El Congreso de la República 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝘂 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼𝘀 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶́𝗴𝗲𝗻𝗮𝘀. Esta vez la Comisión de Energía y Minas aprobó el dictamen 804/2021-CR que propone que los contratos de explotación puedan extenderse por plazos sucesivos de 20 años cada vez, hasta el límite económico del área de contrato.
Claudia Risco
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) alza su voz de protesta contra el dictamen 804/2021 aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La presidenta de esta organización Melania Canales precisa que la aprobación de este documento significa más tiempo de impunidad para las empresas de hidrocarburos, las cuales vienen depredando la naturaleza y despojando a las comunidades de sus territorios indígenas.
«𝗠𝗮́𝘀 𝗿𝗶́𝗼𝘀 𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗽𝗲𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝗿𝗼𝘀 𝘆 𝗺𝗮́𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗲𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗲𝘀𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝘁𝗼́𝘅𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗴𝗿𝗲, 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶́𝗴𝗲𝗻𝗮𝘀», explicó Canales a Wayka lo que significa la aprobación de este dictamen.
Desde octubre de 2023 hasta mayo de 2028, hay 6 contratos de lotes por vencer ubicados en Talara. De esta manera, esta iniciativa impulsada por congresistas de Acción Popular, pretende añadirle 10 años más a los actuales contratistas.
El dictamen impone una fase de explotación que será de 40 años, contados desde la fecha efectiva del contrato. En los artículos 23 y 24 indica que el plazo del Contrato podrá extenderse para concluir los períodos de retención que se acuerden.
SIN CONSULTA PREVIA
Melania Canales denuncia que las comunidades indígenas que serán afectadas con esta medida no fueron consultadas. «El Congreso viene vulnerando sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas. Se ha aprobado un dictamen sin consultarnos. Se cumplen más de 30 años de ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por parte del Perú, convenio que reconoce el derecho a la consulta previa».
La preocupación de las comunidades es real porque según el estudio «La sombra del petróleo», elaborado por el subgrupo sobre derrames petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre 2000 y 2019 se registraron 474 fugas de petróleo en la Amazonía que afectaron al medioambiente.
La presidenta de ONAMIAP considera que es el poder económico el que gobierna este país. «Esto va a golpear fuertemente a nuestra salud, nuestra alimentación… el Congreso protege solamente el derecho del empresariado de destruir la madre naturaleza, llenarse el bolsillo, solo eso protegen, no protegen las vidas, los derechos de la gran mayoría».
Canales exige el archivamiento de este dictamen. «Con los ríos envenenados, los peces desaparecen y perdemos nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Además, la presencia de personas foráneas en nuestros territorios trae consigo otras múltiples violencias, incluidas violaciones sexuales, alcoholismo, drogadicción, delincuencia y con ello el aumento de la violencia familiar y las infecciones de transmisión sexual»,
