Por Luis F. Rodríguez Jiménez
Redacción Wayka
La presencia del coronavirus (COVID-19) en nuestro país ha obligado a acatar una serie de medidas drásticas de contención. Sin embargo, una de las poblaciones más vulnerables frente a la pandemia son las comunidades nativas. Muchas de ellas no tienen acceso de calidad al sistema de salud pública y viven en condiciones realmente precarias.
Debido a esta coyuntura, diversas organizaciones amazónicas han dispuesto medidas de emergencia para proteger a sus comunidades. Una de ellas es la Central Asháninka del Río Ene (CARE) que, a través de un comunicado, ha anunciado “el cierre total del territorio asháninka”. Esto implica que toda persona foránea que incumpla la medida será “entregada a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas” por los comités de autodefensa.
Sin embargo, Ruth Buendía, presidenta de la CARE, sabe que esto es insuficiente para proteger a las comunidades de la selva central peruana. Más aun cuando el hospital más cercano está a 7 horas de navegación fluvial.
“Me parece bien que el gobierno central disponga de fondos para la implementación y reforzamiento del sistema de salud. [Pero] en Junín solo están considerando Huancayo, Tarma y Chanchamayo […] Pero para llegar a Satipo son 7 horas. Y ahora que no hay movilidad, ¿cómo vamos a traer a nuestros pacientes?” señaló Buendía.
Según refirió, el siguiente hospital mejor equipado está en Chanchamayo, a 3 horas de Satipo. En total, el recorrido en busca de un hospital implementado adecuadamente es de 9 horas aproximadamente.
Las comunidades amazónicas de la selva central deben viajar 7 horas a través del río Ene para llegar a un hospital (Foto: Facebook CARE)
Además, el diagnóstico de la enfermedad en las comunidades no sería posible ya que los centros de salud no tienen implementos ni personal para detectar la enfermedad.
“Los profesionales de los centros de salud han salido desde que se decretó la Emergencia nacional. En la comunidad no están […] Tampoco tenemos la capacidad económica para dotar nuestros puestos de salud aunque no venga el apoyo del gobierno”, señaló la presidenta de la CARE.
Por otro lado, la disposición de agua potable para lavarse las manos como protección frente al virus COVID-19, es imposible, según señaló Ruth Buendía.
“Las comunidades no tienen agua potable, se abastecen del Río Ene. Los ríos Mantaro y Apurímac que conforman el rio Ene tienen desechos sólidos de las ciudades grandes y la actividad minera, petrolera. Todos los ríos pequeños, riachuelos […] llevan todo este sedimento [a] los ríos grandes y eso toma la población. De ahí toma nuestro pueblo”, aseguró.
Comunidades no disponen de agua potable y deben utilizar el agua del río que está contaminada por desechos mineros y petroleros (Foto: Facebook Care)
Similar situación viven las comunidades amazónicas agrupadas en el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU). Según señaló su presidente, Agilio Semperi, ellos también han dispuesto el cierre de sus fronteras pero enfrentan el mismo problema de falta de centros de salud.
“En las comunidades no tenemos hospitales, solo postas médicas sin equipamiento para 500 u 800 pobladores por comunidad. Los centros de salud no han sido reforzados por el MINSA”, señaló.
También manifestó que el traslado de pacientes al hospital más cercano es cuestión de días.
“El traslado sería entre 2 a 3 días de manera fluvial y luego terrestre para poder llegar a la ciudad de Quillabamba. Ahí sí hay hospital, pero tampoco ha sido implementado”, refirió Semperi.
Los pueblos de la cuenca del río Urubamba deben viajar 3 días en búsqueda de un hospital en Quillabamba (Foto: Facebook Comaru)
Según señaló, su comunidad presenta una tasa de 65% de habitantes con desnutrición por lo cual, la presencia de coronavirus sería fatal para la población. Por otro lado, mencionó que las comunidades no pueden desatender la actividad agrícola porque esa es su fuente de alimentos.
“Lo que pedimos es que no ingrese gente de afuera y que el MINSA implemente las postas médicas de la cuenca del río Urubamba”, señaló el presidente de COMARU.
En esa línea, Ruth Buendía pidió que el MINSA no solo atienda a las ciudades sino que no olvide a los territorios de las comunidades indígenas.
“Todo es en las capitales y no vienen a Satipo, a Mantsanare. Los pueblos indígenas no están en Huancayo, están en la selva central. Se está reforzando solo en Chanchamayo pero para llegar [ahí], ya mi paciente lo traeré en los últimos días para que pueda morir en el hospital. Si llega esa enfermedad ya sería el exterminio de nuestro pueblo”, refirió.
Por otro lado, el pasado 18 de marzo, se confirmó que el Apu Aurelio Chino, líder indígena del pueblo quechua del Pastaza, dio positivo a COVID-19 al retornar de un viaje a Holanda, donde fue a interponer una demanda contra Pluspetrol por la constante contaminación con desechos tóxicos en el Marañón. A la fecha, el líder nativo se encuentra cumpliendo con el aislamiento domiciliario en Tarapoto.
