La Comisión de Justicia del Congreso de la República discutió ayer el predictamen recaído en tres iniciativas de los congresistas Waldemar Cerrón, Víctor Flores Ruíz y Américo Gonza. Este documento pretende modificar el Código Penal para «brindar mayor protección al personal de la Policía». Durante las protestas de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, la Policía cometió graves violaciones a los derechos humanos.
Por Jair Sarmiento
La Comisión de Justicia del Congreso discutió ayer un predictamen que pretende modificar el Código Penal para «brindar mayor protección al personal de la Policía» cuando este, en el ejercicio de sus funciones, cause alguna lesión o muerte.
La iniciativa reúne a los proyectos de ley 3999/2022-CR, 7115/2023-CR y 7965/2023-CR de los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre), Víctor Flores Ruíz (Fuerza Popular) y Américo Gonza (Perú Libre).
En tal sentido, el predictamen incorpora los artículo 261-A y 268-B al Código Procesal Penal con el fin de que a los fiscales y jueces se les impida solicitar y dictar la detención preliminar judicial o la prisión preventiva contra efectivos policiales que en el ejercicio de sus funciones, haciendo uso de sus armas cause alguna lesión o muerte.
Durante el debate, uno de los autores de la iniciativa, el legislador Waldemar Cerrón, retrocedió respecto al contenido de la propuesta y mencionó que «no sería pertinente» incorporar tales artículos porque «de repente se estaría dando carta abierta a que se pueda distorsionar el proceso de investigación o evadir la justicia».
Frente a ello, la congresista de Juntos por el Perú – Cambio Democrático, Ruth Luque, se mostró en contra del predictamen ya que es otra interferencia al trabajo de la Fiscalía. «Debe respetarse los marcos de discrecionalidad que tienen los operadores de justicia», comentó.
Asimismo, Luque indicó que en el Código Penal ya existen eximentes de responsabilidad penal para policías. «Una de estas es que cuando un policía hace uso de la fuerza bajo los usos reglamentarios, y se han declarado eximentes de responsabilidad, pero hay casos donde malos efectivos han aplicado o han querido aplicar el uso de la forma reglamentaria, cuando luego se ha visto el hecho y no ha sido como ha correspondido», acotó.
Durante las protestas de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cometieron una serie de asesinatos (50 víctimas) y represión (cientos de personas heridas leves y graves) que fue rechazada por la ciudadanía y por organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, manifestó en redes sociales: «Este proyecto es inconstitucional, porque restringe una atribución constitucional de la Fiscalía y de los jueces. Además, no se puede crear beneficios ilegales por tu ocupación».
Al finalizar el debate, la Comisión de Justicia decidió que el predictamen pase a un cuarto intermedio con el fin de que se corrija el texto y se llegue a un consenso.
