Comisión del Congreso aprobó solo 8 días para que Contraloría revise información de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Además, un bajo puntaje en «idoneidad moral» no eliminaría postulaciones.

Redacción Wayka

El miércoles por la noche, la Comisión Especial del Congreso, encargada del proceso de elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, aprobó su reglamento. Luego de un proceso bastante cuestionado por no tomar en cuenta opiniones de otras entidades del Estado y especialistas, las críticas al texto final persisten.

El reglamento que será debatido en el Pleno del Congreso se aprobó con los votos de José Vega (Unión por el Perú), Tania Rodas (Alianza por el Progreso), José Luna (Podemos Perú), Cristina Retamozo (Frepap), Jorge Pérez (Somos Perú), Rocío Silva Santisteban y Rolando Ruiz (Acción Popular). Solo el congresista Gino Costa (Partido Morado) votó en contra.

Uno de los puntos en polémica es el plazo de ocho días que el reglamento contempla para que la Contraloría General de la República examine las declaraciones juradas de los postulantes y emita un informe. Se trata de un cambio respecto a la versión previa del reglamento, donde se consideraba el plazo de 15 días para esa tarea.

Al respecto, este jueves la Contraloría envió una carta al presidente de la Comisión Especial del TC, Rolando Ruiz. En el documento, el contralor Nelson Shack indica que el plazo de ocho días «no resulta suficiente y sería materialmente imposible realizar un examen exhaustivo y adecuado de la información registrada». Además, recalcó que la Contraloría había solicitado 20 días de plazo para elaborar el mencionado informe.

¿TC sin solvencia moral?

Otro de los cuestionamientos al reglamento aprobado por la Comisión Especial del Congreso es el puntaje para evaluar la «solvencia o idoneidad moral» de postulantes. El texto señala que este criterio de calificación en la entrevista recibe de 1 a 12 puntos, y el puntaje mínimo para que un candidato resulte apto es de 15 puntos. Es decir, que para un aspirante a magistrado bastaría tener 2 puntos en «solvencia e idoneidad moral» para que se considere apto.

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La congresista Rocío Silva Santisteban -quien votó a favor del reglamento- informó que presentará oficio para que la calificación de ese criterio no sea gradual.

«La fórmula elegida no garantiza que se elijan a magistrados probos», declaró Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Transparencia a Andina. Además, señaló otro problema en el sistema de puntuación: desbalance entre los puntajes para la calificación curricular (75 puntos) y la entrevista (25 puntos). En ese sentido, la Comisión Especial TC no habría tomado en cuenta recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, Servir y la Junta Nacional de Justicia.

«Exhortamos al Congreso a no aprobar un reglamento en estas condiciones. Esperamos que la comisión especial corrija su propuesta, tomándose el tiempo necesario y dando cuenta de las razones para aceptar o no cada recomendación», indicó Transparencia en un comunicado.

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