Redacción Wayka
Un informe del Ministerio de Salud, emitido a fines de octubre de este año, advierte que un estimado de 10 millones 162 mil 380 habitantes a nivel nacional, que equivale al 31% de la población, se encuentran expuestos a metales pesados y otras sustancias tóxicas. Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos denuncian el olvido del Estado.
Hace cuatro meses, en julio de este año, el Gobierno instaló una comisión multisectorial para atender a poblaciones afectadas por metales pesados de las regiones Loreto, Junín, Cajamarca, Moquegua, Puno, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Cusco, Callao y Lima. Todas ellas, agrupadas en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, siguen a la espera de soluciones.
Desde Puno, el dirigente del Frente Unificado del Río Coata, Félix Suasaca, denunció que en su región el Ministerio de Salud ha confirmado la presencia de mercurio y arsénico en menores de 4 a 17 años, mientras que 716 mil 246 habitantes viven expuestos. “Y aún faltan más de 11 metales que no quieren hacer los análisis el Estado peruano”, reclamó Félix en el foro ‘La otra crisis sanitaria: los afectados con metales tóxicos’.
Por su lado, el apu Alfonso López Tejada, de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), también reclamó por los más de 3 mil sitios contaminados por la actividad petrolera e identificados por el Estado peruano, los cuales siguen sin repararse. “No nos serviría mucho si tenemos un hospital con los mejores técnicos si el veneno va a seguir fluyendo por nuestros territorios, nuestras quebradas, nuestras cochas, si los pescados que comemos van a seguir siendo contaminados por metales pesados”, dijo el apu.
Como se recuerda, a fines de noviembre, el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez Delgado, anunció el inicio de una propuesta que busca reducir el tiempo de la consulta previa de un año a seis meses, con el fin de “no retrasar las inversiones”. Ante dicha propuesta, la vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos, Yolanda Zurita, lo interpreta como el recorte de su derecho a decidir sobre un proyecto que podría afectarles. “¿A eso le llamamos desarrollo sostenible?”, se pregunta.
