Cuando el Estado falla: niñas-madres son utilizadas como ‘propaganda’ política
Por: Silvia Bardales Q.
Las últimas semanas dejaron una polémica sin precedentes en el Perú: la exposición pública de niñas víctimas de violación sexual obligadas a dar a luz y la defensa de prácticas que invisibilizan el abuso, por parte de congresistas vinculadas a grupos ultraconservadores como Milagros Jaúregui de Renovación Popular. Las acciones, que varios colectivos feministas han calificado de instrumentalización política del cuerpo de niñas vulnerables, han reactivado el debate sobre derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, y el uso del dolor de las mujeres y menores como herramientas de poder.
Exposición pública de niñas embarazadas por violencia sexual
Una serie de imágenes indebidamente difundidas con participación de la congresista ultracoservadora Milagros Jáuregui del partido de Renovación Popular mostraron a niñas víctimas de violación, vestidas en uniforme, formando una fila junto a ella mientras sostenían a sus bebés nacidos de embarazos forzados. Estas imágenes fueron acompañadas por declaraciones de la parlamentaria que causaron indignación. Jáuregui llegó a afirmar que en ese lugar las niñas sobrevivientes pasan “su dolor con un grupo de personas que ama, aconseja y consuela”, y que ninguna de ellas “se ha arrepentido de dar a luz” porque“el bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”.
La secuencia fue tomada en un evento del refugio La Casa del Padre, administrado por Jáuregui y su esposo, donde niñas de entre 10 y 13 años que quedaron embarazadas tras abusos fueron presentadas públicamente como un “logro” y “ejemplos” de maternidad.
Organizaciones de derechos humanos calificaron estas exposiciones como abominables y peligrosas. Las organizaciones Flora Tristán y Manuela Ramos condenaron la utilización del sufrimiento de estas niñas para reforzar narrativas antiderechos y criticó la presentación mediática de sus casos como forma de promover un discurso que niega el derecho al aborto terapéutico incluso en casos de violación. En esa misma línea, la organización de derechos humanos DEMUS condenó este acto como tortura, “el Estado sigue sometiendo a un embarazo forzado a niñas y adolescentes. Esta práctica ha sido calificada por el Comité contra la Tortura como un trato cruel, inhumano y degradante que no podemos seguir tolerando”.
¿Albergue social o herramienta política?
El albergue “La Casa del Padre” figura como el epicentro de la controversia. Según reportes, el lugar recibe a niñas y adolescentes embarazadas a causa de violaciones, derivadas por el Ministerio de la Mujer y Juzgados de Familia.
Las declaraciones de la congresista Milagros Jaúregui, vinculada a la dirección del refugio, profundizaron aún más las críticas. En público, sostuvo que ninguna menor se arrepiente de haber dado a luz y que “no pueden ver al niño como una maldición”, incluso cuando el embarazo sea consecuencia directa de una agresión sexual. Esto generó protestas entre colectivos de defensa de derechos humanos como Aprodeh, DEMUS, Flora Tristán, Manuela Ramos y la Asamblea Verde, quienes señalaron que estas afirmaciones minimizan el abuso infantil, dejan de considerar a las niñas como víctimas y constituyen una forma de revictimización.
A pesar de ello, Aguayo defendió su trabajo en un comunicado, asegurando que el refugio cumple con la normativa vigente y que su operación está supervisada por el Ministerio de la Mujer (MIMP). “Son atendidas en un claro espíritu de apoyo complementario al Estado, sin sustituir ni interferir en las competencias que la ley le asigna”, sostuvo.
Denuncia penal contra Jauregui
Hoy, lunes 9 de febrero, la activista Gahela Cari Contreras ha interpuesto una denuncia penal contra la congresista Milagros Jáuregui por la presunta comisión del delito de lesiones graves mediante omisión propia. La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas de la legisladora, quien habría admitido gestionar un albergue privado —denominado «Refugio Casa del Padre»— donde se acoge a niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, algunas de ellas embarazadas. Según el documento, Jáuregui habría asumido una posición de garante de facto sobre estas menores, pero habría omitido deliberadamente garantizarles el acceso al aborto terapéutico, derecho legalmente reconocido en el Perú cuando existe un riesgo grave para la salud física o mental.
El argumento central sostiene que la «continuidad forzada del embarazo» en niñas de entre 10 y 13 años constituye una forma de revictimización institucional que genera daños psicológicos severos, permanentes y previsibles. La denuncia señala que, al ejercer un control efectivo sobre las menores derivadas por entidades estatales (como el MIMP), la denunciada habría bloqueado la posibilidad de evaluaciones médicas independientes y el acceso a información veraz, induciendo a las víctimas a una maternidad forzada. Por ello, se solicita a la Fiscalía iniciar una investigación preliminar para identificar a las víctimas, realizar peritajes psicológicos y determinar las responsabilidades penales de la congresista y de quienes resulten responsables.
Críticas desde expertos: “forzar a gestar es tortura”
Especialistas en derechos sexuales y reproductivos también han señalado la gravedad de estas prácticas. Según la activista por el derecho a decidir, Estheffany Chavez, en estos lugares —a los que incluso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) deriva a las niñas— no se garantizan derechos fundamentales, sino que se les obliga a continuar embarazos producto de violación, desconociendo que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde hace más de 100 años. “Esto no es protección, es violencia institucional”, señaló, al remarcar que se priva a las víctimas de información, atención en salud integral y alternativas reales, afectando gravemente su salud física y mental.
Emilia Salazar, socióloga de la organización DEMUS, afirmó que “forzar a gestar no es proteger, es tortura”, y denunció que las imágenes difundidas desde el albergue muestran a niñas cargando a sus bebés frente a un público, siendo presentadas como supuestos “casos de éxito” sin considerar su sufrimiento real.
Salazar añadió que la exposición pública de víctimas de violación y la negación del acceso al aborto terapéutico exhiben un patrón de violencia estructural hacia niñas y adolescentes, especialmente en un contexto donde la Educación Sexual Integral (ESI) y el acceso a derechos reproductivos están siendo bloqueados por discursos antiderechos en el Congreso.
Instrumentalización política y agendas antiderechos
Este uso político de los casos de violencia sexual y embarazo infantil no ocurre de manera aislada. Grupos ultraconservadores, como Renovación Popular, han impulsado iniciativas que restringen derechos relacionados con la educación sexual, la atención de las violencias de género y la regulación del aborto terapéutico, según lo señalado por Chavez activista en la organización Marea Verde.
Críticas de organizaciones, activistas y académicos señalan que estos discursos buscan desinformar y reducir la capacidad de la población de conocer y defender sus derechos, con el objetivo de construir una base electoral conservadora que retroceda en políticas de igualdad y justicia de género. En este sentido, el caso del refugio Casa del Padre habría servido no solo para promover una imagen y discurso ideológico, sino también para consolidar apoyos políticos basados en narrativas que naturalizan la violencia de género y minimizan el trauma de las víctimas.
Al respecto, la exministra de la Mujer, Anahí Durand, denunció que existe una “politización del dolor” de niñas víctimas de abuso, que se traduce en discursos que buscan posicionarse electoralmente a costa de negar derechos básicos. Señaló también que estas entidades, al recibir recursos públicos por contratos con el Estado, pueden estar generando beneficios económicos para figuras políticas a partir del sufrimiento de personas vulnerables.
Un llamado al fortalecimiento de derechos: frente al retroceso, educación y ESI
La tensión entre grupos conservadores y comunidades feministas refleja un contexto más amplio de disputa por derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Activistas han advertido que mientras se niegan políticas preventivas como la ESI, se incrementan situaciones de embarazo infantil y violencia estructural hacia niñas y adolescentes.
Según datos de UNFPA, cada día al menos 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas producto de violencia sexual en el país, y que la Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de muerte es hasta cinco veces mayor en embarazos infantiles. Para la Asamblea Verde, este escenario no es casual: responde al bloqueo sistemático de la Educación Sexual Integral (ESI) y al ataque constante a políticas de salud reproductiva como los anticonceptivos gratuitos y el aborto terapéutico, impulsados por sectores fundamentalistas.
“Negar derechos para luego usar el dolor de las niñas como proyecto político es una forma de tortura cruel”, afirmó la comunicadora, responsabilizando directamente al MIMP por derivar a las víctimas a espacios revictimizantes y reafirmando que se trata de una estrategia de poder que trafica con el sufrimiento de las infancias. La vocera anunció que hoy a las 3 de la tarde se realizará un plantón frente al Ministerio de la Mujer, para exigir justicia para las víctimas de violencia sexual y el cumplimiento efectivo del aborto terapéutico conforme a ley.
Colectivos y expertas en derechos humanos coinciden en que la respuesta debe centrarse en políticas públicas basadas en evidencia, educación, atención integral a víctimas de violencia y garantías efectivas de derechos reproductivos, frente a agendas que utilizan el dolor de quienes ya han sufrido abusos como herramienta política para mantener espacios de poder.
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