En la última década, solo 6 de cada 100 menores de 15 años víctimas de violación sexual accedieron a un aborto terapéutico. Las trabas vienen desde las altas esferas del poder, como la Comisión de la Mujer del Congreso, que debería velar por proteger los derechos de niñas, adolescentes y mujeres; sin embargo, las siguen violentando y revictimizando con leyes que les quitan derechos.

Quieren obligar a niñas ser madres. Congresistas de Renovación Popular y Fuerza Popular utilizaron argumentos fundamentalistas religiosos y antiderechos para tratar de justificar que niñas y adolescentes violentadas sexualmente no accedan a un aborto terapéutico. Integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso, como Milagros Jauregui de Aguayo, de Renovación Popular, y Mery Infantes, de Fuerza Popular, desestimaron que niñas y adolescentes accedan al aborto terapéutico, procedimiento legalizado desde hace 100 años en el Perú. 

En la primera sesión de inicios de septiembre discutieron la agenda que seguiría la comisión en el periodo 2024-2025. La intervención de Milagros Jauregui, pastora fundamentalista antiderechos que hasta agosto fue presidenta de la comisión, estuvo plagada de desinformación en contra del enfoque de género, la salud sexual integral y el derecho de las mujeres a decidir. Lo que más llamó la atención de su intervención fue su postura en contra de que niñas y adolescentes víctimas de violación sexual accedan al aborto terapéutico. 

En nuestro país, el aborto terapéutico se legalizó en 1924. Desde entonces, se dejó de criminalizar esta práctica, tal como establece el artículo 119 del Código Penal. Sin embargo, recién en junio de 2014 el Ministerio de Salud aprobó la guía técnica que estandariza este procedimiento con la finalidad de garantizar su acceso. 

Allí se especifica que el aborto terapéutico se realiza cuando la vida de la persona gestante se encuentra en peligro o cuando continuar con el embarazo será perjudicial para la salud física y/o mental.

De 2014 a 2023, 2780 niñas y adolescentes menores de 15 años denunciaron ser víctimas de violación sexual y haber quedado embarazadas producto de ello, según un informe de Promsex que recoge datos del Minsa y del Ministerio de la Mujer. Entre las víctimas hay incluso dos niñas menores de 11 años.

De las 2780 afectadas solo 177 accedieron a un aborto terapéutico. Es decir, solo 6 de cada 100 niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas por violencia sexual pudieron ejercer su derecho a decidir sobre sus vidas y seguir siendo niñas, no madres. 

Ello evidencia que en el Perú no se garantiza el acceso al aborto terapéutico para menores de edad víctimas de violación sexual, pese a que diversos estudios evidencian los riesgos físicos de continuar con estos embarazos -el cuerpo de las menores aún no está preparado, pues se encuentran en una etapa de desarrollo- y por el impacto en salud mental, debido a las secuelas psicológicas del abuso sexual, sumado a la carga y responsabilidad de ser madre a la fuerza e interrumpiendo sus procesos emocionales y de vida. 

Milagros Jáuregui de Aguayo señaló, increíblemente, que garantizar que niñas y adolescentes accedan a un aborto terapéutico es apoyar al agresor. “Nosotros al apoyar el aborto en adolescentes y de chicas violadas, lo único que estamos haciendo es proteger al violador, porque esa niña aborta y el abusador va a volver a violarla”. Nefasto argumento no solo falto de lógica alguna, sino que más bien destruye las mejores posibilidades de recuperación de la víctima prohibiéndole el acceso al aborto terapéutico.

Corrigiendo los argumentos confusos y violentadores de Aguayo, la abogada Brenda Álvarez, de Proyecta Igualdad, sostiene que el aborto terapéutico en menores violentadas sexualmente les permite seguir con su proyecto de vida. 

“Una de las pocas medidas que está encaminada a reparar y garantizar los derechos de las víctimas de violación sexual, específicamente en el caso de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, es la posibilidad de acceder a aborto seguros cuando el embarazo es consecuencia de una violación sexual”, explica. 

Agrega que para en el caso del proceso penal, se enfoca en el agresor, dándole penas más duras, lo cual es efectivo si se cumple, en corto plazo, que el violador vaya a la cárcel sin beneficios y no se revictimiza a la menor. En el caso de personas que violentan sexualmente a niñas de 0 a 14 años, la condena en el Perú es cadena perpetua. 

Álvarez destaca que una de los aspectos más descuidados de todo este proceso es el impacto que tiene en la víctima. “Lo cierto es que el proceso penal está pensado mirando al agresor, no a la víctima. Por tanto, las políticas de protección a las víctimas tienen que incluir no solamente la protección a su salud mental, la recuperación y la rehabilitación, sino también mecanismos para evitar que sus derechos sigan siendo violados”, enfatiza. 

Por su parte, la congresista Mery Infantes, de Fuerza Popular, dijo que el aborto terapéutico no se debería negar cuando hay riesgo en la vida de la gestante; sin embargo, negó que menores violentadas sexualmente pidan abortar. Es más, dijo que jamás había escuchado esa palabra en sus visitas de campo. Lo mismo señaló Milagros de Aguayo.

Este hecho fue rebatido por la vicepresidenta de la comisión Kira Alcarraz, quien enfatizó que las menores violentadas no deberían ser revictimizadas obligándolas a continuar con el embarazo, lo que recuerda que está tipificado como una forma de tortura en ámbitos internacionales. 

Es importante señalar que el aborto terapéutico requiere un consentimiento informado. No se obliga a la persona gestante a abortar, sino que se le explica cuáles son las opciones que tiene tomando en cuenta el riesgo físico y emocional que enfrenta. Al final, la decisión es de la gestante. 

Por ello, también es totalmente falso lo que sostiene la congresista-pastora Milagros de Aguayo, quien se atrevió a decir durante esa reunión de comisión que las organizaciones defensoras de derechos humanos animan a las mujeres a abortar.

“El aborto es un procedimiento médico que data desde tiempos inmemoriales. Tenemos registros de abortos desde 700 años antes de Cristo. Aunque el tratamiento jurídico del aborto ha variado a lo largo del tiempo y en cada cultura, algo permanece. Mientras hayan mujeres y personas con capacidad de gestar que requieran un aborto, habrá mujeres dispuestas a acompañar estos procesos”, explica Lucía Santos, asociada y abogada de Proyecta Igualdad. 

La especialista resalta que el aborto no debería estar ligado a cuestiones morales o religiosas, ya que se trata de un asunto de salud pública y desigualdad socioeconómica.

“El aborto es una cuestión de salud pública. Su despenalización y uso correcto evita consecuencias negativas en las personas que lo requieren. Lo que hacen las feministas es acompañar a esas personas y abogar por sus derechos sexuales y reproductivos buscando evitar justamente estas consecuencias negativas para su vida e integridad. Calificar de asesinas a estas personas no solo resulta injusto y estigmatizante, sino que evita que entremos en detalles de una discusión importante sobre las consecuencias de la criminalización del aborto”, enfatizó. Esas consecuencias suelen ser la destrucción de un proyecto de vida, y hasta la muerte por abortos clandestinos fuera del sistema de salud.