Jessica Díaz, defensora ashaninka, que denunció a la minería ilegal exige justicia y protección
Jessica Díaz Borges, defensora ambiental, mujer asháninka y madre de 6 hijos; del valle del Pachitea, en Huánuco, ha pasado más de tres años exigiendo justicia por el secuestro y tortura que habría sufrido tras denunciar la presencia de mineros ilegales en su comunidad Paucarsito, en Puerto Inca, región Huánuco. nativa. Díaz relata que hoy su vida sigue en riesgo, mientras tanto espera que las autoridades se pronuncien y le den garantías para proteger su vida.
“Quiero justicia antes de que me maten…solo muerta me sacarán de mi territorio, a mí y a mis seis hijos”, declaró Díaz a Wayka, recordando los hechos ocurridos en junio de 2022, cuando denunció que fue raptada y violentada por un grupo de personas bajo las órdenes del entonces dirigente Josué Víctor Jumanga Ruiz, quien habría intentado silenciar sus denuncias contra la minería ilegal en la zona. Desde entonces,ella señala que las amenazas no han cesado.
Díaz relata que luego de vender sus animales, árboles y frutas, se encuentra en Lima para exigir que las autoridades del Ministerio Público se pronuncien por su caso. Asimismo, la asesora legal del Feconapia (Federación de Comunidades Nativas y Afluentes) exige celeridad para la resolución del caso a fin de sancionar a los responsables.
“Pido enfáticamente que el Ministerio Público se pronuncie. Que evalúe la queja y que lo aparte inmediatamente (al fiscal Fasanando). Si lo sancionan, sería muy bueno”, manifiesta la asesora legal de Jessica, manifiesta la asesora legal de Díaz en referencia al fiscal que habría intentado archivar el caso. Además, denuncia que ella también ha recibido amenazas por apoyar el caso.
El costo de denunciar la minería ilegal
La defensora ambiental relata que todo empezó cuando alzó la voz en un congreso de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), denunciando que los ríos de su comunidad Tsirotzire estaban siendo contaminados con mercurio y residuos tóxicos usados por los mineros ilegales. “Me expulsaron (de la comunidad) por decir la verdad”, relató en su testimonio.
Según la línea de tiempo elaborada por FECONAPIA, semanas después de su denuncia pública, el 8 de junio de 2022, una comitiva oficial —con representantes del Estado y la Policía— ingresó a la zona y comprobó que la denuncia era cierta: maquinarias pesadas trabajaban sin autorización, el bosque había sido talado y los residuos contaminaban el río. Pero, al salir del lugar, tres camionetas los interceptaron. Entre gritos, los agresores se llevaron a Díaz por la fuerza y las autoridades fueron testigos, según la denuncia policial.
Díaz denunció que en la casa comunal de Tsirotzire fue retenida por más de seis horas. La golpearon, la humillaron y la castigaron físicamente mientras le decían que su denuncia “no valía nada”. Tenía apenas dos meses de haber dado a luz.
Una justicia que encubre
El caso llegó a la Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Alexander Fasanando Riveiro, el primer shipibo-konibo en ocupar ese cargo en el Ministerio Público. Sin embargo, de acuerdo a Díaz, su actuación generó controversia: según la investigación publicada por el medio local El Ímpetu, Fasanando habría intentado archivar el caso pese a las pruebas presentadas.
El informe médico de la Red de Salud de Puerto Inca confirmó lesiones físicas y psicológicas graves. Sin embargo, el Ministerio Público —bajo la dirección del fiscal Alexander Fasanando— solo tipificó los hechos como secuestro agravado, excluyendo la calificación de tortura. “Ella ha tenido lesiones graves, no ha podido caminar por una semana por los golpes que recibió”, asegura la asesora legal.
El fiscal argumentó que los agresores actuaron bajo un “error de comprensión culturalmente condicionado”, una figura del Código Penal que exime de responsabilidad cuando una persona comete un delito sin comprender su gravedad debido a su contexto cultural. Pero en este caso, la propia pericia antropológica admitía que los castigos impuestos a la víctima no estaban contemplados en las normas comunales ni en la cosmovisión asháninka.
Para especialistas consultados, esta interpretación constituye una distorsión del enfoque de interculturalidad, que terminó siendo usado como coartada para justificar la violencia. “Reducir la tortura a un malentendido cultural es negar la condición humana de la víctima y desvirtuar el sentido de justicia intercultural”, advierten organizaciones de derechos humanos como la Federación de Comunidades Nativas de Puerto Inca y Afluentes.
El fallo que da esperanza
El 24 de julio de 2025, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca, presidido por el juez Henry Paul Valladares Laurencio, rechazó el pedido de sobreseimiento y ordenó continuar el proceso penal contra todos los implicados. La resolución reconoció que los agresores actuaron con autonomía, fuera de cualquier práctica comunal legítima, y que los hechos constituyen el delito de secuestro agravado.
Este fallo representa un avance para Jessica Díaz, quien señala que ha vivido entre amenazas desde que denunció la contaminación en su comunidad producto de minería ilegal. En sus declaraciones a Wayka, asegura que no solo busca justicia para ella, sino para todas las mujeres indígenas que defienden sus territorios frente a la minería ilegal y la corrupción.
Más hostigamientos y amenazas
Desde la denuncia, la defensora indica que ha sufrido hostigamiento constante, como intentos de ingreso a su vivienda y presencia de sus agresores cerca de su terreno inclusive en octubre de 2025. Y además, paralelamente, enfrenta una denuncia por minería ilegal, promovida por quien sería uno de sus presuntos agresores, lo que evidenciaría un patrón de persecución judicial contra quienes denuncian delitos ambientales. La situación se agrava por la falta de medidas efectivas de protección.
Defender la vida en la Amazonía
La historia de Jessica Díaz refleja un patrón que se repite en distintas regiones amazónicas del país: defensoras y defensores ambientales que son perseguidos, criminalizados o asesinados por enfrentar economías ilícitas que destruyen el bosque y contaminan los ríos.
Solo entre 2021 y 2024, más de 30 líderes indígenas han sido asesinados en la Amazonía peruana, según cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Pese a ello, los mecanismos de protección continúan siendo ineficaces y la impunidad prevalece.
El caso de Jessica Díaz ya se encuentra en la base de datos de las personas defensoras del medio ambiente que sufren violencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aún no se ha pronunciado sobre su caso.
Para Díaz, la justicia aún tiene una deuda pendiente. La defensora espera que el proceso judicial se conduzca con independencia y enfoque de derechos. “Quiero justicia antes de que me maten. No solo lucho por mi tierra, sino por las defensoras que ya no están. Cuando mueren, recién corren”, concluyó.
