La elección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional ha comenzado a tener serios problemas. En un inicio, el cambio legal para que la elección sea por concurso abierto y en base a méritos, marcó un antes y un después de las ya conocidas “repartijas” y volvió la expectativa por una elección de los mejores profesionales para este Alto Tribunal.

Pero el escenario se ha enrarecido: ¿cómo se garantiza una elección en el Congreso, cuando en el mismo Congreso acabamos de ser testigos de una investigación a Vizcarra con serios vicios al debido proceso y al reglamento del Congreso? ¿Cómo se garantiza un correcto proceder parlamentario, cuando hay conductas reconocidas como errores -la llamada a los cuarteles- aún impunes, por quienes también tendrán en el Pleno del Congreso el voto para elegir a los nuevos integrantes del TC? ¿Cómo se garantiza que las decisiones de toda la elección sean razonadas, debatidas, y no solo cerradas por el peso numérico de la votación?

A ello se suma a que en la actualidad hay una contienda constitucional en el TC (por la vacancia) que enrarece aún más el escenario. Lo más sano sería que la elección quede para el nuevo Congreso del 2021, en pro de una elección fuera de un escenario políticamente complejo y movido en la instancia encargada de elegir, algo nada atractivo además para la postulación de los mejores perfiles de candidatos y candidatas para el cargo.

No obstante, la Comisión continúa sesionando para tener un reglamento de la elección y comenzar con la convocatoria. En este escenario, también hay preocupaciones.

Las sesiones últimamente son conocidas por parte de la ciudadanía con tardanza (por ejemplo, hoy muchas personas conocieron “sobre la marcha” que había una sesión en pleno domingo); y el debate sobre el reglamento no está focalizando en un esencial según la enseñanza de las “repartijas” del pasado: el rol observador y participación de organizaciones de sociedad civil. Esto está haciendo que en la realidad el debate no sea abierto ni participativo.

Esto, reduce también los aportes al reglamento que muy bien pueden dar las organizaciones de sociedad civil que en el pasado alertaron de los indicios de riesgos y riesgos inmediatos. Reduce también las posibilidades de prever cómo el sistema de meritocracia no se convierta en una mera sumatoria de puntajes (como pasó en el ex CNM), dejando de lado lo más importante: una evaluación que garantice a lo largo de las etapas de la elección la apariencia de independencia e imparcialidad en el cargo jurisdiccional. De nada sirve un candidato que tenga muchos títulos, si es que su perfil, defensas particulares y trayectoria no garantiza la prevención de conflictos de interés y que será independiente en el Tribunal Constitucional. Recordemos: el ex juez supremo Hinostroza Pariachi ocupó el primer lugar en el cuadro de méritos de la convocatoria en la que participó, pero era el menos indicado para el cargo.

De seguir la construcción del reglamento y la convocatoria, en medio de un escenario preocupante y altamente politizado (más de lo normal), urge que se implementen herramientas básicas que garanticen el acompañamiento por parte de la ciudadanía organizada, así como la posibilidad de que sea realmente escuchada (no basta con que se reciban sus propuestas). Contar con observadores ciudadanos (a quienes, por ejemplo, comunicar las sesiones), y darles espacio para explicar sus aportes al reglamento, son dos mínimos necesarios que se espera adopte la Comisión.

Es un tema central. Elegir a un buen Tribunal Constitucional de forma transparente, participativa, y teniendo como objetivo el que inspire confianza a la ciudadanía con la apariencia de su independencia, es la diferencia entre la defensa de nuestros derechos o su cooptación por parte de los poderosos y corruptos. La Comisión continuará este lunes a las 7pm con el debate, ¿seguirá tras los mismos pasos que no resultaron en el pasado?