El pleno del Congreso aprobó la ratificación del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Por muchos años, las asociaciones de trabajadoras del hogar exigieron al gobierno la ratificación de este convenio, pero sus demandas no eran escuchadas.

El Congreso acordó que ya no se someterá a segunda votación este proyecto, por lo que el gobierno habiendo sido quien lo trasladó al Congreso, solo tendría que promulgarlo.

En el texto de dictamen se hizo énfasis en que “(…) se considera que el trabajo doméstico es infravalorado e invisible, realizado por mujeres y niñas principalmente migrantes, vulnerables a la discriminación y abusos. En el caso de países en desarrollo, estas trabajadoras son una importante fuerza de trabajo, siendo marginados”.

“Saludamos este importante logro de las mujeres organizadas. El siguiente paso es la aprobación de una nueva Ley que reconozca a estas trabajadoras condiciones de igualdad, con un régimen que reconozca y regule sus derechos (remuneración mínima vital, contrato de trabajo por escrito, jornada máxima de trabajo, descansos remunerados, seguridad social, pensión)”, sostuvo la legisladora Indira Huilca.

El Convenio 189 fue adoptado por el Perú en el año 2011 y reconoce a los y las trabajadoras derechos laborales fundamentales y seguridad social.

El objeto del Convenio N° 189 de la OIT es establecer un marco de normas mínimas de protección en favor de los trabajadores domésticos, abordando aspectos relativos a la promoción y protección de los derechos humanos, principios y derechos fundamentales en el trabajo, términos y condiciones de empleo, horas de trabajo, remuneración, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, grupos con riesgos especiales, trabajadores domésticos migrantes, agencias de empleo privadas, entre otros.

Se calcula que en el país existen alrededor de 357 mil personas que realizan trabajo doméstico. Un 96% son mujeres que, incluso, iniciarían su vida laboral desde los 14 años y en condiciones informales y remuneraciones precarias. En países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, ya se ratificó este convenio, y pronto sería una realidad en Perú.

 

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