Cantagallo exige a las carteras de Salud, Cultura y Economía ejecutar políticas y un plan de acción nacional para proteger la salud indígena.

Redacción Wayka

La comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo presentó este martes una demanda constitucional de amparo contra tres ministerios por falta de protección a los pueblos indígenas amazónicos frente al COVID-19.

«El Estado se ha demorado demasiado», explicó Vladimir Inuma, dirigente de Cantagallo en conferencia de prensa. «Somos seres humanos, que sentimos por nuestros hermanos de la Amazonía, hacemos un pronunciamiento para que el Estado nos escuche».

Así, la demanda busca que los ministerios de Salud, Cultura y Economía cumplan con diseñar y ejecutar lineamientos y un plan de acción nacional para proteger la salud de los pueblos indígenas.

Además, precisan, esas acciones deben implementarse con la participación de organizaciones indígenas nacionales y regionales. También piden que se consideren medidas específicas para poblaciones vulnerables como ancianos, personas con discapacidad o personas con enfermedades preexistentes.

La segunda demanda que plantean es que se garantice la intangibilidad absoluta de las reservas indígenas en las que habitan pueblos originarios en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Sobre este punto, resaltaron el respeto a la consulta previa y la fiscalización a industrias extractivas que puedan ponerlos en peligro.

Tanto el Instituto de Defensa Legal (IDL) como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quienes brindan asesoría legal a la comunidad Shipibo-Konibo, expresaron que esperan una pronta sentencia. La demanda de amparo deberá ser evaluada por el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Acciones insuficientes

En lo que va de la emergencia por el COVID-19, el Estado peruano ha respondido a los pueblos indígenas con dos disposiciones. Una de ellas es una resolución del Ministerio de Cultura, del 25 de marzo, que dispone medidas de prevención, contención y mitigación para Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI).

Sin embargo, la abogada Maritza Quispe, del IDL, alertó que allí se omite el caso de las reservas indígenas en trámite. Se trata de reservas en proceso de oficializarse desde hace más de una década.

Luego, a 56 días de iniciada la emergencia, se emitió un decreto legislativo que establece algunas acciones de protección; documento considerado insuficiente por diversas organizaciones de la sociedad civil. «Repite generalidades sobre los servicios del Estado y la participación de las organizaciones indígenas, sin dar mayores precisiones sobre cómo se van a realizar estas acciones urgentes», apunta la demanda presentada por la comunidad de Cantagallo.

Resistencia ante el olvido

Cantagallo
«Nos sentimos encarcelados y olvidados», señala Gabriel Indalicio.

Entre los crecientes casos de contagio en comunidades indígenas, destaca el caso urbano de Cantagallo, en Lima, que presenta 456 miembros infectados y tres muertos. Actualmente enfrentan la enfermedad encerrados y cercados, sin servicios básicos y con poco acceso a medicinas y alimentos.

Sobre las acciones del Estado, el dirigente Gabriel Indalicio indicó que «últimamente se han acercado, tenían que morir [miembros de la comunidad] para que lo hicieran». La crítica situación de esta comunidad Shipibo-Konibo se replica en otras regiones.

«Si lo que pasa en Cantagallo ya es un problema, esto se acentúa de manera extrema si nos vemos a zonas más alejadas del país», lamentó la abogada Mar Pérez, de la CNDDHH.