Por Johana Perleche
La situación del aborto en la región es profundamente desigual. Mientras algunos países tienen despenalizado el aborto, al ser un tema de salud pública, otros criminalizan y persiguen a las personas que necesitan acceder a este proceso sin importarles si se trata de niñas o si el embarazo no deseado fue producto de una violación sexual.
Para entender la situación política y social del derecho a decidir en América Latina, entrevistamos a expertas en temas de género y derechos humanos de Ecuador, Colombia, México, El Salvador y Perú. Ellas nos hablaron sobre los esfuerzos colectivos que realizan en sus países por un aborto legal, seguro y gratuito.
El derecho al aborto: despenalizado en algunos países y criminalizado en otros
Los derechos de las mujeres se han conseguido gracias a luchas históricas de nuestras ancestras. Así se consiguió el derecho al voto, a la educación universitaria, a la libertad de expresión y opinión, entre otros. En la actualidad, aún faltan espacios por conquistar para lograr una autonomía completa sobre nuestras vidas y cuerpos.
En El Salvador, niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar se encuentran en una situación de riesgo. Desde hace dos años, este país se rige bajo un régimen de excepción por el régimen dictatorial de Nayib Bukele. Esto implica la vulneración de derechos de las personas, pero especialmente el hostigamiento y persecución a activistas, quienes pueden ser detenidos en cualquier momento acusados de hacer apología a delitos.
El aborto está prohibido en este país en todas sus formas desde 1998, con procesos judiciales injustos que pueden terminar en sentencias de hasta 40 años de cárcel. Además, existe una ley que propone que la vida inicia con la concepción. Todo ello ha llevado a la criminalización de mujeres que acuden a centros de salud por emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios.
“Es a partir de las denuncias del personal de salud que se criminaliza a las mujeres, quienes en su mayoría son personas que viven en situación de vulnerabilidad, que no han tenido acceso a una educación formal, que desconocen sus derechos. Se criminaliza precisamente a quienes no se les garantiza estos derechos básicos universales, que son la educación, la salud, el empleo, una vivienda digna”, señala Metzi Rosales Martel, directora editorial de Alharaca, El Salvador.
Por otro lado se encuentra Colombia, en una situación completamente opuesta a El Salvador.
En todo el territorio colombiano, el aborto es legal y está despenalizado hasta la semana 24 de gestación gracias a la sentencia que la Corte Constitucional dio en 2022 tras las arduas luchas de mujeres y activistas.
Aunque es uno de los marcos legales más avanzados en la región, al no pedir razones por las que una persona necesita este procedimiento médico, aún existen dificultades para garantizar este acceso en todos los casos.
“A ti no te pueden exigir un motivo por el cual vas a abortar. Tú puedes ir a abortar hasta la semana 24 sin que nadie te pregunte; eso debería pasar, pero no pasa. En el papel super bonito, el aborto es legal, todo el mundo puede acceder, pero en la práctica no es así”, sostiene Mariana Escobar, periodista de Género y Diversidad de El Espectador Colombia.
En este país no existe el protocolo de aborto terapéutico debido a que el aborto está despenalizado en todas sus causales hasta la semana 24. Sin embargo, de ser necesario acceder al aborto después de este periodo de tiempo, solo se podrá por tres razones: violación o incesto, inviabilidad del feto fuera del útero o porque la salud mental o física de la persona gestante está en riesgo.
Siguiendo los pasos de Colombia está México, que logró sacar el aborto del Código Penal a nivel federal hace un año, en septiembre de 2023.
“Eso es algo muy importante porque mientras el aborto esté criminalizado y lo esté atendiendo el derecho penal, la posibilidad de que prestadores de servicios, médicos, acompañantes y personas que necesiten abortar terminen criminalizadas es muy alto”, explica Catalina Ruiz Navarro, directora de la revista de periodismo feminista Volcánicas.
La filósofa y periodista colombiana que trabaja en México desde hace muchos años resalta la influencia de la despenalización del aborto en Colombia para que se logre este gran paso en el país norteamericano. La estrategia de sacar el aborto del Código Penal y de que su acceso no esté restringido a causales, implica dejar de criminalizar a niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar y reconocerles el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
“Cualquier embarazo no deseado, que te estén obligando a llevar a término, va a afectar de formas graves tu salud física y mental. Para mí, viniendo de esta línea de pensamiento del caso colombiano, absolutamente todos los abortos son terapéuticos. Más allá de eso, sacarlo del código penal es muy importante porque lo vamos a dejar de ver como un delito, para entenderlo como un problema de salud pública”, enfatiza.
La lucha continúa, ya que la despenalización solo a nivel federal complica su implementación. Si una persona necesita abortar, primero tendrá que saber si el centro de salud al que acuden pertenece al estado o se encuentra bajo el régimen federal, información que no todos tienen.
Aun así, ya hay 13 estados, incluida la capital, Ciudad de México, en los que el aborto voluntario es legal. En la gran mayoría de estos, se encuentra permitido hasta las 12 semanas de gestación. Además, en todo el territorio mexicano, el aborto está permitido en casos de violación.
Aborto terapéutico (AT) en América Latina
En Ecuador, el aborto solo está permitido por tres causales: por salud de la persona embarazada, por riesgo de vida y por violación. Recién en 2021 se despenalizó el aborto por violación hasta las 12 semanas en todo el país. Antes de ello, solo se permitía el acceso al aborto por violación cuando la víctima tenía algún tipo de discapacidad mental, un aspecto sumamente reduccionista.
“El tema del aborto se ve con doble vara. Cuando es por salud, realmente nunca se ha criminalizado de una manera muy fuerte; se ha llevado a cabo. Me atrevería a decir que todos conocemos a alguien que ha tenido un aborto espontáneo y ha tenido que hacer un aborto y no pasa nada. Es un procedimiento médico, como se debería de dar en todos los casos”, destaca Cristina Bazán, corresponsal ecuatoriana de Género de EFeminista.
La periodista y activista por los derechos de las mujeres explica que, de acuerdo con la Guía de Aborto Terapéutico, los embarazos de niñas menores de 14 años se consideran producto de violación, por lo que no es necesario el consentimiento de los padres para acceder a un AT, sino únicamente la decisión de la menor. Sin embargo, no se da una aplicación efectiva de la norma. En establecimientos médicos siguen poniendo trabas no especificadas en la guía.
“Los obstáculos burocráticos que les ponen a las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar cuando llegan al servicio de salud es grande. En el caso de violación, no necesitas poner una denuncia, pero te dicen que debes poner una denuncia. Las mujeres se asustan, les alargan el proceso y pasan las 12 semanas. Los médicos no conocen la ley, entonces dicen: ‘bueno, 12 semanas, usted ya tiene 13 semanas, no puede acceder’”, cuenta Bazán.
Aun así, ha sido un gran logro por parte de defensoras de los derechos de las mujeres que el aborto por violación sea legal, pues grupos conservadores se oponían e incluso difundían desinformación al respecto.
En Perú, el panorama es bastante desolador. Ni siquiera está permitido el aborto en casos de violación, incluso si se trata de niñas cuyos proyectos de vida se ven truncados. Desde 1924, solo está considerado el aborto terapéutico cuando la vida o salud de la persona gestante corre riesgo. En 2014, el Ministerio de Salud recién creó el Protocolo de Aborto Terapéutico, que no se aplica en todos los casos.
“En la región estamos sumamente atrasados. Tenemos desde hace 100 años ‘garantizado’ el aborto terapéutico, porque se legalizó el AT en 1924, pero en 100 años no hemos avanzado nada. Recién tuvimos una guía para la aplicación del aborto hace 10 años. En el caso del AT, tiene causales sumamente específicas y restrictivas, pero tampoco hemos avanzado en el caso de despenalización del aborto en casos de violación sexual y mucho menos en garantizar el aborto en todos los supuestos. Porque las mujeres finalmente tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, sostiene María Paz de la Cruz, coordinadora de campañas de Amnistía Internacional.
El mayor obstáculo peruano viene desde el Congreso y el Ejecutivo, tomado por grupos ultraconservadores fundamentalistas religiosos, que siguen publicando leyes que vulneran los derechos de las mujeres. Así, en noviembre de 2023, se aprobó la Ley N.° 31935 que “reconoce los derechos del concebido”, que atenta contra el acceso al aborto terapéutico, de por sí poco aplicado.
La sociedad peruana, sin embargo, sí está de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Una última encuesta de Ipsos de mayo de este año reveló que el 74% no pondría trabas para que una niña acceda a este procedimiento.
Por ello, organizaciones defensoras de derechos como Amnistía Internacional Perú, Manuela Ramos y Promsex se han unido para pedir que el Gobierno apruebe un protocolo específico de aborto terapéutico en casos de embarazo infantil y violación sexual a menores de edad, quienes en muchas ocasiones son obligadas a dejar de ser niñas para convertirse en madres.
En la última década, solo 6 de cada 100 niñas menores de 15 años que quedaron embarazadas producto de violación sexual accedieron a un AT, según información del Ministerio de Salud y gobiernos regionales. Esta indignante cifra solo refleja la indiferencia y negligencia con la que se tratan los derechos de las niñas.
“En realidad, no se está aplicando efectivamente el AT, pero hay una ruta específica que es el caso de embarazo infantil, desde la que estamos demandando que se cree un protocolo específico para garantizar aunque sea que las niñas puedan acceder al AT”, señalan desde Amnistía.
Despenalización del aborto: principales obstáculos en América Latina
Las sociedades religiosas y conservadoras son el común denominador en Latinoamérica. Esto ocasiona que el aborto sea un tema tabú, que conlleva al estigma y la culpa para quienes acceden al procedimiento médico. En el campo de la salud, algunos médicos usan la objeción de conciencia para incumplir sus obligaciones profesionales en base a sus creencias religiosas; impidiendo así que niñas y mujeres accedan al aborto.
“Una de las causales dice que se puede abortar por salud mental, pero hay muchos psicólogos y psiquiatras que no dan su consentimiento médico, su aprobación en decir que efectivamente continuar con ese embarazo podría afectar la salud mental de la mujer y persona gestante, entonces esa también se vuelve una barrera”, explica Mariana Escobar.
Esto pasa en Colombia, uno de los países de América Latina más avanzados en el acceso legal, seguro y gratuito al aborto, pero también ocurre con mayor frecuencia en Ecuador, México y Perú, cuyas legislaciones son más restrictivas en este aspecto.
Otro factor común es la falta de establecimientos de salud que tengan la infraestructura adecuada y personal capacitado para realizar el aborto terapéutico o sin causales, según el país. Al respecto, Cristina Bazán cuenta que quienes viven en zonas rurales de Ecuador deben viajar por horas o días para encontrar un centro médico de primer nivel. Esto implica tiempo, dinero y soporte emocional de los que muchas niñas y mujeres carecen.
Además, si se trata de comunidades indígenas u originarias, el acceso se complica ya que la información no está disponible en sus lenguas maternas, sino solo en español. Tampoco hay un enfoque intercultural en la manera de abordar esta problemática, como sucede en Perú con el indignante caso de escolares awajún en Condorcanqui, Amazonas, que fueron violentadas por sus maestros y obligadas a ser madres.
El aborto es un asunto de salud pública. Así lo sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según este organismo internacional, anualmente casi la mitad de todos los embarazos –121 millones– son no deseados. De este número de embarazos no deseados, 6 de cada 10 acaban en un aborto inducido.
América Latina, al ser una región que no tiene legalizado completamente el aborto –incluso en casos como El Salvador está completamente prohibido– personas acuden a centros clandestinos para acceder a este procedimiento.
El aborto inseguro es un grave problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. Un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard calculó que cada año se producen 20 millones de abortos inseguros, que causan aproximadamente 68.000 muertes y 5 millones de casos de discapacidad.
Despenalizar el aborto ayuda a garantizar que quienes necesitan acceder a este procedimiento lo hagan de manera segura y no mueran en el proceso. La lucha en América Latina continúa para que mujeres y personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre sus cuerpos y, en el caso de las niñas, no sean torturadas al ser obligadas a convertirse en madres.
