El congresista de Acción Popular, Yhony Lescano, presentó un proyecto de ley titulado “Cunas Salvadoras y nacimiento confidencial”, para que aquellas mujeres con embarazos no deseados puedan entregar a los recién nacidos. A primera vista, la propuesta parece positiva, pero se vislumbran serios riesgos en su implementación.

El 11 de abril, la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó por mayoría el Proyecto de Ley del Nacimiento Confidencial y de las Cunas Salvadoras, un proyecto que propone reducir el abandono de niños recién nacidos y la tasa de muertes neonatales, pero que los ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Justicia y de Economía y Finanzas observaron por varios motivos.

¿Por qué habrían de rechazar un proyecto con objetivos tan loables?

El Ministerio de Salud,  consideró que, al estar instaladas las «cunas salvadoras» en calles poco transitadas, se podía poner en riesgo la integridad de los recién nacidos y de las personas que acudan a dejarlos. Asimismo, alertó sobre una “posible corrupción de funcionarios” para aludir al eventual tráfico de recién nacidos que se daría alrededor de estos establecimientos. Actualmente, las mafias dedicadas a la compra y venta de bebés entran en contacto con mujeres dispuestas a desprenderse de sus niños y con parejas infértiles dispuestos a seguir un proceso de falsa adopción con tal de convertirse en padres. Todo esto a cambio de miles de dólares.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la propuesta carecía de una evaluación presupuestal y que no contaba con un análisis costo-beneficio, por lo que era imposible determinar su impacto en el próximo año fiscal.

Por último, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia coincidieron en afirmar que el proyecto vulnera los derechos fundamentales del niño y “propicia el abandono con participación del Estado”, al crear espacios liberados donde un padre de familia puede abandonar a un recién nacido sin que se le apliquen las sanciones penales correspondientes.

Pero, ¿qué son las cunas salvadoras?

Según el proyecto propuesto, son depósitos -muy similares a cajas- elaborados de un material no precisado que se acondicionarían en algunos establecimientos de salud, donde las madres colocarían a los recién nacidos no deseados. El proyecto no explica un protocolo de entrega, o si, por ejemplo, al momento de colocar una “cuna salvadora” se tomará en cuenta las características geográficas del centro de salud que la acogerá, sabiendo que hay regiones de nuestro país donde, con temperaturas muy bajas, existiría un alto riesgo de muerte.

Cunas con antecedentes polémicos

Esta propuesta no es nueva, ya se implementó en varios países de Europa y Asia con resultados controversiales:

  • The Guardian cita a Maria Herczog, miembro del Comité de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, quien sostuvo que no hay evidencia de que las “baby boxes” – otra denominación de las cunas salvadoras – prevengan la muerte neonatal. “Muchas ONG e instituciones usan esta salida como una solución populista y barata para el problema del abandono infantil”, afirmó.
  • Un estudio de  la Universidad de Nottingham en Inglaterra concluyó que la instalación de dichos depósitos no alteró la tasa de muerte neonatal en Alemania.
  • En Austria, el estudio “Anonymous birth and neonaticide in Tyrol”, comprobó que a pesar de la implementación del “nacimiento confidencial gratuito” en el año 2001, la tasa de infanticidios y de abandono de niños en ese país no se redujo.
  • Lo más grave ocurrió en Guangzhou, China, en marzo del 2014, donde las autoridades locales tuvieron que cerrar el establecimiento inaugurado debido a que los padres de familia que hacían uso del dispositivo habían abandonado a 262 infantes con enfermedades congénitas o con discapacidades que requerían un tratamiento especial.

Interesantes personajes

Aquí irrumpe la figura de la Asociación Cunas Salvadoras (ACS),  institución que tiene como propósito “hacer conciencia y difundir en la ciudadanía el valor inalienable de la vida humana así como el deber universal de respetarla y protegerla”.  Su principal vocero y presidente es Alberto González Cáceres, empresario, gerente general de Inversiones Prado del Rey, ligada al rubro de comunicaciones, y de Inversiones Francisco Pizarro, la cual según Sunat está habilitada para la venta al por mayor de alcohol y cigarrillos. Este empresario es, además, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico (SODEME), entidad que promueve la bioética, pero que en sus redes sociales ataca los derechos fundamentales de la mujer, como el acceso al anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente, además de comentarios homofóbicos y transfóbicos.

En esta asociación también aparecen dos personajes integrantes del Sodalicio, agrupación vinculada a casos de abuso sexual y psicológico a menores. Se tratan de Rossana Echeandía, ex periodista y columnista de El Comercio y miembro de la Asociación María Inmaculada (AMI), grupo sodálite, y de Mariana de Lama Menacho, vocera de ACS, y también miembro del Movimiento de Vida Cristiana.

Esperamos que, desde los promotores de la propuesta, estás dudas sean aclaradas y tengan como objetivo el bien común de las mujeres y los menores, y no sea un recurso para obstaculizar los derechos de los mismos, al igual que su integridad, capacidad de decisión y dignidad.