Por Graciela Tiburcio Loayza

En Perú, el asesinato de mujeres es pan de cada día. Solo en los dos primeros meses del año se perpetraron cerca de 30 feminicidios y ninguno de los agresores está sentenciado.

Las dolorosas cifras parecen decirnos que la impunidad es la norma, porque los primeros informes del MIMP evidencian la misma tendencia con la que terminó el 2018. De los 149 feminicidas del año pasado, el 42 % está detenido pero sin sentencia, mientras que el otro 48 % está libre, prófugo o sin condena.

La violencia contra la mujer es cada vez más visible, pero la justicia no llega a las víctimas ni a sus familias.

Para Brenda Álvarez, abogada y coordinadora del Área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), existe una “falta de debida diligencia en la investigación y judicialización de estos casos” que impide una pronta acción por parte del Estado para atender las denuncias de desaparición de mujeres, que en la mayoría de casos son las primeras señales de un posible feminicidio.

“El sistema de justicia está colapsado y esta situación se agrava por el desconocimiento de cómo abordar estos crímenes y el desdén machista de los operadores de justicia que, basados en estereotipos de género, no activan protocolos de búsqueda frente a una denuncia de desaparición porque consideran que las mujeres desaparecen por rebeldía o por ser ‘malas mujeres’, declaró Álvarez para Wayka.

Sin interés por prevenir

Este progresivo aumento de casos hizo que en el 2017, Perú sea el noveno país con mayor incidencia de feminicidios en América Latina y el Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.

Los registros del Ministerio Público indican que en los últimos diez años, mil 201 mujeres fueron víctimas de feminicidios; donde 9 de cada 10 de ellas murió a manos de su pareja o expareja.

Ante esta violencia perpetua, diversos colectivos de mujeres y de la sociedad civil han denunciado en reiteradas ocasiones lo que para ellas es una falta de voluntad del Estado por garantizar seguridad hacia las vidas de las mujeres.

“La ausencia de justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias es violencia de género institucional”, resalta la abogada de Promsex, quien además enfatiza en la falta de políticas de prevención para combatir la violencia de género.

“Para que el Estado destine presupuesto para prevención o para garantizar justicia tienen que ser asesinadas muchas mujeres, recién ahí se ve la necesidad de abordar este problema. La política pública peruana es reactiva y está enfocada en la atención de la violencia. No así en la prevención y en el acceso a la justicia”, denunció.

Al respecto, la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer, señaló a Wayka que la prevención de la violencia debe trabajarse desde la infancia y para ese proceso las escuelas son actores clave. La incorporación del enfoque de género en el currículo escolar ayudaría a reducir estas cifras en el futuro.

“El enfoque de género contempla enseñar relaciones respetuosas y equitativas entre varones y mujeres. Tradicionalmente lo que se ha dado, es que el hombre tiene el poder y la mujer de alguna manera se somete, eso ha llevado a situaciones no solo de inequidad sino inclusive de violencia, de violencia verbal, de violencia física que a veces alcanza espeluznantes”, declaró Helfer.

El último reporte del Ministerio Público muestra un lúgubre escenario para la vida de las mujeres. De acuerdo a la tasa de feminicidios, se espera que, en el peor de los casos, para el 2021, los feminicidios aumenten en 1,2 con respecto a las cifras actuales.

¿Cuántas mujeres más deben morir para que la prevención sea una prioridad?