Corte Suprema reconoce al Estado como corresponsable en la masacre de Accomarca

Después de casi cuatro décadas de lucha por justicia, las familias de las víctimas de la masacre de Accomarca lograron que la Corte Suprema de Justicia del Perú reconozca al Estado como tercero civilmente responsable por la matanza ocurrida el 14 de agosto de 1985, cuando una patrulla del Ejército asesinó a más de 60 personas en el distrito ayacuchano de Accomarca.

Esta decisión histórica repara una omisión judicial cometida en la sentencia de 2016, que condenó a los responsables del crimen, pero no incluyó al Estado como corresponsable civil para que los familiares de las víctimas accedan a una reparación por parte de este.

Una deuda con las víctimas

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explicó que el fallo de la Corte Suprema se sustenta en que los responsables de la masacre eran funcionarios públicos que ejecutaron una orden militar. Entre ellos figuran el general Wilfredo Mori Orzo, el jefe del Estado Mayor Nelson González Feria, los tenientes Juan Rivera Rondón y Telmo Hurtado Hurtado, así como seis soldados del Ejército.

“El tribunal se olvidó de declarar al Estado como tercero civil responsable, y ese hecho fue determinante para que los familiares no tengan ninguna posibilidad de reclamar indemnización”, explicó Rivera a La República.

Aunque el Estado ya había sido identificado como tercero responsable en 2005, cuando se inició el proceso judicial, este reconocimiento fue excluido en la sentencia condenatoria de 2016 y tampoco fue corregido en la revisión de 2018.

Frente a esta omisión, el equipo legal de las víctimas presentó en 2019 una solicitud de aclaración. No obstante, la pandemia paralizó el trámite y los documentos se extraviaron. No fue sino hasta 2024 que el caso fue reactivado.

Ese mismo año, la Corte Suprema solicitó un dictamen a un fiscal supremo, quien confirmó que el Estado había sido señalado correctamente como tercero civil responsable desde 2005. Con base en esa validación, el tribunal emitió finalmente una resolución que reconoce la corresponsabilidad del Estado peruano en la masacre.

Este reconocimiento legal implica que el Estado deberá responder económicamente por parte de la reparación civil ordenada en el juicio penal. Si bien la sentencia no lo detalla explícitamente, Rivera precisó que, al haber dos responsables —los condenados y el Estado—, este último deberá asumir al menos el 50% del monto total de las reparaciones.

En total, 62 familias afectadas podrán iniciar el proceso de cobro de indemnizaciones por un monto de 150 mil soles, luego de años de espera, olvido y exclusión del sistema judicial.

Justicia tardía, pero necesaria

La masacre de Accomarca fue uno de los crímenes más atroces del conflicto armado interno. Dirigida por el entonces teniente Telmo Hurtado, apodado el “Carnicero de los Andes”, la operación militar conocida como ‘Plan Operativo Huancayoc’ terminó con la ejecución de más de 60 comuneros, muchos de ellos mujeres, niños y ancianos.

En 2016, Hurtado recibió 23 años de prisión, no obstante se escapó a Estados Unidos, pero fue capturado y extraditado en 2011 tras una demanda civil presentada por sobrevivientes de la masacre.

En 2022, los restos de las víctimas fueron finalmente entregados a sus familiares, luego de un proceso de identificación mediante pruebas de ADN. El acto representó un avance simbólico en la búsqueda de justicia, pero aún quedaba pendiente el reconocimiento del Estado como corresponsable.

Con este último paso, la justicia llega para representar una victoria moral y jurídica para las familias que, durante casi 40 años, enfrentaron el estigma, la indiferencia institucional y la desmemoria del Estado.

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