Por Pedro Francke

La ley petrolera de PPK – Keiko sigue en primera fila para su aprobación en el Congreso, al ser exonerada del trámite de las comisiones de Medio Ambiente y de Economía por la mayoría fujimorista. Podría ser aprobada esta misma semana.

Como vimos en un artículo anterior, este proyecto de ley reduce las regalías que deben pagar las petroleras al Perú, desfinanciando con ello, los fondos del Canon que van a Piura y Tumbes principalmente. Además, rebaja estándares ambientales y desconoce, inconstitucionalmente, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, algo que luego de enormes desastres ambientales en sus territorios, es un tema muy sensible para ellos.

Lo más grave del proyecto presentado por PPK y promovido por Keiko Fujimori es que beneficia a dedo a media docena de empresas en la costa norte, empresas que podrán seguir veinte años más de lo contratado, pagando menos regalías. Dicha reducción de regalías dependerá de unos funcionarios de tercer nivel en vez de ser sometido a licitación o al menos, como ahora, requerir un decreto supremo con firma del Presidente de la República.

El proyecto de PPK-Fujimori dice además que las petroleras podrán ver sus contratos prorrogados aunque tengan juicios pendientes del Estado Peruano. Y miren qué casualidad, justamente Pluspetrol es una trasnacional petrolera que le debe 30 millones de soles en multas ambientales al Estado Peruano pero que no paga porque ha reclamado ante una justicia que va recontra lenta. Es decir, estos contaminadores sinvergüenzas que ni siquiera pagan las multas, ¡encima van a poder quedarse 20 años más!

La ley petrolera que Keiko ha defendido en entrevistas públicas tiene varios otros elementos negativos. Por ejemplo, en su artículo 6 dice que cuando el Estado Peruano vía Perupetro quiera obtener información de los lotes petroleros, no puede incomodar ni con el pétalo de una rosa a las empresas. Además, la información petrolera, que hoy debe ser de dominio público, las trasnacionales petroleras se la van a poder reservar cuando quieran diciendo que es “secreto comercial”, lo que reduce las posibilidades de competencia y aumenta su poder de negociación.

Hay más. Cuando una trasnacional petrolera quiera vender su negocio a otra, hoy eso debe ser aprobado por el gobierno, pero con el artículo 17 de la ley Keikopetrolera, el Perú tendría que aceptar quien sea que venga a sacar nuestro petróleo, aunque tenga muy mala fama o mínima capacidad. ¿Para qué entonces pediríamos que vengan empresas más confiables y de mejor tecnología, si pueden traspasar el negocio a quien sea cuando quieran?

Los problemas siguen. Como por ejemplo, cuando la ley Keiko dice que si una petrolera no paga las regalías que debe y el estado Peruano quiere cobrarse reteniendo nuestro petróleo, va a tener que pedirle permiso a la trasnacional evasora para venderlo. Parece increíble, pero así lo dice el artículo 42 del proyecto.

No es de extrañar. El proyecto aprobado por la comisión de energía y minas fujimorista escuchó a la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y las cita a lo largo de 55 páginas, pero no escuchó a los sindicatos petroleros ni a los pueblos indígenas ni a los gobiernos regionales de Piura, Tumbes Loreto o Ucayali. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales por escrito se opuso al proyecto, pero no les dieron pelota.

Mientras el Perú requiere un plan energético nacional que promueva energías renovables y recuperar sus recursos de petróleo y gas como hizo Bolivia, la ley PPK – Keiko da aún más ventajas económicas y más poder de decisión a las trasnacionales petroleras. Hay que oponerse con todo.