Elecciones 2026: alertan interferencias tras renuncia en la ONPE y decisiones de la Junta Nacional de Justicia

La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el reciente allanamiento a su vivienda, ha encendido las alertas sobre una posible crisis institucional en pleno proceso electoral. Diversas voces, entre ellas la abogada Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal, advierten que esta decisión no solo debilita la estabilidad del sistema electoral, sino que podría constituir una interferencia directa en un proceso electoral que, por principio, debe mantenerse autónomo.

Silva sostiene que la normativa electoral peruana establece principios claros para evitar cualquier tipo de intervención durante procesos en curso, especialmente en contextos de alta polarización política. “El proceso electoral debe estar protegido de interferencias. La renuncia de Corvetto no debió ser aceptada, porque el cargo no es renunciable en medio de un proceso electoral”, señala. Sin embargo, la JNJ optó por una interpretación literal de la norma, sin considerar el contexto ni los principios que buscan resguardar la institucionalidad.

Cuestionamientos a la Junta Nacional de Justicia

Para la especialista, la decisión de la JNJ evidencia una pérdida de legitimidad. “No garantiza que las decisiones vinculadas a las autoridades del sistema electoral estén libres de interferencias políticas”, advierte. En lugar de aceptar la renuncia, explica, la Junta pudo aplicar medidas disciplinarias provisionales si existían indicios de inconducta funcional, sin afectar la continuidad institucional de la ONPE.

Este escenario ha sido también cuestionado por el Colegio de Abogados de Lima, que en un pronunciamiento público exigió el respeto irrestricto al proceso electoral y a la voluntad popular expresada en las urnas. La institución advirtió que cualquier acción que altere el curso legal del proceso debe ser rechazada, subrayando la necesidad de transparencia por parte de entidades como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la propia JNJ.

En la misma línea, la decana del Colegio, Delia Espinoza, fue enfática al señalar que “no se puede vulnerar la ley electoral” y que aceptar la renuncia de Corvetto abre un precedente peligroso. Además, recordó que las denuncias de fraude electoral en procesos anteriores no fueron comprobadas, por lo que insistir en estas narrativas debilita la institucionalidad democrática.

Judicialización del proceso electoral

Otro punto crítico es la creciente intervención de actores ajenos al sistema electoral. Según Silva, el proceso tiene su propia jurisdicción y mecanismos para resolver controversias, pero estos se han visto desplazados por la actuación de la Fiscalía y la Policía.

“El problema es que ahora las decisiones electorales están siendo influenciadas por fiscales y policías, lo que rompe la legalidad del proceso”, afirma. Esta preocupación coincide con declaraciones recogidas por RPP Noticias, donde el exoficial policial y diputado virtual Harvey Colchado denunció que se estaría utilizando a la Policía Nacional para presionar y judicializar el proceso electoral.

Colchado cuestionó, por ejemplo, la participación de altos mandos policiales en investigaciones a la ONPE , señalando posibles conflictos de interés y antecedentes problemáticos en algunos de los involucrados. Por ejemplo, menciona el caso de Jorge Rodríguez Menacho, quien forma parte de la Dicocor, entidad que realizó el allanamiento al domicilio del exjefe de ONPE. Rodríguez fue denunciado por ser cercano a Patricia Benavdez. Estas denuncias refuerzan la hipótesis de una actuación coordinada entre distintas instituciones que podría afectar la imparcialidad del proceso.

El riesgo de decisiones fuera del marco legal

Silva también alerta sobre la difusión errónea del llamado “criterio de conciencia” como fundamento para decisiones en el sistema de justicia. “Ese criterio ya no existe en el ordenamiento jurídico. Las decisiones deben basarse en la ley, la Constitución y los estándares internacionales”, enfatiza.

La preocupación radica en que, bajo discursos políticos, se estaría intentando imponer soluciones fuera del marco legal. Un ejemplo de ello sería la ampliación del plazo electoral por parte del JNE, una medida que, según la abogada, habría cedido a presiones políticas y mediáticas, abriendo una puerta difícil de cerrar.

Este tipo de decisiones, advierte, no solo afectan el proceso actual, sino que sientan precedentes que pueden erosionar la democracia en el largo plazo.

Narrativas de fraude y debilitamiento institucional

El contexto se agrava con la persistencia de narrativas de fraude electoral, impulsadas por sectores políticos y amplificadas en medios y redes sociales. Para el Colegio de Abogados de Lima, estas afirmaciones sin sustento contribuyen a generar incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía.

“Persistir en la narrativa de fraude debilita la institucionalidad”, señalaron en su pronunciamiento, recordando que procesos anteriores contaron con observación internacional y no evidenciaron irregularidades sistemáticas.

Un proceso en disputa

La suma de estos factores —renuncias aceptadas en momentos críticos, intervención de instituciones ajenas al sistema electoral y discursos que cuestionan sin pruebas la legitimidad del proceso— configura un escenario de alta tensión.

Para Silva, el riesgo es claro: “Se está creando un escenario donde el proceso electoral deja de resolverse en sus propios espacios y pasa a ser definido por actores políticos, fiscales y policiales”.

En este contexto, distintas organizaciones y especialistas coinciden en la necesidad de recuperar el respeto al marco legal y garantizar la autonomía de las instituciones electorales. De lo contrario, advierten, no solo está en juego el resultado de una elección, sino la estabilidad democrática del país.

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