De víctima a victimaria: Estado peruano sentencia a policías que agredieron sexualmente a Azul Rojas, pero la persigue por crimen organizado

La defensora trans Azul Rojas Marín, agredida por agentes de la PNP en 2008 y cuyo caso llevó a una condena del Estado peruano en la Corte IDH, enfrenta hoy una sentencia de ocho años por organización criminal. Vive escondida mientras espera que la Corte Suprema resuelva su recurso de casación.

Por Gabriela Coloma Montoya
Material fotográfico y audiovisual Juan Mandamiento 

Azul prefiere no compartir su dirección exacta hasta que estemos cerca. Envía una ubicación de referencia y, al llegar, nos recibe desde el teléfono: “Caminen. Péguense a la derecha y, cuando oigan el sonido del timbre, ingresan”, indica mientras observa nuestra llegada a distancia. Reconoce que la clandestinidad la ha vuelto una persona desconfiada y que la soledad se ha instalado en su rutina diaria. Aun así, nos recibe con una sonrisa. Está dispuesta a contar todo lo que viene atravesando desde hace algunos años. Sabe que guardar silencio ya no es una opción. 

Tiene 44 años, pero ha pasado más de la mitad de su vida enfrentada al sistema de justicia; y, desde hace seis, es perseguida por él. En 2008 denunció en la Comisaría de Casa Grande y en la Fiscalía Provincial de Ascope, en la región La Libertad, haber sido agredida sexualmente por tres agentes policiales identificados como el técnico de segunda Dino Horacio Ponce Pardo (54), el suboficial de tercera Luis Miguel Quispe Cáceres (40) y el suboficial Juan Isaac León Mostacero (40).

El hecho ocurrió un 25 de febrero, a medianoche, cuando se dirigía a su casa, ubicada en el caserío Anexo Lache, cerca de la carretera industrial. De forma intimidante, un grupo de serenos y un policía le indicaron que debía tomar precauciones por desplazarse sola a esas horas. Minutos después, los mismos la registraron, golpearon y obligaron a subir a la patrulla mientras le gritaban palabras cargadas de odio.

Cerca al caserío, Azul fue detenida y llevada a la Comisaría de Casa Grande, a unos 10 minutos del Anexo Lache, donde fue torturada y abusada por tres agentes policiales. Foto: Juan Mandamiento.

Al llegar al establecimiento policial, la desnudaron, torturaron y violaron. La mantuvieron retenida en una celda y, hasta las seis de la mañana del día siguiente, su detención no quedó registrada. Su denuncia tampoco recibió la atención debida por parte de las autoridades locales. Hasta que, en instancias internacionales, logró obtener una respuesta.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó juzgar al Estado peruano, así como sancionar a los agentes del orden responsables del delito, tras vulnerarse los derechos de una mujer debido a su identidad de género. En aquel proceso, tres organizaciones llevaron el caso: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust, dedicada a la búsqueda de reparaciones para sobrevivientes de tortura.

Cinco años después de la sentencia de la Corte IDH, en 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional ha iniciado el juicio oral contra los efectivos, quienes, según información proporcionada por la propia Policía Nacional del Perú (PNP), dos de ellos aún se encuentran en actividad, libres e impunes mientras dure el proceso. Este 15 de diciembre, el Poder Judicial los ha sentenciado, en primera instancia, a 17 años de prisión efectiva por los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en perjuicio contra Azul. 

Perseguida por el sistema 

Sin embargo, al tiempo que Azul espera los resultados del juicio mencionado, otro proceso paralelo la ha obligado a vivir escondida. El 10 de enero de 2019, la Policía allanó la casa de su hermano mientras ella se encontraba en la vivienda junto a algunos familiares y sujetos invitados por su nuera. En el domicilio, se hallaron municiones y armas de fuego en uno de los dormitorios, por lo que la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Rojas Marín por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. El pedido se respaldó en el hallazgo de unas fotografías en su teléfono móvil. No obstante, quedó desestimado por contradicciones y arbitrariedades en el juicio. 

“Los policías declararon que entraron a la casa porque habían visto a un sujeto que caminaba por la calle con un arma de fuego y que mostraba una actitud sospechosa. Indicaron que estaban buscando a alias ‘Cabezón’, pero realizaron la intervención sin la presencia de ningún fiscal. También incautaron mi celular, aunque los hechos no coincidían con lo que señalaban. Ellos ingresaron a las 4 de la tarde, y la foto era de las 5:10. Cuando yo ya estaba en la comisaría. A mí me sembraron y el juez me absolvió. Incluso ordenó que se investigue a los mismos policías por mala práctica y una deficiente investigación”, explica. 

También añade que, durante aquella diligencia, cuando fue trasladada al establecimiento policial—donde la retuvieron por cinco días—, un mayor de apellido Palomino la vio y dijo: “¿Qué hace este maricón aquí? (…) ¿Para qué lo han traído?… Ahora viene Derechos Humanos?”, recuerda. 

Meses después, pese a que la Sala confirmó su absolución por la acusación de tenencia ilegal, la persecución no cesó. La Fiscalía volvió a formular cargos en su contra, esta vez por crimen organizado y su presunta participación en la banda criminal autodenominada ‘Los Causas Siempre Activos’, liderada por el fallecido Jin Huaccha de los Santos y por los lugartenientes Carlos Mantilla de los Santos y Miguel Huaccha de los Santos, dedicada a la extorsión, el robo, el comercio de drogas, entre otros delitos. Según la tesis fiscal, ahora se le atribuía participación en el organigrama criminal como la persona que habría arrendado un inmueble a los integrantes de esta red.

“Decían que yo era colaboradora de la organización y me vuelven a detener por 21 días; otra vez solicitan prisión. Afirmaban que existía una escucha en la que el líder de esa organización decía que yo los había acusado y, por eso, ordenaba que me mataran. Pero, además, no existía ni una sola comunicación en la que ellos dijeran: ‘Azul, estamos yendo a tu casa’ o ‘ya hemos ido’. Todas esas conversaciones que deberían probar lo que sostienen, según los fundados elementos de convicción que exige el artículo 268 del Código Penal, no existen”, añade Azul, quien viene estudiando Derecho para, como ella describe, “saber de lo que está hablando”.

Respecto a la acusación que enfrenta por el delito de organización criminal, ninguna organización ha contribuido con su defensa. Desde la CNDDHH, nos señalaron que esperan continuar con las investigaciones, mientras que Promsex mantiene su acompañamiento únicamente en el juicio contra los policías que la agredieron.

A la fecha, el Poder Judicial ha emitido una sentencia condenatoria en segunda instancia contra ella por ocho años de pena y una reparación civil de 2 millones de soles. De ser arrestada y llevada a prisión, teme que atenten contra su vida. Supone que es por el juicio en contra de los policías por el caso de violación. De ocurrir ello, según la ley procesal, ambos casos quedarían archivados. 

Un recurso que se hizo esperar

Con el fin de revertir su situación, hace un año que la defensa de Azul Rojas, bajo el N° Expediente 06311-2024-0-5001-SU-PE-01, esperaba respuesta del recurso de casación presentado ante la Corte Suprema de Lima. Tras esa larga demora,  recientemente la Sala Suprema Penal Permanente aprobó resolver la calificación y el pedido de suspensión de la sentencia para el próximo 14 de enero del 2026. 

La pregunta es: ¿por qué demoró tanto en obtener respuesta? Según lo indagado, el trámite permanecía entrampado en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, presidida por Cecilia Milagros León Velásquez. Cuando acudimos de manera presencial para consultar sobre la situación, la magistrada indicó que no podía atendernos, y su secretaria, Tania Polo Otoya, señaló que responderían por correo electrónico. Desde entonces, se han enviado reiteradas solicitudes de información sobre el expediente N.° 00291-2018-21-1616-JR-PE-0 y se ha pedido formalmente entrevistar a León. Hasta el cierre de esta edición, no hay respuesta.

En la clandestinidad 

A Azul, los ruidos fuertes la alteran: el golpe de una puerta o la sirena de una patrulla basta para interrumpir cualquier conversación. Escucharlos es sinónimo de alerta, y pensar en lo que podría ocurrir si la encuentran le roba el sueño y la esperanza de que, algún día, la justicia esté de su lado.

Pese a que la Corte IDH ordenó al Poder Judicial y Ministerio Público otorgar indemnizaciones económicas a Azul Rojas, hasta el momento, ninguna entidad del estado ha cumplido con la sentencia. Foto: Juan Mandamiento. 

Debido a su situación legal, las clases de Derecho que inició hace algunos años han tenido que pasar a la virtualidad. Comenta que no puede encender su cámara ni coordinar con sus compañeros por motivos de protección. No se deja ver, pero sí escuchar.

Al hablar de su carrera, sonríe. Agradece la oportunidad de estar becada en la institución que pidió mantener el nombre reserva. Con nostalgia, también anhela volver algún día a su natal caserío Anexo Lache, donde algunos vecinos aún la recuerdan y preguntan por ella. Nos dice que extraña su antiguo hogar, que sueña con él. Tanto como extraña a su madre, Juana Rosa Tanta Marín —a quien describe como su compañera y gran amiga—y que falleció en 2017. “Ella era quien me orientaba y ayudaba”, apunta. 

No obstante, su recuerdo permanece presente en una fotografía enmarcada en un cuadro dorado que mantiene vivo el vínculo entre ambas. Fue ese preciado objeto el que, en 2022, en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, acompañó a Azul durante las disculpas públicas ofrecidas por el Estado peruano en el auditorio del Ministerio de Justicia, acto que buscó reconocer la vulneración de sus derechos al haberse archivado en Fiscalía y en el Poder Judicial las denuncias por violación y abuso de autoridad que ella interpuso.

“Siempre me decía: ‘Algún día Dios te va a dar la razón’. Tristemente, no pudo conocer la sentencia de la Corte, pero siempre confió en que llegaríamos”, recuerda.

El proceso que definirá su futuro

Hace unas semanas, debido a que los retrasos en su caso persistían, su actual abogada, quien prefiere mantener su identidad en reserva, solicitó un nuevo pedido a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia: que se confirme el efecto suspensivo del recurso de casación, a fin de que el juzgado ordene no ejecutar la sentencia condenatoria mientras dicho recurso esté pendiente. En otras palabras, se pide que la ejecución de la pena de ocho años contra ella quede suspendida.

Cuenta que, en un inicio, su defensa le sugirió solicitar trabajo comunitario y arresto domiciliario por los cargos en su contra; no obstante, se negó a ese pedido, ya que aceptar dicho acuerdo implicaría “reconocer una responsabilidad penal que no existe”, acota. 

“A mí de manera injusta me han condenado en primera y segunda instancia. Llevo luchando 17 años para que se me haga justicia de lo que me hicieron. Si Dios me presta vida, voy a seguir luchando por demostrar que verdaderamente soy inocente (…) Y creo en la inteligencia y en la sabiduría que tienen los jueces supremos para poder resolver mi caso”, enfatiza.

En ese contexto, mientras el nuevo proceso continúa, Rojas Marín permanece sin acceso a atención médica y su salud se ha agravado por el confinamiento. Sufre fuertes dolores de cabeza, erupciones en la piel y episodios de inflamación abdominal. Además, pese a que la Corte IDH ordenó al Poder Judicial y Ministerio Público otorgar indemnizaciones económicas a Azul Rojas, hasta el momento ninguna entidad del estado ha cumplido con ello. 

El caso de Azul no es aislado. Según datos proporcionados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2000 se han iniciado 954 procesos de criminalización en el país: 273 contra defensores ambientales, 238 dirigidos a líderes indígenas, 115 a sindicalistas y 328 a otras personas defensoras, entre ellas artistas y activistas sociales. Rojas Marín forma parte de este último grupo.

“Aquí no se trata solo de mí, sino de cualquier ser humano que no tuvo la fortuna de encontrar policías dispuestos a protegerla. Yo quiero justicia y que las autoridades dejen de lado los prejuicios que nos siguen viendo a las mujeres trans como objetos. Mi mamá siempre decía: ‘A las personas hay que verlas como alguien, no como algo’. Nuestra identidad de género no da derecho a nadie a discriminarnos ni violentarnos. Tengo 44 años y sé que la esperanza de vida de las mujeres trans es muy corta. Aun así, continúo luchando. A veces caigo, sí, pero sigo adelante”, aclara.

Y añade: “Me siento orgullosa del camino que he recorrido, aunque a veces me pregunto cuánto más tendré que soportar. Pero esta es una oportunidad para que el sistema de justicia se reivindique y envíe un mensaje digno a la comunidad LGTB. Los operadores de justicia también son padres y madres; deberían ponerse en nuestro lugar”, finaliza.

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