Emilio Salcedo
Sociólogo
Artículo publicado en Noticias SER

Desde que el McDonald’s de Pueblo Libre se encontraba ubicado en la esquina de las avenidas La Marina y Universitaria, esa esquina era un «agujero negro». Era un lugar verdaderamente funesto, un resumen del país en el vivimos, donde conviven apariencias de «modernidad» con una  informalidad a raudales, y profundas pautas de desigualdad, que pueden llegar a cobrar vidas, una tras otra. Además de la delincuencia, circunstancia de la que puedo dar fe, por experiencia propia.

Nuevamente tenemos a  jóvenes que han sido asesinados por el régimen neoliberal, como los que murieron encerrados mientras falsificaban fluorescentes en un container en la azotea de las Galerías Nicolini, presos de empresarios supuestamente formales y serios que en pleno siglo XXI  practican una sutil esclavitud, que no es abierta y descarada, y que seguramente ha gozado –más de una vez- de la complicidad estatal. El establecimiento había sido cerrado anteriormente, por incumplimiento de normas, entre ellas, las de seguridad. Pero, volvió a abrir, una y otra vez. Sin embargo, en esa ocasión, llevaron la desidia y negligencia al extremo, propiciando las condiciones para que el azar, un «descuido» o cualquier cosa, se llevará, otra vez, la vida de los más vulnerables.

Hace 5 años, personajes como Roberto Abusada, presidente del Instituto Peruano de Economía, hacían campaña en sus medios de comunicación, denunciando la supuesta «tramitología», como causante de la recesión y el estancamiento económico, cuando lo que sucedía era que el super ciclo de altos precios de los minerales había terminado, y la economía extractiva que tanto se habían empeñado en mantener, defender e imponer, experimentaba problemas. Como siempre querían preferencias y «destrabes», para que sus tasas de ganancias no se vean afectadas. Parte de esos intentos, fue la Ley «Pulpín», norma que tuvo que ser derogada gracias a una masiva movilización juvenil y trabajadora.

Infortunadamente, otras leyes «sastre», resultado del Estado capturado que vivimos, sí prosperaron, como la Ley 30230, que nos trajo el «Paquetazo Ambiental», sobrenombre que me exime de mayores comentarios; o la ley que favoreció la reducción del impuesto a la renta a fines del 2014, haciendo la recaudación tributaria regresiva al sobrecargarla en los hombros de los más pobres. Pero a la que quiero llegar, es a la norma que reclamaron e impusieron, para que las inspecciones de Defensa Civil, se paralizaran por dos años, puesto que significaban «sobrecostos» y «trabas burocráticas» para los humildes, sufridos y pujantes empresarios, emblemas del emprendedurismo.

El incendio de los cines de Larcomar, que terminó con su clausura definitiva, también se llevó la vida de trabajadores. ¿Qué se encontró? Flagrantes faltas en el cumplimiento de normas de seguridad. Lo mismo nos trajo el incendio en las Galerías Nicolini que tan dolorosa y espantosamente se llevaría las vidas de Jovi y José Luis. No, no son «accidentes», son secuencias de hechos que perfectamente se pudieron haber evitado, pero el incumplimiento de la ley y el escaso valor de la vida es transversal y generalizado para los defensores del sacrosanto modelo.

¿Aguardaremos a saber quiénes serán las próximas víctimas? O romperemos de una vez con el temor a ser considerados «demasiado críticos» o «rojos», temor que nos inmoviliza, nos impide protestar, nos torna indiferentes y nos conduce a bajar la cabeza; o quien sabe a ser las próximas víctimas directas o colaterales de un nuevo «accidente» como el que ha matado a Carlos Gabriel Edgardo Campos y Alexandra Antonella Porras en el McDonald’s de Pueblo Libre.