Ex trabajador trans del Goresam denuncia hostigamiento, discriminación y violación a su intimidad
En el departamento de San Martín, un ex trabajador del Gobierno Regional San Martín (Goresam) ha denunciado una serie de hechos que exponen cómo la discriminación por identidad de género puede limitar carreras laborales y vulnerar derechos de personas trans. Se trata de Samik Martínez Ramírez, un hombre trans que laboró como especialista evaluador en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), área encargada de responder ante desastres naturales en una región golpeada constantemente por inundaciones, deslizamientos e incendios forestales. La denuncia recae sobre su ex-jefa Yesica Martell Negreros y su excolega Richard Loaiza Leiva, denunciados como los principales autores del acto de discriminación y trato diferenciado.
Recientemente el Ministerio Público se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales el 19 de septiembre, señalando que la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad de San Martín abrió una investigación preliminar por presuntos actos de discriminación contra Samik Martínez. En su comunicado, precisaron que la investigación alcanza a Yesica Martell Negreros y Richard Loaiza Leiva, sindicados por el denunciante como responsables de actos de discriminación y vulneración de sus derechos. Además, la fiscal adjunta provincial Deny Yuliana Sisniegas Chung ya ha notificado al denunciante informando que se inicia las diligencias para esclarecer los hechos y, de existir suficientes indicios, proceder conforme a ley.
Un inicio marcado por la hostilidad
Samik Martínez ingresó al COER bajo contrato CAS, con la responsabilidad de coordinar los módulos de prensa, logística, operaciones y monitoreo. Pero desde los primeros días se sintió objeto de exclusión. “Me negaban información necesaria para mi trabajo y todo lo reportaban a otra persona que no tenía mi cargo…me eliminaron de los grupos de coordinación y me prohibían firmar el cuaderno de asistencia del 2 al 16 de junio”, relató Samik. Además, manifiesta que lo eliminaron de los grupos de whatsapp de coordinación del COER el 5 de junio, cuando aún tenía vigente su contrato laboral.
Asegura que esta situación fue advertida a su jefa inmediata, Yesica, pero no recibió apoyo. Más bien, las hostilidades aumentaron: asignaciones que excedían lo estipulado en su contrato, turnos nocturnos y jornadas de más de 16 horas. “Incluso en mi informe lo mencionó, el domingo me puso desde las 7 de noche hasta el lunes 5:30 de la tarde, o sea, más de 16 horas de trabajo… Ellos indican que tengo faltas injustificadas lo cual es falso, porque me pagaron completo mis boletas y asistí todos los días”, declara.
Vulneración a la intimidad
El 6 de junio ocurrió un hecho que marcaría un antes y un después. Mientras era llevado a una reunión, dejó abierta su computadora institucional. Al volver, descubrió que habían accedido a sus conversaciones privadas en WhatsApp Web. Horas después, en una sala con más de diez personas, empezaron a reproducir audios extraídos de sus conversaciones sin consentimiento mediante un parlante.
“Y esos audios son de una conversación que yo he tenido con una amiga mía de la universidad. Entonces, a esta amiga yo le cuento cómo me están tratando”, narró. El ex trabajador denuncia que este hecho fue utilizado para aislarlo y desprestigiarlo frente a sus compañeros.
Este acto de violación a la privacidad no fue sancionado por el Goresam mediante su oficina de Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, pese a que tendría las pruebas de lo sucedido, hasta la fecha no hay sanción contra los trabajadores implicados, asegura Samik.
Desde la organización Diversidades Trans Masculinas (DTM), el caso de Samik Martínez ha sido recibido con preocupación. Así lo afirma Andre Alzamora, director de finanzas de la organización, quien señala que lo ocurrido reflejaría cómo los espacios laborales —tanto públicos como privados— siguen siendo escenarios donde persisten prácticas transfóbicas y de hostigamiento. “Lo que sucede con Samik no es un caso aislado. Refleja cómo los hombres trans seguimos enfrentando exclusión, negación de la identidad y violencia institucional. Y lo más grave es que el Estado, en lugar de ser garante de derechos, termina reproduciendo la discriminación”, apuntó.
El activista explica que los testimonios que llegan a DTM comparten patrones comunes: el uso intencional de pronombres equivocados, la exclusión de ascensos o capacitaciones, la invisibilización en registros oficiales y el hostigamiento constante por parte de compañeros y superiores. “Cuando alguien se atreve a denunciar, muchas veces lo que sigue es la revictimización: el maltrato se intensifica y, en lugar de sancionar a los responsables, las instituciones optan por despedir a la persona que reclama, acusándola de generar un ‘mal ambiente laboral’. Es una forma de perpetuar la precariedad de nuestra comunidad”, denunció.
Rotación y un murciélago muerto
El 21 de julio, tras acudir a una diligencia en la Fiscalía, encontró un murciélago muerto en su escritorio. Denunció el hecho ante SERVIR y la Oficina de Gestión de Personas del GORESAM. Poco después, le llegó una carta de culminación de contrato por ser de “necesidad transitoria”, sin embargo, el 10 de septiembre del 2025, a los 25 días de culminado el contrato de Samik, el GORESAM difundió nuevamente una convocatoria para el mismo puesto de Especialista Evaluador del COER SM, evidenciando una contradicción.
Respecto al hallazgo del murciélago muerto en el escritorio de Samik, la investigación interna del Goresam concluyó que no existe registro ni evidencia oficial que sustente el hecho denunciado. En el expediente se señala que lo único documentado en esas fechas fue un servicio de fumigación y desratización en un almacén de Defensa Civil, sin vincular el hecho con el presunto acto de hostigamiento. En consecuencia, el caso fue archivado a nivel administrativo y no se aplicará sanción alguna a funcionarios o trabajadores del COER, lo que deja este episodio sin responsables ni medidas correctivas.
En los archivos internos del Goresam, se habrían descubierto informes fabricados en su contra, con lenguaje discriminatorio. “Querían manchar mi expediente para justificar el despido. No solo me botaron, quisieron dejarme una mancha imborrable… Aquí hay un patrón de transfobia institucional”, cuenta.
El ex trabajador añade que, en lugar de protegerlo, el Goresam prefirió encubrir a los responsables. “Realizaron documentos, firmaron informes para justificar un despido. Eso es una maquinaria de hostigamiento. No se trataba de un problema personal: era institucional”.
“Estamos ante un delito de discriminación”
La abogada Edith Arenaza, asesora de litigio estratégico de Promsex señala que este caso muestra cómo se entrecruzan varias vulneraciones: “Aquí no solo se vulneró el derecho a la identidad de género del trabajador, también se afectaron otros derechos fundamentales: la intimidad, la igualdad, el trabajo digno. Invadir su WhatsApp, exponerlo públicamente y hostigarlo de forma reiterada no son hechos menores: constituyen actos discriminatorios y, por tanto, un delito sancionado por el Código Penal”.
Arenaza explica que, aunque en Perú aún no existe una ley de identidad de género, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce que la identidad de género es un derecho derivado de la dignidad, la igualdad y la no discriminación. “El hecho de que no tengamos una ley específica no significa que las personas trans estén desprotegidas. Los empleadores —sean públicos o privados— tienen la obligación de garantizar un espacio libre de hostigamiento. No hacerlo es una infracción grave”.
La especialista añade que este caso revela una intencionalidad clara: “No fue un error ni un desconocimiento. El uso de su nombre legal en tono de burla, la exposición de sus audios, el aislamiento laboral, todo responde a un móvil discriminatorio. Y eso configura responsabilidad penal y administrativa para los responsables y para la institución que lo permitió”.
Deuda histórica con las personas trans
Alzamora enfatizó que la denuncia del ex trabajador pone en evidencia una deuda histórica del Estado y la sociedad. “Lo que ha pasado con Samik no es un caso aislado, sino una prueba de cómo seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos más básicos. Las personas trans merecemos trabajar sin miedo, con respeto y dignidad en cualquier espacio. Hasta que eso no sea una realidad, estas denuncias seguirán siendo necesarias”.
Según Alzamora, a nivel personal, estos actos de discriminación generan ansiedad, depresión y estrés, porque un lugar que debería ser de desarrollo se convierte en un espacio de miedo. “A nivel social, estas violencias reproducen la exclusión y obligan a muchas personas trans a renunciar o aceptar despidos injustos, enviando un mensaje nefasto: que las instituciones pueden desprotegernos sin consecuencias”, declara.
Ante ello, desde DTM plantean medidas urgentes que deberían implementarse de manera inmediata tanto en el sector público como en el privado. “El Estado debe establecer protocolos claros contra la discriminación por identidad de género, garantizar el reconocimiento de nuestra identidad en los registros laborales, capacitar obligatoriamente a su personal en igualdad y diversidad y sancionar efectivamente a quienes ejercen hostigamiento. Además, se necesita una política de inclusión laboral trans que asegure acceso, permanencia y condiciones dignas para trabajar con respeto”, sostuvo.
La respuesta del Goresam
Wayka buscó recoger las versiones oficiales del Gobierno Regional de San Martín. Se estableció contacto con la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, a cargo de Jhon Roberth Manrique Rojas, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de este reportaje. Por su parte, la analista legal Silvana Villanueva Herrera indicó que no se encuentra autorizada para brindar declaraciones sobre el caso.
En medio del desgaste emocional y la carga de pruebas que debe sostener, Samik confesó que no atraviesa un buen momento anímico. “No ando bien de ánimos y estoy ordenando los documentos para la Fiscalía”, relató. El ex trabajador del Goresam precisó que el próximo 7 de octubre está programada la visualización de imágenes como parte de la investigación, mientras que el día 6 deberán acudir los denunciados. “Esta vez, si no van, será de grado o fuerza mayor”, añadió, mostrando la presión constante que implica litigar contra el propio Estado.
Según activistas trans, sin ley de identidad de género, muchas personas trans se ven obligadas a trabajar con un DNI que no refleja su identidad, lo que abre la puerta a la transfobia a través de burlas, exclusiones y hostigamientos en entornos laborales.
Canales de ayuda
Si eres víctima o testigo de hostigamiento laboral o actos de discriminación por identidad de género, puedes comunicarte con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que brinda orientación gratuita las 24 horas. También puedes acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir acompañamiento en denuncias administrativas y laborales, o presentar tu caso ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en caso de hostilidades en el trabajo. En situaciones de discriminación, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Policía Nacional también están obligadas a recibir y tramitar la denuncia.
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