Trabajadores de call centers, ventas y medios de comunicación denuncian que son obligados a ir a centro laboral, pese a que no prestan servicios esenciales
Lucero Ascarza
La propagación del COVID-19 y la orden de aislamiento obligatorio como prevención pusieron en la mira cientos de faltas a los derechos laborales. Entre las denunciadas públicamente están empresas tercerizadas por Grupo El Comercio y ATV, así como varios call centers.
Grupo El Comercio y ATV
Luisa Flores Carrasco trabaja para Madecs Perú, empresa que se encarga del reparto y promoción de Publimetro, diario que todas las mañanas se distribuye en distintos puntos de Lima. Si bien Publimetro, del Grupo El Comercio, es un medio de comunicación, ella y sus compañeros no son periodistas o comunicadores, y solo se encargan de la distribución.
Así, el lunes 16 de marzo Luisa fue requerida de ir a trabajar pese a la cuarentena. En el transcurso de la mañana, tuvo la suerte de encontrar al ministro de Defensa, Walter Martos, y hacerle conocer su denuncia.
«No tengo un seguro, no tengo mascarillas, no tengo gel, no tengo guantes (…) ¿quién me va a cuidar? ¿Publimetro me va a evaluar? (…) Si no vengo a trabajar, me van a despedir», le dijo Luisa Flores.
«Vamos a ir todos juntos con la Policía a Publimetro y vamos a cerrar. Yo ya le dije al empresario que cumpla la responsabilidad que tiene. La multa sí es bien grave», reaccionó el ministro Martos.
Martos deslizó esa promesa el lunes 16 de marzo. Sin embargo, al día de hoy, Wayka.pe pudo comprobar que Publimetro, diario del Grupo El Comercio aún envía a sus trabajadores a repartir diarios. Aquellos que no consiguen transporte o tienen otra dificultad, han dejado de ir. Otros continúan acudiendo con miedo, pero apenas encuentran personas en sus rutas de reparto y regresan a la planta de El Comercio con casi todos sus periódicos.
«El miedo es por nuestras familias. Muchos de nosotros vivimos con nuestros abuelos o con niños, incluso algunos trabajadores sufren de asma», declaró a Wayka una trabajadora que también se encarga de repartir diarios Publimetro. «Y los que ya no estamos yendo, seguimos con miedo a que no nos paguen o nos boten», añade.
Similar situación reportó a Wayka.pe el padre de un trabajador de la productora Nix Media, que se encarga de la programación deportiva del canal ATV. Según señaló, pese a la cuarentana dictada desde el lunes 16 de marzo, la empresa hizo que los trabajadores (en su mayoría jóvenes practicantes) se movilizaran hasta el estudio ubicado en Lurín para la grabación de los programas. Incluso señaló que les dieron un fotocheck de GolTV (canal para el que también trabaja la productora) en caso la Policía los detuviera, aún cuando ellos no laboran para dicho medio.
Call centers para ventas
Un trabajador de la empresa ImpulsA365 deenunció que tras la orden de cuarentena dada el domingo por el presidente, él y sus compañeros fueron obligados a ir al call center. Esto pese a que una semana antes, un trabajador de esa misma sede, en Jesús María, dio positivo al coronavirus. «Nos hicieron laborar normal y no dejaron ingresar a policías que querían subir a ver», dijo a Wayka.pe el trabajador.
A los empleados se les entregó una constancia que debían presentar para que la Policía no los detuviera en el camino. En esta se detallaba que se desempeñaban como «asesores telefónicos», pero no se mencionaba que tenían labores de ventas.
Peor aún, por redes sociales otros trabajadores de la sede de San Isidro de esa misma empresa reportaron que ImpulsA365 envió una movilidad privada para recogerlos y les pidió que mintieran «que éramos personal médico» para evitar detenciones.
Después de varias quejas y respectivos operativos en otros call centers, los trabajadores de la sede de Jesús María de ImpulsaA365 fueron finalmente enviados a laborar desde sus casas. Sin embargo, no saben si recibirán sus sueldos a fin de mes y temen ser despedidos cuando termine el periodo de inmovilización dictado hoy por el Gobierno . La mayoría de los trabajadores de ImpulsA365 tiene entre 18 y 40 años y cobran a través de recibo por honorarios.
«Se entiende que hay empresas que no pueden parar porque brindan servicios esenciales, pero obviamente hay áreas que no contribuyen en el estado de emergencia y, por tanto, están poniendo sus intereses sobre el riesgo a la salud del trabajador», criticó Arturo Rodríguez, abogado laboralista.
La raíz del problema serían las imprecisiones en el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo. «La norma tiene varios vacíos que se esperaba que el Ministerio de Trabajo aclarase, pero no lo ha hecho», detalló Rodríguez .
Cabe recordar que estas empresas no cumplían con las medidas mínimas de aislamiento por el coronavirus, que hoy se vieron reforzadas por un toque de queda entre las 8 pm y las 5 am, según anunció el presidente Martín Vizcarra.
Solo con denuncias
Wayka.pe consultó con Sunafil por el número de denuncias presentadas hasta el momento en el contexto del estado de emergencia sanitaria por coronavirus. Sin embargo, la entidad señaló que al estar ocupados con los operativos, no podían dar una respuesta. Tampoco respondieron qué sanción le corresponderá a empresas ya bajo investigación, como Cineplanet.
Por otro lado, Konecta S.A., Servicios de Call Center (SCC) y Global Store son tres empresas de call center intervenidas este martes por mantener a sus trabajadores realizando labores de ventas en espacios cerrados y condiciones de hacinamiento. Durante los operativos realizados por la Policía, la Municipalidad de Lima y Sunafil, se encontró incluso que algunos trabajadores estaban resfriados, tenían dolor de cabeza y otros malestares.
«Como salió este decreto (que suspende actividades laborales) y no especificaba qué centrales de atención, nos dijeron que teníamos que seguir trabajando», explicó una trabajadora de SCC a Wayka.pe, quien está en el área de atención al cliente de Entel Chile.
Para el abogado Arturo Rodríguez, la ruta que los trabajadores pueden seguir actualmente es presentar denuncias ante la Policía, dejando atestado de sus condiciones de trabajo. Ello debido a que Sunafil no se da abasto para fiscalizar todos los casos.
