Mongabay Latam

El 9 de mayo se instaló, por primera vez en Perú, un juzgado especializado en materia ambiental. El lugar elegIdo fue una zona emblemática, la región Madre de Dios, una de las más afectadas por la minería y la tala ilegal, que, además, tiene uno de los índices más altos de denuncias ambientales en el país.

“Los delitos que corresponden a minería ilegal y destrucción de bosques son los más constantes y de mayor relevancia”, señala el magistrado Fernando Quispe Chauca, designado juez penal unipersonal de este juzgado. Los casos provienen principalmente de lugares como La Pampa, Huaypetue, Malinowski y Boca Colorado, zonas en las que la minería ilegal ha devastado gran parte de sus bosques.

En La Pampa, por ejemplo, una zona enclavada en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata, la minería ilegal deforestó, entre enero de 2017 y febrero de 2018, 438 hectáreas. Igual suerte corren lugares como Alto Malinowski, donde se calcula una pérdida de 178 hectáreas de bosques en el mismo período.

“Los procesos (judiciales) de La Pampa son pequeños pero constantes. En algunos casos llegan detenidas, 3, 4, 10 o 15 personas, y algunos de ellos están involucrados en delitos conexos, como trata de personas”, menciona el juez y aclara que su despacho deberá asumir también los casos de trata de personas, por tratarse de un delito relacionado con la minería ilegal.

El Procurador público especializado en delitos ambientales, Julio Guzmán, también considera que los delitos de minería ilegal son los que más afectan a Madre de Dios. Agrega que el nuevo juzgado debe enfrentar una carga de casi 3000 mil denuncias ambientales, cifra que reúne a todos los casos presentados desde el año 2009. “Todas estas denuncias serán trasladadas al nuevo juzgado”, precisa.

Las cifras del nuevo juzgado ambiental 

De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, en los últimos dos años —entre el año 2016 y mayo de este año— han ingresado 619 denuncias por delitos ambientales, tanto casos penales como contenciosos administrativos y constitucionales. De esa cantidad, 45 corresponde al delito por minería ilegal y 144 a destrucción de los bosques, que muchas veces, son consecuencia de la misma minería.

No obstante, esta cifra aumenta a casi 3000 si se suman las denuncias presentadas desde el año 2009, que aún no han sido resueltos y que forman parte de la carga procesal que deben resolver el Ministerio Público, para los casos que están en investigación, y el Poder Judicial, para aquellos que luego de concluida la investigación se resolverán en el juzgado ambiental.

El magistrado Quispe, quien asumirá el reto de lidiar con este enorme peso judicial en Madre de Dios, comentó a Mongabay Latam que de todas las denuncias que se investigan actualmente en la región, solo 40 se encuentran en su despacho y deben ser resueltas en los próximos meses. Además, alrededor de 270 están en el juzgado de investigación preparatoria en materia ambiental que también forma parte del módulo de justicia ambiental instalado recientemente. El resto, más de 2000, se encuentran aún en el Ministerio Público, a la espera de que se concluyan las investigaciones.

Al respecto, el procurador Guzmán considera que se deben mejorar las capacidades en la investigación para que los fiscales del Ministerio Público puedan realizar su trabajo. Considera clave que se reduzca la ‘carga muerta’, es decir, aquellos casos que sucedieron hace varios años y de los cuales aún no se han tomado las pruebas físicas, como muestras de agua o suelo contaminado. Lo más probable —para el procurador— es que ya no existan las mismas condiciones de cuando ocurrió el delito, por tanto, los resultados no serán los adecuados.

“En el caso de los delitos ambientales se debe actuar con rapidez, pues si se deja pasar el tiempo, ya no se encontrarán las pruebas. Hay que reducir la carga muerta y quedarse con los casos que sí ameritan ser investigados”, señala Guzmán.

En el caso de la minería —explica— se inicia la investigación en determinado lugar, generalmente georreferenciado, pero cuando pasa el tiempo y se regresas a la zona muchas veces ya no se encuentra nada, no hay minería, entonces, ya no es posible ubicar a los responsables.

Investigación a paso lento

Para el procurador, la creación de juzgados ambientales no va a cambiar la situación que afecta a Madre de Dios en cuanto a problemas ambientales. “El problema no es de juzgamiento. La parte más importante de la solución es que el Ministerio Público reevalúe el modelo de investigación de sus fiscalías. El Perú no está preparado para investigar los delitos ambientales, pues no contamos con peritos ambientales y tenemos más de 21 mil procesos en todo el país”.

Por otro lado, para el Procurador, se debería establecer un organismo sancionador único en materia ambiental, que se encargue de diferenciar los delitos de las faltas, para que no exista una sobrecarga en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El juez Quispe también considera que la solución a los problemas de Madre de Dios no radica en instalar más juzgados ambientales. Por el contrario, opina que en el caso de la minería ilegal, se debe hacer una intervención conjunta entre todas las instituciones involucradas. “La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, Las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial deben hacer un trabajo conjunto para erradicar este problema. La lucha del Poder Judicial contra los delitos ambientales es una parte de la solución, pero se debe involucrar a todas las instituciones”, comenta.

Quispe menciona, por ejemplo, que en muchos casos no se concluyen los informes de los organismos especializados ajenos al sistema de justicia, como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, entre otros. Al perderse la información, se corre el riesgo de que los casos se archiven. “Los fiscales muchas veces nos han dicho que no pueden formalizar una denuncia porque no reciben los informes de otras instituciones”, agrega.

Para el nuevo responsable del Juzgado Ambiental en Madre de Dios, la falta de sentencias se origina a partir de las deficiencias y retrasos en las investigaciones fiscales, pero reconoce que los fiscales tienen enormes obstáculos logísticos y de presupuesto: “Aquí, para atender una denuncia ambiental, muchas veces se tiene que viajar dos o tres días por la Amazonía o contar con botes para navegar por el río” comenta.  

 

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