Comunidad campesina denunció penalmente a presuntos invasores de la Reserva Ecológica de Chaparrí. A la par, Serfor investiga quiénes son responsables por el daño a especies protegidas dentro de esta área de conservación.
Lucero Ascarza
La Reserva Ecológica de Chaparrí continúa bajo amenaza. Durante la emergencia sanitaria, comuneros de la zona reportaron la colocación de cercos de púas dentro de esta Área Natural Protegida ubicada en Lambayeque, así como la tala de especies protegidas.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) constató esos hechos en una inspección hecha el 9 de agosto. «En uno de los casos, se ha talado árboles de zapote y algarrobo para poder hacer un cerco perimétrico con estas ramas. Además, se ha podido comprobar que se han colocado alambres con púas alrededor de un terreno para delimitarlo. Esto está afectando la conectividad de la fauna silvestre», explicó Aníbal Calderón, titular de la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre – Lambayeque.
Fotos: Frente de Defensa «Salvemos Chaparrí»
Calderón señaló a Wayka que Serfor ya inició un proceso administrativo sancionador para buscar a los responsables, quienes podrían recibir multas que ascienden a 50 mil o 100 mil soles. «Ya hemos tomado acciones y hemos notificado a todos los actores para que se abstengan de hacer cualquier daño a la biodiversidad. Además, se van a elevar los informes y se va a informar a la Fiscalía, de hecho ahí puede haber delitos penales», declaró el funcionario.
Actualmente ya existe una denuncia penal presentada por Edivar Carrasco, presidente de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, por usurpación de terrenos. Como se recuerda, la Reserva Ecológica de Chaparrí está conformada por dos Áreas de Conservación Privada (ACP). Y en este caso, los daños reportados por las invasiones se ubican en el ACP Chaparrí, que equivale a más de 34 mil hectáreas y le pertenece a la mencionada comunidad campesina.
Denuncian usurpación
La denuncia presentada ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo apunta a dos presuntos invasores del ACP Chaparrí: Luis Díaz Castillo y Moisés Centurión Balcazar. De acuerdo al documento al que tuvo acceso Wayka, el comunero Edivar Carrasco señala que Díaz Castillo se habría apropiado ilegalmente de un aproximado de 600 hectáreas en el sector Pampa Tablazos; mientras que Centurión Balcazar habría tomado posesión de alrededor de 90 hectáreas en el sector Campo Capilla – Pampa Grande.
En el caso de Díaz, la comunidad lo acusa de cercar el lugar con alambre de púas (delimitados en la imagen de abajo con líneas rojas). A Centurión, por otro lado, lo señalan como responsable de talar árboles protegidos por el Estado. De acuerdo a la denuncia, Centurión compró el traspaso de una pequeña área de 3 hectáreas y la habria expandido sin permiso de la comunidad.
Aníbal Calderón, de Serfor, declaró a Wayka que están coordinando con la comunidad Santa Catalina de Chongoyape para retirar los cercos que se construyeron talando especies protegidas. «Los de alambres de púas no, porque son parte de todo un proceso de investigación y que involucra un tema de tenencia de tierras. Pero definitivamente vamos a tener que adecuarlo o sacarlo si está afectando a la biodiversidad», precisó.
«Serfor lo está queriendo penalizar (a Moisés Centurión) por lo que ha talado, pero él ha presentado un abogado y parece que se pretende librar», comentó Edivar Carrasco. «Ha presentado un documento a la comunidad renunciando ya a lo que él ha cogido. Pero eso no lo libra del daño que ha causado», aseguró.
Por otro lado, el presidente de la comunidad señaló que hay una campaña de desprestigio en su contra. «(Luis Díaz Castillo) está acudiendo a la prensa, la radio, para decir que me va a demandar. A partir de mi demanda, hay notas periodísticas que ponen en duda mi legalidad como presidente de la comunidad y una serie de cosas así», explicó Carrasco.
En defensa del territorio
Las denuncias por usurpación de terrenos en la Reserva Ecológica de Chaparrí no son recientes. En 2017, invasores incendiaron parte de esta área protegida y un defensor de la reserva fue asesinado: Napoleón Tarrillo Astonitas, entonces teniente gobernador del caserío El Mirador. Su muerte es atribuida a miembros de la organización criminal «El Gran Chaparral»: Hipólito Cruzado Rafael; los hermanos Adán, Casimiro, Jeiner y Jorge Cruzado Carranza; y Saúl Altamirano Vásquez.
Recientemente, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial negó el pedido de familiares de los acusados de revocar la medida de prisión preventiva. Además del homicidio de Tarrillo, la fiscalía los investiga por los delitos de organización criminal, usurpación agravada y tentativas de homicidio en agravio de otros dos ciudadanos.
De acuerdo a Javier Ruiz, representante del Frente de Defensa «Salvemos a Chaparrí», un promedio de 25 personas -en su mayoría comuneros- han tenido que pedir garantías por su vida en los últimos años. De ellos, siete comuneros enfrentan denuncias.
«Casualmente, los procesos que avanzan son los interpuestos por personas vinculadas al tráfico de tierras. Y las denuncias que han hecho los comuneros en defensa de su comunidad, esas se han archivado todas», lamentó Ruiz.
Hace unos días, el parlamentario Lenin Checco (Frente Amplio) visitó el ACP Chaparrí y constató los riesgos que enfrentan la comunidad de Chongoyape por la invasión de terrenos. «Efectivamente, hay denuncias que datan desde 2014 (…) Estos hechos nos permiten evidenciar la importancia del Acuerdo de Escazú que debe ser ratificado por el actual Congreso. Su principal motivación es el reconocimiento de derechos fundamentales de los defensores ambientales», comentó.
Cabe recordar que el Congreso también tiene pendiente el debate de un dictamen respecto a la formalización de ocupaciones informales. Esta norma se aprobó en la comisión de Vivienda y ha recibido cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y comunidades campesinas.
