Investigadores y defensores ambientales critican que esta norma no garantiza viviendas de calidad, además que agrava la problemática de tráfico de terrenos que afecta a comunidades campesinas y ecosistemas frágiles.
Lucero Ascarza
Sin ningún voto en contra, el Congreso aprobó este martes una ley que amplía los plazos para la formalización de posesiones informales. Estos han sido cuestionados durante meses por la Red de Lomas del Perú, la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UDEAL) y URBES LAB. Incluso plantearon un texto sustitutorio para proteger a los ecosistemas frágiles y comunidades campesinas del tráfico de terrenos. Sin embargo, sus propuestas no se consideraron.
Durante el debate en el Pleno, un grupo de congresistas también propuso ajustes a la norma, pero el presidente de la Comisión de Vivienda, Juan Carlos Oyola (Acción Popular), fue enfático en que no se harían cambios. El texto final de la ley tampoco toma en cuenta las observaciones emitidas por entidades como el Ministerio de Vivienda y Ministerio del Ambiente.
Pese a las críticas por ausencia de sustento técnico, los 109 congresistas que votaron a favor de esta ley expresaron entusiasmo por la aprobación. Por sus gritos y vítores de celebración, queda claro que la mayoría de bancadas ve la formalización de posesiones informales como una norma positiva. En diálogo con Wayka, representantes de organizaciones ambientales, de urbanismo y comunidades campesinas explican por qué esa idea es equivocada.
Falta de políticas para vivienda digna
«El discurso recurrente en el Congreso ha sido que los títulos de propiedad aseguran una vivienda digna. Hacen referencia a la superación de la pobreza, que por fin van a tener seguridad. Eso es completamente falso. Un título de propiedad asegura una tenencia jurídica, mas no la dignidad de la vivienda ni de la vida«, explica Diana Torres, investigadora principal de URBES LAB, grupo de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Torres sostiene que el programa de titulación -en referencia al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)- solo ha entregado documentos jurídicos, pero no ha cerrado la brecha del déficit de vivienda. Peor aún, la investigadora señala que la permisividad del Estado ha perpetuado el mercado de los traficantes de terrenos.
«Siguen ganando terreno, engañando y estafando a las personas. Y después llega la titulación y se les entrega los títulos de propiedad. Y por donde se mire, esta ampliación de la ley no soluciona nada porque no está acompañada de una política social de vivienda«, expresa la investigadora.
Ecosistemas y comunidades en peligro
El tráfico de terrenos no solo afecta el derecho a una vivienda formal y digna, también a quienes defienden áreas naturales o comunales. Ascencio Vásquez, presidente de la Red de Lomas del Perú, precisa que se reunieron con la Comisión de Vivienda para alertar el peligro que podía traer la ley de formalización de posesiones informales.
«Una de las recomendaciones era que se incluya (en las restricciones) a los predios que están en zona de tratamiento paisajístico. Que figure con nombre propio, por ejemplo, las áreas de conservación regional, ecosistemas frágiles, zonas de amortiguamiento de áreas verdes y comunidades campesinas», explica el defensor ambiental.
En Perú, el tráfico de terrenos es el segundo delito más rentable para organizaciones criminales. Así, no sorprende la frecuencia con la que lomas costeras y otros ecosistemas se ven afectadas por esta problemática. A inicios de año, Wayka informó las amenazas que sufrían vecinos de las Lomas de Villa María, ocupadas por invasores pese a ser área de conservación. Más recientemente, una comunidad campesina denunció usurpación de terrenos y daños ambientales en la Reserva Ecológica de Chaparrí (Lambayeque).
«Nos afecta totalmente, es un abuso. Están apoyando el tráfico de tierras prácticamente, esas tierras invadidas no son por pobladores pobres, son los traficantes que han vendido», lamenta Enma Fuertes, presidenta de la comunidad campesina de Jicamarca. «Duele que el Estado le ponga el sello al traficante y le dé la espalda a las comunidades», explica.
Por otro lado, el representante de la Red de Lomas del Perú, señaló a Wayka que no respaldan la ley porque tampoco les parece la única forma en que el Estado puede dotar una vivienda social adecuada.
Ascencio Vásquez conoce esa situación de forma personal. «Yo vivo en un asentamiento humano que es titulado ya cerca de cinco años. Muchas de las viviendas no reúnen las condiciones adecuadas, y alrededor continúan las invasiones. Además, acceder al titulo y servicios básicos nos ha costado un ojo de la cara», relata.
Promoción masiva en el Congreso
Como Wayka reportó hace un mes, el dictamen de ley aprobado por la comisión de Vivienda reunía diez proyectos sobre el tema. Estos provenían de siete partidos: Fuerza Popular (FP), Podemos Perú (PP), Partido Morado (PM), Acción Popular (AP), Unión por el Perú (UPP), Alianza por el Progreso (APP) y Somos Perú (SP).
Así, la aprobación de esta ley en el Pleno del Congreso estaba prácticamente asegurada. Y lo fue: con 109 votos a favor y 11 abstenciones. La bancada del Frente Amplio y tres congresistas del Partido Morado fueron los únicos en no votar a favor. Pero cabe recalcar, tampoco votaron en contra.
«Una abstención no es una oposición. Es una posición muy neutral», opina Diana Torres, de URBES LAB. Aún así, para la investigadora lo más preocupante sigue siendo quienes votaron a favor. «Obviamente hay intereses detrás. Se quiere hacer parecer que se está trabajando por la gente, cuando hace tiempo eso ya no funciona así», indica.
