A tres años del derrame de Repsol: empresa acumula más de 266 millones de soles en multas por daños causados

Informe de CooperAcción y Oxfam señala que existen más de 20 multas impuestas a Repsol, pero algunas han sido judicializadas por la empresa, a pesar, a pesar de ser montos bajos comparado con el daño causado a nivel ambiental y social.

Por Lucía Castro

El 15 de enero de 2022, la empresa Refinería La Pampilla (Relapasa), subsidiaria de Repsol, produjo el derrame de crudo de petróleo más grande ocurrido en el litoral peruano. Han pasado tres años desde ese momento y la respuesta de la empresa ha sido judicializar algunas multas impuestas por diversas entidades ambientales y negociaciones unilaterales con los afectados de la zona, según señala el reciente informe publicado por la organización CooperAcción Perú y Oxfam. 

La situación actual del ecosistema luego del derrame no es favorable. Aproximadamente un 65% de lo derramado continúa en la zona afectada, ya que una parte importante de él no se evapora. Según los datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de los 10,704 barriles de crudo derramados, solo se lograron recuperar 1,014 barriles como parte de las medidas de contingencia, dejando aproximadamente 6,000 barriles en el ambiente. 

Esto quiere decir que nueve metales pesados, incluidos cadmio y plomo, conocidos por su alta toxicidad, además de compuestos peligrosos como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) e Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP), permanecen en la zona afectada. 

¿Qué ha hecho Repsol para remediar esta situación?

Según el informe, las medidas propuestas por Repsol para la recuperación de las zonas costeras afectadas por un derrame de crudo son insuficientes para una verdadera restauración ambiental. El plan sugiere recoger gotitas de crudo expulsadas por el mar y monitorear solo el medio abiótico durante dos años, pero expertos señalan que esta estrategia carece de un enfoque integral de los ecosistemas. No se describen funciones ecológicas, faltan estudios sobre flora y fauna, y no se identificaron áreas clave como zonas de anidación o reproducción. 

Tampoco se realizó un análisis ecotoxicológico. Además, se insta a incluir los resultados de metales pesados en los estudios de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA), dado su peligro para la salud humana y los ecosistemas marinos. Sin una caracterización adecuada del área afectada, advierten que las técnicas de remediación no pueden considerarse efectivas.

En cuanto a las respuestas de la empresa, Repsol ha negado su responsabilidad en todo momento y ha atribuido responsabilidad al Estado por no haber alertado de un tsunami que habría ocasionado ese día fuertes oleajes y luego responsabilizó al capitán del barco carguero Mare Doricum, que participó de la descarga del crudo; sin embargo, las investigaciones realizadas por el Congreso de la República, Oefa, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERMIN) y el Ministerio Público demuestran lo contrario. 

Repsol se niega a responder por sus errores

El informe resalta que hay un total de 22 procesos administrativos sancionadores iniciados a raíz del derrame de Repsol, por 6 entidades públicas. De todos ellos, en 13 se encontró responsabilidad administrativa de Relapasa y se le han impuesto diversas multas, que según señala la abogada de CooperAcción, Ana Leiva, no se sabe si la empresa realmente la empresa ha pagado, ya que 5 de ellos están judicializados y aún no se tiene información de los otros 17, ya que las autoridades correspondientes no han brindado los datos solicitados, a la fecha de publicación del informe. 

Las sanciones económicas relacionadas con 20 procedimientos por infracciones ambientales suman un total de 51,827.59 UIT, equivalentes a S/ 266.9 millones (aproximadamente $72.1 millones). Aunque la multa máxima por infracción puede llegar a 30,000 UIT, las penalidades aplicadas por Osinergmin alcanzaron solo 4,780.4 UIT, a pesar de la gravedad de los hechos, muchos de ellos ampliamente documentados. De esta cifra, 4,050 UIT corresponden a un solo caso, mientras que 730 UIT se distribuyen en otros cuatro. Por su parte, Oefa impuso multas en 12 casos por un total de 25,475.8 UIT, destacando sanciones de 6,340 UIT en un caso y 4,000 UIT en dos. Sernanp fue la entidad que aplicó las multas más altas, ya que en dos casos impuso multas de 10 000 UIT. 

Las razones por las que se han impuesto estas sanciones son variadas.

1. Responsable de daños: Osinergmin determinó que Relapasa era responsable del desprendimiento de las boquillas que provocaron el derrame. Asimismo, señaló que la operación de transferencia de crudo se presentó en una situación insegura, al no verificar el amarre de cabos, no contar con un loading master de pronóstico climático, entre otras cosas. 
2. Mentir sobre cantidad derramada: Osinergmin y OEFA sancionaron a la empresa por proporcionar “información inexacta” sobre el volumen de hidrocarburo derramado (solo 0.16 parte de un barril) y el área afectada (solo 2.5 m2) en su reporte preliminar de la emergencia realizado 20 horas después del desastre. 
3. No entregar información: Osinergmin y OEFA señalaron que Relapasa no entregó información diaria sobre la carga y descarga de crudo, así como no remitir el registro de afectados y la valoración de daños. 
4. Entorpecer labor fiscalizadora: OEFA sancionó a proveedora de Repsol por interferir con su función fiscalizadora al no cumplir, hasta en dos oportunidades, con el cronograma propuesto para el retiro del PLEM (aparato submarino para descargar petroleo), lo que retrasó las pruebas de laboratorio para determinar si su condición contribuyó a la ocurrencia de la emergencia.
5. Afectación al ecosistema marino: Serfor, entidad encargada de velar por la fauna silvestre, inició un proceso sancionó a Relapasa por haber actuado con crueldad contra especímenes de fauna silvestre o causar su muerte contra 1852 especímenes y haber contaminado la diversidad biológica. 

Reparo a los afectados

La respuesta de Repsol ante la población perjudicada no fue la mejor. Desde un inicio, la empresa debió realizar un registro de los afectados; sin embargo, el Estado asumió esta tarea y logró registrar alrededor de 10.300 personas; pese a ello, este registro estaría incompleto, ya que más de 20.000 personas piden ingresar a él. 

A pesar de que la compañía ha intentado reparar los daños con adelantos de indemnización a algunos pobladores y bonos, dichas acciones son insuficientes. Según CooperAcción y Oxfam es necesario más programas de ayuda y de reconversión laboral de la empresa ni del Estado para tratar de suplir la pérdida de trabajo de los pescadores. 

Finalmente, agregaron que se debe considerar el pago a los afectados de una reparación integral que contemple todo tipo de daño ocasionado, lo que supone pagar un monto adicional por los tipos de daños no considerados hasta el momento.