Por Carlos Bedoya

El lío de los cobros ilegales que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) hizo a sus estudiantes morosos durante los últimos 6 años, ha desatado una crisis que está muy lejos de amainar con escuetas explicaciones y devoluciones extemporáneas derivadas del reclamo estudiantil.

Al contrario, parece que escalará mucho más, especialmente con la actitud soberbia del principal responsable: el rector Marcial Rubio, que  ni siquiera se disculpa tras haber confesado que decidió incumplir expresamente la Ley de Protección a la Economía Familiar-Ley 29947, desde el día de su entrada en vigencia en noviembre del 2012.

La entrevista que le hizo la periodista Rosa María Palacios ha despertado muchas más dudas de las que Rubio quería esclarecer, sobre todo, en materia contable.

¿Cómo ingresó el cobro indebido a la contabilidad de la PUCP y cómo se administró? Son preguntas razonables luego de escuchar la justificación del rector. Lamentablemente, esto no puede ser despejado solo con la información financiera y operativa disponible en el sitio web de la universidad.

Rubio dijo cosas como que en 2017 abrieron el presupuesto con 19 millones de soles de déficit, pero en noviembre del 2018 -cuando le explotó el escándalo de los cobros truchos debido al reclamo exitoso de un alumno de posgrado– tenían de pronto los 32 millones en la mano para devolver a los miles de estudiantes sorprendidos. Y sin necesidad de tomar una deuda en el sistema financiero, ni subir las pensiones para tal fin.

Ante la pregunta de la periodista, Rubio agregó que se había “provisionado” ese monto a lo largo de los últimos tres años ajustando ingresos y egresos, porque siempre se consideró que era una deuda a devolver quien sabe cuándo, a quiénes no sabían que estaban prestando.

Hasta ahí nomás ya hay una gran cantidad de información contable que necesita ser cotejada revisando los estados financieros con sus respectivas “notas explicativas” contrastando con el presupuesto anual. Dichos resultados están publicados, pero las notas no, y además el presupuesto disponible está súper agregado.

Por un mínimo de transparencia y a modo de control de daños, urge que publiquen las notas y el presupuesto detallado de los años en cuestión, a fin de que los interesados, que van desde los estudiantes y sus familiares, hasta las autoridades educativas, pasando por la fiscalía, la prensa anticorrupción, entre otros, escudriñen la ruta de ese dinero. A menos, claro está, que haya algo más obscuro que el solo hecho de engañar y sacar provecho de quien se atrasa en la pensión.

Peor aún, si se determinara que el dinero cobrado de manera ilegal como el propio Rubio ha reconocido, no hubiese ingresado a los presupuestos que se aprueban en el Consejo Universitario y de cada Facultad, o más grave, si se detectara que no hubiera sido parte de la contabilidad oficial, ya estaríamos en más ilícitos penales que solo la estafa que se denuncia por redes.

¿En qué cuentas contables entró ese dinero? ¿A las de ingresos extraordinarios? ¿A las cuentas por pagar? ¿Ingresó al presupuesto como donación, préstamo o simplemente no ingresó? ¿Ha habido algún tipo de contubernio entre las máximas autoridades y el personal contable? ¿Hay una caja 2 en la PUCP? Esto debe ser esclarecido. No basta con devolver la plata porque los alumnos se dieron cuenta de la trafa.

Rubio dice que no cumplió la ley porque temía que ante la imposibilidad de prestarse en el sistema financiero entre 2011 y 2017 (embargo de bienes por pleito con Cipriani), la Católica se quede sin liquidez y termine cerrando, pues los alumnos son siempre potenciales morosos. Ojo que no ha mostrado cifras sobre la tasa específica de morosidad en la PUCP. Tampoco si las multas ilegales son eficaces para que la mayoría pague puntualmente.

Lo cierto es que según se aprecia preliminarmente en los estados financieros sin notas, y de lo dicho por el propio Rubio en la entrevista aludida, el riesgo nunca se cumplió. O sea, aún sin los cobros ilegales, la PUCP no hubiese tenido problemas de liquidez. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero durante todos estos años? ¿Por qué no se empezó a devolver de oficio hace rato si ya tenían la provisión? ¿Para qué sirvió en realidad esa plata?

Algunos amigos contadores mal pensados me dicen que una forma ‘non sancta’ de utilizar esos millones pudo ser mediante bonificaciones a determinados trabajadores.

Pregunto entonces ¿se ha dado bonificaciones a la collera de las máximas autoridades de la PUCP en los últimos años? ¿Hay profesores privilegiados que cobraron bonos a dedo? ¿Las propias autoridades han recibido dietas extraordinarias o pagos indebidos? ¿Han aumentado su patrimonio por encima de sus ingresos? ¿Quiénes son todos los involucrados?

Y no se ofenda el distinguido rector y sus vices, pues estamos en un contexto donde nadie puede eludir una investigación por más títulos, trayectoria y prestigio académico que tenga.

Las preguntas son legítimas y deben ser materia de una investigación preliminar de la fiscalía, porque esto ya no es solo asunto de una comunidad universitaria que lava la ropa sucia en casa. Se ha vuelto de interés público.

Aunque Marcial Rubio diga que “el que no sabe de derecho a todo lo llama robo” y que no todo el mundo puede “distinguir entre deuda civil e ilícito penal”, estamos hablado de más de 30 millones de soles. Mucha plata, mucha opacidad, muchas contradicciones, muchos años en el rectorado y el incumplimiento de la ley como telón de fondo. Todo eso junto no suena nada bien.

Lo paradójico es que el mismo rector se excusa en que hizo lo que hizo por un “estado de necesidad”. Precisamente, esa es una causa eximente de responsabilidad que está regulada en el mismo Código Penal que no quiere que le apliquen. Lo malo para Rubio y su gente es que eso no le tocaría calificarlo a él por más abogado que sea, sino al Poder Judicial llegado el momento.