Días después de que el papa Francisco, en su visita a Puerto Maldonado, exigiera al Estado  proteger las comunidades indígenas de la Amazonía, el Congreso promulgó la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el territorio de la región Ucayali. Esta norma vulnera los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y beneficia actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico.

La ley, publicada en El Peruano, asegura que la construcción de estas nuevas carreteras serán bajo el “irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que las habitan”. Además, señala que el presidente PPK no cumplió con promulgar la ley dentro del plazo establecido y, de esta forma, se procedió con la publicación. Esto sin el visto bueno del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) advirtió en noviembre que la norma presentada por el congresista fujimorista, Glider Ushñahua, pone en peligro a los indígenas en aislamiento y favorece actividades ilícitas como el tráfico ilegal de madera, el narcotráfico y la minería ilegal.

«El Congreso de la República está colocando en grave riesgo la vida, salud, subsistencia, integridad y territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial», manifestó Aidesep en un comunicado.

Por su parte, el Mincul, según El Comercio, indicó que la construcción de estas carreteras afectará también, al menos, a cuatro reservas indígenas (Isconahua, Murunahua, Madre de Dios y Mashco Piro).

El fujimorismo otra vez

Glider Ushñahua, congresista de Fuerza Popular, presentó en abril de 2017 esta norma que buscaba declarar de necesidad pública e interés nacional “preferente” la construcción de carreteras en las zonas de frontera en Ucayali, “sin afectar las áreas naturales y arqueológicas protegidas, así como el medio ambiente». Esta fue impulsada por Carlos Tubino en mayo del mismo año.

El parlamentario Ushñahua aseguró que los recursos de la región no eran proporcionales a su desarrollo y que, efectivamente, una de las razones era la falta de vías de comunicación.

«La ausencia de carreteras que integren a los diversos distritos permitiendo un tránsito fluido hacia las zonas de frontera, con la finalidad de comercializar los diferentes productos».

Para Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, lo que hizo el Congreso es una ‘hipocresía’.

«El plazo había vencido el 15 de enero. El Congreso espera a que se vaya el papa, tras de su discurso en Madre de Dios y luego promulga una ley que claramente va en contra de las poblaciones indígenas».