El aniego producido en San Juan de Lurigancho dejó sin servicio de agua a los habitantes del distrito durante varias semanas. Esto incrementó el gasto en agua y los pobladores tuvieron que comprar de los tanques cisternas. Frente a esto, SEDAPAL de forma muy ‘generosa’ dejó de cobrar el recibo de enero, pero ¿por qué pagar por un servicio que no se recibió? Además, ¿quién va a compensar a los usuarios por todo el gasto realizado en agua, que excedió largamente el monto del recibo de enero?

Esto es una muestra de la problemática en torno al abastecimiento de agua que vive una inmensa mayoría de peruanos a nivel nacional. Entre los casos más dramáticos figura la situación actual de Piura. Paradójicamente, el Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua, aunque su distribución es bastante desigual. La realidad es que tenemos abundante agua donde hay menos población. La costa peruana concentra más del 70% de la población y solo cuenta con el 1.8% del total de agua disponible.

Lo sucedido en SJL fue rápidamente utilizado para, una vez más, poner en debate la posible privatización de SEDAPAL. Así actualizan el viejo discurso neoliberal del Estado como pésimo administrador empresarial y en el que solo la inversión privada nos salvará de estas catástrofes. Encima se lleva a deslegitimar, cuando se habla de fortalecimiento de la institucionalidad estatal con el fin de asegurar el derecho humano al agua para todos.

En las publicaciones que hicieron los medios de comunicación sobre el tema; se aprecia que el grupo El Comercio, al analizar esta problemática, afirma que el gasto en agua y saneamiento para la población es altísimo. Un cifra que llegó en el 2017 a S/4.351 millones[1] (US$1280). Agrega, que no se justifica tal gasto, y además se incrementa año a año; por ende, se debe privatizar el servicio.

Por otro lado, se habla de la necesidad de fomentar proyectos de irrigación a lo largo de la costa como Majes-Siguas II, Olmos, Chinecas o Chavimochic. Esto llevaría el agua de los andes hacia la costa, con el objetivo de desarrollo de la agroindustria costera. En el caso de Chavimochic; por ejemplo, se estableció en el contrato que el Estado debe desembolsar el 52 % de un total de US$1700 millones. Si realizamos un estimado similar para los otros proyectos, la inversión estatal de aproximadamente 50 %, entre todos los proyectos a lo largo de la costa peruana, supera largamente lo invertido en agua y saneamiento para la población.

En Lima existen más de un millón y medio de personas sin agua. Esto en un contexto de altísima inequidad, donde la población de los distritos con mayores ingresos como San Isidro o La Molina pagan S/ 1,12 por metro cúbico de agua, dándose el lujo de gastar diariamente hasta 250 litros por persona. Mientras que en las zonas más pobres de Lima, como en los distritos de SJL o Comas, la gente sin servicio de agua, paga hasta S/ 20 soles por metro cúbico y sin gastar 70 litros diarios de agua por persona.

El caso de Lima es particular no solo por los casi 10 millones de habitantes, sino también por ser una ciudad instalada en un desierto; es decir, con casi nula precipitación. Esto hace que sea dependiente del agua que llega por las cuencas de los ríos que nacen en los andes como el Rímac, El Chillón, y Lurín. De los cuales, solo el Rímac provee casi el 75 % de la electricidad y el agua que consume la población.

A pesar de su importancia, la situación ambiental del río Rímac es dramática, pues según el MINEM en ella existen 425 pasivos ambientales mineros[2]. De ellos, quizás, el caso más emblemático es el de Tamboraque que viene siendo denunciado, hace ya varios años sin que desde ninguna instancia del Estado se tomen cartas en el asunto.

A decir de este gobierno, un objetivo central hacia el Bicentenario peruano es cerrar las brechas de agua al 100 % en las regiones[3]. Lograr algo tan importante es un desafío que debe ser afrontado por el sector público, priorizando este tipo de inversiones. Al igual que en el sector privado, ya que el desarrollo de sus actividades lucrativas no puede poner en riesgo la cantidad o calidad ni el acceso a las fuentes de agua. Finalmente, es también responsabilidad de la ciudadanía, fundamentalmente, hacer un uso racional del agua.

[1] https://elcomercio.pe/economia/peru/inversion-publica-saneamiento-brillo-2017-noticia-499770

[2] https://www.ocmal.org/el-agua-de-lima/

[3] https://elperuano.pe/noticia-gobierno-cerrara-brecha-el-servicio-agua-74665.aspx