La Asociación de Mujeres de Huancabamba en la región de Piura hacían uso del terreno comunal como centro de desarrollo y fortalecimiento para las mujeres de su localidad. Denuncian presunta usurpación y falta de apoyo del Estado.

Por Malú Ramahí, corresponsal en Piura

En la Casa de la Mujer de la Asociación de Mujeres de Huancabamba (AMHBA) en Piura, cerca de 40 víctimas de las esterilizaciones forzadas escuchaban atentas una capacitación sobre derechos humanos cuando, a gritos, alrededor de 200 comuneros empezaron a rodear los terrenos donde se encontraban.

Era domingo 29 de enero, y se trataba de la Comunidad campesina de Quispampa, liderada por su presidente Julio César Neira Campos, quienes habían advertido semanas antes que irían hasta los terrenos que posee la asociación de mujeres para “recuperarlos” y construir la ampliación de un colegio. Los comuneros aseguran que las tierras les pertenecen, pese a que fueron cedidas indefinidamente a la AMHBA hace 27 años, a través de un acuerdo cuatripartito.

El cuestionado desalojo fue transmitido en vivo por el medio La Cabana Tv. Dilcia Cano Guerrero, presidenta de la AMHBA fue invitada a salir del local para dar su versión. «Yo soy comunera y no quiero problemas (…). Ya lo veremos las cuatro partes,  siempre y cuando nos reconozcan los trabajos que tenemos», enfatizó.

Tras lograr entrar a la fuerza a los terrenos, la comunidad campesina de Quispampa rodeó la casa donde se encontraban las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Desde afuera, se encontraba Julio Neira encabezando la agrupación. “El convenio se ha deshecho por culpa de que ustedes la han abandonado (la casa)”, les dice a las mujeres minutos antes de que, a gritos  y humillaciones, empezaran a desalojarlas.

Víctimas de Esterilizaciones forzadas escuchan una charla sobre derechos humanos antes del desalojo.
Comunidad Campesina de Quispampa reunida en los exteriores de los terrenos cedidos a la AMHBA

FALTA DE APOYO

En 1996, a través de un convenio cuatripartito entre la Municipalidad Provincial de Huancabamba, el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), la AMBHA y la Comunidad Campesina de Quispampa, decidieron ceder indefinidamente los terrenos en beneficio para el desarrollo de  las mujeres de Huancabamba.

En ese entonces los predios que poseía la AMHBA tenían una extensión de 3 hectáreas, pero luego, en el año 2001, una hectárea fue tomada por la comunidad campesina de Quispampa para construir un mercado que ya no existe. Actualmente, las mujeres contaban solo con 2 hectáreas. En este espacio construyeron la Casa de la Mujer para el servicio de sus integrantes, quienes llegaban de todos los caseríos para capacitarse y realizar actividades de campo.

Según el convenio las integrantes de la AMHBA debían llevar a cabo todos los años diferentes proyectos relacionados al desarrollo personal, la agricultura y ganadería, pero esto, en los dos últimos años, junto con el mantenimiento de los locales, se hizo más difícil de sostener.

Carla Fernández, presidenta del IAMAMC, señala que, detrás del deterioro de los locales y la falta de ejecución de proyectos de la AMHBA, existe mucha falta de apoyo que no han podido suplir debido a la ausencia de recursos económicos, pero, a pesar de ello, siguieron presentes.

Durante este tiempo de recuperación económica, tras la pandemia por el Covid-19, las mujeres utilizaban los locales para recibir capacitaciones y para escuchar las audiencias del juicio contra el expresidente Alberto Fujimori y su ex ministro de Salud por el caso de esterilizaciones forzadas.

«La AMHBA sigue trabajando, está muy enfocada en el trabajo de justicia y reparación. La Casa de la Mujer era el lugar donde ellas se visibilizaban en su lucha”,  comenta Fernández.

Cabe señalar que son más de 300 mujeres que pertenecen a la asociación, de las cuales el 90% son víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), a través de sus redes sociales, exigieron justicia por las mujeres de la AMHB, y también denunciaron que los comuneros actuaron “en un ambiente lleno de amenazas, amedrentamiento y violencia psicológica”.

Sobre ello, Raquel Cuentas, docente de la PUCP quien ha seguido de cerca el trabajo de la asociación de mujeres, cuestiona la forma en la que fueron desalojadas las mujeres de Huancabamba.

«Han usurpado de manera coercitiva a las mujeres que estaban reunidas, pero no van a destruir su lucha, con o sin local ellas van a seguir siendo la AMHBA, su lucha por justicia y reparación es algo que tenemos que reivindicar», resalta.

Victoria Vigo, víctima de las esterilizaciones forzadas y defensora de los derechos humanos, también se mostró indignada por la situación que tuvieron que vivir las integrantes de la AMHBA. Vigo, en años anteriores, tuvo la oportunidad de visitar esta Casa de las Mujeres.

«Vi como ellas se habían organizado, llegaron de todos los lugares, llegaron muchas señoras, el lugar estaba muy bien conservado, esto fue antes de la pandemia. Luego sí hubo un tiempo de crisis, todos pasamos por esa crisis en la pandemia, pero a mí me pareció excelente que la comunidad pueda acoger a las víctimas, para que se puedan reunir y fortalecer», menciona.

Vigo también considera que es errado decir que es un lío de terrenos, ya que predomina también el machismo. «Hay un convenio y se tiene que respetar. En pleno siglo XXI se sigue atropellando a las mujeres de esa manera», recalca.

DENUNCIAN PRESUNTAN USURPACIÓN

Elva Suárez Peña, representante del convenio IAMAMC-AMHBA,  indicó que ya realizaron la denuncia respectiva por presunta usurpación a quienes, consideran, estaban involucrados en el desalojo. Entre los denunciados se encuentran Julio Neira Campos,  María Esperanza Peña Ramirez,  Juan Ricarte Ramírez Santos, Arcenio Guevara Ojeda y Rosa García Ferceque.

“El problema de la comunidad no es de hoy, es de muchos años atrás(…) Los diferentes presidentes (de la comunidad) que han pasado siempre han venido amenazando que van a invadir, con diferentes argumentos”, cuenta Suárez, quien durante el desalojo fue rechazada por la comunidad. 

De otro lado, en una entrevista para Wayka, Julio Neira Campos, denunciado por supuesta usurpación, insistió en que los terrenos se encontraban en total abandono y aseguró que las mujeres nunca se reúnen en la Casa de la Mujer. También dijo que la ampliación del colegio aún no se decide por la Asamblea general de la comunidad, pero que de igual forma lo usarán para el cultivo de plantas.

Mientras tanto, las mujeres de la AMHBA deberán esperar que las investigaciones prosperen para así poder recuperar los terrenos donde iban a realizar los próximos proyectos, que por motivos económicos y personales, debieron pausar.