El nuevo rostro del conflicto minero: comunidades atrapadas entre empresas formales e informales

En el Perú, el mapa de la conflictividad social ha cambiado de forma radical. La minería, tanto formal como informal e ilegal, se ha convertido en el epicentro de disputas cada vez más violentas, fragmentadas y difíciles de contener, según lo advierte el 36° informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).

El informe reveló que ya no predominan los enfrentamientos entre grandes empresas y comunidades rurales por el ambiente, sino las pugnas entre diversos actores por el control del territorio y de las ganancias mineras, con un alto costo humano y ambiental.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, de los 197 conflictos sociales registrados hasta abril de 2025, más del 50% son socioambientales y el 62% de estos está vinculado directamente al sector minero. Al mismo tiempo, las protestas colectivas mantienen un promedio mensual de más de 220 acciones en todo el país.

El nuevo patrón de conflictividad

Durante las décadas del 70 y 80, los conflictos mineros eran protagonizados por sindicatos de trabajadores. Luego, en los 90 y 2000, el eje se trasladó a las comunidades campesinas e indígenas por la expansión de los de grandes proyectos extractivos. Pero hoy, como advierte el informe del OCM, la minería informal, ilegal y comunal ha tomado el centro del escenario, generando una red de conflictos inter e intracomunitarios, en muchos casos con altos niveles de violencia armada. Una de las causas sería el aumento del precio internacional del oro.

En zonas como Pataz (La Libertad), donde el 80% del territorio está concesionado a la minería, la situación ha escalado a un nivel crítico. La reciente masacre de 13 trabajadores secuestrados y asesinados en socavones disputados por grupos ilegales evidencia que ni los estados de emergencia ni la militarización han logrado frenar la violencia.

Minera Poderosa, la principal empresa en la zona, ha reportado enfrentamientos subterráneos contra bandas armadas que buscan controlar galerías y plantas. Más de 33 mil volquetes cargados con oro han salido de la región sin fiscalización, generando ingresos ilegales estimados en 3,500 millones de dólares.

El informe también señala que en las regiones andinas, la minería informal y artesanal goza de respaldo social, pues dinamiza economías locales, genera empleo y ha sido asumida por muchas comunidades como una forma de “extracción soberana” frente al fracaso del modelo impuesto por la gran minería. Sin embargo, como señala el informe, esta legitimación invisibiliza la explotación laboral, trata de personas, violencia, contaminación de ríos y destrucción de ecosistemas.

La narrativa es: «somos mineros ancestrales; estamos haciendo extracción soberana; estamos nacionalizando la producción minera y el beneficio

económico que generamos se queda en los territorios» señala el informe. Pero muchas veces estos actores operan sin licencias, invaden concesiones, y en varios casos, como en Amazonas, son protegidos por redes criminales.

Comunidades indígenas: resistencias silenciadas

El informe señala que uno de los los principales conflictos socioambientales actuales es el vinculado al avance de la minería ilegal sobre los territorios Wampis. En este conflitco, la comunidad Wampís exige el cese y retiro de los mineros de su territorio.

La expansión de la minería ilegal amenaza directamente a los pueblos indígenas. En el territorio Wampís, en la cuenca del río Santiago (Amazonas), la actividad minera ilegal ha contaminado a las personas, plantas y especies, y promovido la violencia, la explotación sexual y el uso de niños como escudos humanos. Aun con las denuncias desde 2017 y a las acciones del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), el Estado ha sido incapaz de erradicar a los mineros ilegales.

Los Wampís exigen que se declare en emergencia el río Santiago, se fortalezcan sistemas de vigilancia como ‘Charip’ y se respeten sus derechos como pueblo indígena. Sin embargo, sus demandas no han sido escuchadas ni incorporadas en el debate sobre la nueva ley de minería artesanal y pequeña escala (MAPE), se afirma en el informe.

Por su parte, Pámuk Inoach Shawit, líder awajún, denuncia que se están destruyendo las riberas de los ríos, las cabeceras y advierte que el mercurio pronto va a envenenar las aguas. En el informe también se señala que los awajún exigen el retiro de los mineros ilegales peruano y ecuatorianos, y que han advertido sobre la presencia de maquinaria pesada en la cabecera del río Sawientsa, El Cenepa, perteneciente al grupo criminal “Los Choneros”.

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