioc manifiesta que esto influye en el momento de denunciar los abusos sexuales a escolares, ya que en estos casos los apus solo exigen que se pague un monto entre 1000 y 3000 soles a las familias para evitar la demanda penal. 

Por ello, en la mesa de trabajo se discutió la necesidad de actualizar los reglamentos de las comunidades indígenas, regulados por el Ministerio de Cultura, para prohibir expresamente compensaciones económicas o materiales ante casos de violación sexual a menores de edad.

Las vulneraciones de derechos de niñas y adolescentes influyen en la continuación de sus estudios por el estigma que, adicionalmente al trauma, sufren por parte de la sociedad, y por la revictimización que experimentan ante la normalización de estos delitos por parte de las autoridades. 

“No existe, en territorio peruano, ninguna comunidad nativa donde la violación sexual sea una práctica cultural. Eso es un delito, y en consecuencia, debe ser juzgado y debe ser penado”, resalta Silvana Bedoya, socióloga de la colectiva feminista amazónica Sani Sacha a Wayka.

Agrega que el Estado tiene la obligación de establecer medidas de no repetición y respeto de los derechos de la niñez como su educación en un ambiente seguro y una vida digna. “El Estado debería asumir la responsabilidad de la protección de los derechos de los menores que están en una situación de absoluta vulnerabilidad dentro de las comunidades”, manifiesta la socióloga.

También es importante resaltar que un porcentaje de las estudiantes violentadas sexualmente fueron forzadas a llevar embarazos y convertirse en madres, además de afrontar señalamientos por vivir con VIH producto del abuso sexual. Todo esto solo perpetúa el ciclo de violencia contra ellas y socava sus derechos a una educación y un adecuado desarrollo de vida.

Ya el comité de la ONU ha señalado en reiteradas oportunidades que negar el aborto a niñas violentadas sexualmente es considerado un acto de tortura.  “El Comité reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, familiares, educativos y profesionales; restringe gravemente el proyecto de vida de las niñas y afecta su derecho a una vida digna”, afirman desde el ‘Movimiento Son Niñas, No Madres’. 

Rossina Guerrero, directora de Promsex, manifestó su preocupación por las menores que viven con VIH en Condorcanqui. “Hay una responsabilidad mayor porque estas víctimas deben tener acceso a todos los tratamientos necesarios para que el VIH no progrese a SIDA. Todo esto es algo traumático que esos niños llevarán consigo, están abandonados”, apuntó a La República.