La autógrafa condensa los proyectos de ley 649/2021-CR, presentado por Perú Libre y 894/2021-CR, iniciativa de Alianza para el Progreso
En el pleno de este lunes se pretende aprobar por insistencia el proyecto titulado “Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba Disposiciones Complementarias orientadas a promover la Zonificación Forestal”, pese a cuestionamientos del Ejecutivo y organizaciones especialistas en el sector. Dicha modificación presenta el riesgo de afectar los bosques y las tierras forestales y de protección que forman parte del patrimonio de la nación.
Es importante mencionar que la autógrafa en mención no ha sido debatida en las comisiones pertinentes y además fue exonerada de la Junta de Portavoces. Lo que se buscaría por parte del Congreso, es aprobar por insistencia este proyecto, que ahora incluye una Disposición Complementaria Final Única a pedido de la congresista Silvia Monteza Facho (Acción Popular), con la finalidad de modificar el actual régimen de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y las normas sobre autorización de cambio de uso de suelo.
Dicha disposición no contó con una exposición de motivos que la sustente, no fue objeto de estudio en la Comisión Agraria ni de opinión por parte de las autoridades competentes, al incluirse de manera posterior al Dictamen y tomando como único sustento el pedido de ocho gremios de productores agrarios, según lo mencionado en la Ayuda de Memoria realizada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Según mencionó Patricia Torres, asesora legal del Programa de Bosques y de Servicios Ecosistémicos de la SPDA, “dicha disposición no cuenta con ningún sustento y, por la forma como ha ingresado, se presta a cuestionarse a qué intereses responde”.
¿Cómo afecta la modificación de la Ley?
La preocupación principal desde la SPDA es la legalización de la deforestación. “Si se aprueba está ley lo que le estamos diciendo es que no se preocupen si lo han hecho (adquirir títulos o constancia de posesión) sin contar con los permisos ni la clasificación previa técnica que debe hacerse del suelo para ver si es agraria o forestal, porque se va a presumir por la norma que todo es legal”.
Refieren que la principal causa de deforestación en la Amazonía peruana es el avance de la frontera agrícola, y hasta el año 2020, se han deforestado cerca de 12 millones de hectáreas de bosque natural, más de 200,000 se perdieron sólo en el 2020, según la Ayuda de Memoria proporcionada por la SPDA.
Adicional a ello, Torres califica este proceso como “un incentivo perverso para convalidar prácticas ilegales” y adiciona que “también tiene un impacto social, ya que hemos visto varios casos de ataques a defensores ambientales, a comunidades que buscan proteger el territorio. Lo que se va a hacer con esto en la práctica es generar un ambiente de impunidad”.
Además, menciona dicha aprobación como un “retroceso” ya que “todo el trabajo realizado para la formulación de la ley forestal y de fauna silvestre, en términos de participación y consulta, se deja de lado con una propuesta de esta magnitud sin haber sido consultada”.
Por último, según la SPDA, hay que sumarle la variable de los incumplimientos de compromisos ambientales, ya que la deforestación incrementa la emisión de gases de Efecto Invernadero. Esta situación coloca al Perú en riesgo de incumplir con los compromisos del Convenio de París (un tratado con fuerza vinculante) y aquellos bilaterales o multilaterales como la Declaración Conjunta de Intención (DCI), con Noruega y Alemania orientado a reducir emisiones de GEI procedentes de la deforestación y degradación de bosques.
