Facultades fueron otorgadas al Ejecutivo: “Se ha debilitado enormemente la capacidad legislativa de la Cámara de Diputados”

Tras los embates en la Comisión de Constitución del Senado, el politólogo Andy Phillip Zevallos advierte la instalación de un peligroso precedente donde la mayoría conservadora desnaturaliza el rol revisor del Senado para imponer una agenda a la medida del Ejecutivo y blindar las leyes pro-crimen.

El retorno al sistema bicameral, vendido durante meses por el oficialismo y sus aliados como el remedio para devolver la madurez y la reflexión técnica al Poder Legislativo, no ha tardado en desnudar su verdadera naturaleza: una maquinaria de concentración de poder al servicio del bloque hegemónico. Lejos de actuar como una cámara reflexiva, prudente y moderadora, el Senado —dominado por el bloque conservador— ha inaugurado su mandato quebrando las reglas de juego y sentando un precedente preocupante para la precaria estabilidad institucional del país.

El reciente episodio en la Comisión de Constitución del Senado, donde el oficialismo forzó la modificación de materias de facultades legislativas y proyectos remitidos por la Cámara de Diputados pasando por encima del propio reglamento parlamentario, marca un punto de quiebre. En diálogo sobre este escenario, el politólogo Andy Phillip Zevallos disecciona la gravedad del accionar del bloque mayoritario y el sombrío panorama que se cierne sobre la relación entre ambas cámaras.

Un precedente arbitrario y la consagración de la desigualdad parlamentaria

Para el politólogo, lo ocurrido en el seno de la Comisión de Constitución no constituye un mero roce político ni una simple obstrucción, sino una transgresión deliberada de la normativa parlamentaria que desfigura la esencia del bicameralismo.

«Más que obstrucción, han actuado de manera contraria al reglamento del Senado. Han transgredido, han violado su propio reglamento y con esto se sienta un terrible y peligroso precedente para el Senado y para el Congreso en general, porque no se está actuando de acuerdo a derecho», sentenció el analista.

A juicio del especialista, lo más alarmante es el mensaje tácito que la mayoría oficialista ha buscado validar: atribuirse la potestad de desarmar a discreción cualquier iniciativa remitida desde la cámara baja. «Están validando que pueden hacer lo que quieren con lo que llegue de la Cámara de Diputados, sea un pedido de facultades legislativas o una proposición de ley», advirtió Phillip, calificando la conducta de los integrantes del bloque oficialista en la referida comisión como «antidemocrática, abusiva y matonesca».

El choque adquiere una gravedad institucional mayúscula al ser este el primer caso donde debía delimitarse la función revisora de los senadores. «Era importantísimo definir los límites de esa función revisora de la Cámara de Senadores sobre lo que llega de la Cámara de Diputados. Es la primera vez que sucedía y, como en el derecho, esto sienta precedente y jurisprudencia. Sin embargo, la mayoría decidió pasar de ese debate porque es un debate que los compromete, que exige tomar posición y mostrar quién respeta la normativa y quién no. Han pretendido legalizar un terrible precedente de facto, agregando materias y cambiando el sentido de lo aprobado«, explicó.

Con ello, la pretendida complementariedad bicameral queda reducida a una relación de subordinación:

«La relación entre ambas cámaras va a ser mucho más tensa, pero sobre todo más desigual. Se ha debilitado enormemente la capacidad legislativa de la Cámara de Diputados al confirmarse que el Senado puede modificar, añadir o suprimir materias a su antojo, alterando por completo el espíritu de las leyes».

El «ADN autoritario» y la ruptura de las reglas mínimas

El detonante que provocó el retiro de los senadores de oposición de la Comisión de Constitución —tras desconocerse una votación donde el bloque oficialista había sido derrotado— no es un hecho aislado, sino la reaparición de viejas prácticas parlamentarias.

Para Phillip, la renuncia de la minoría a convalidar la sesión fue la única salida digna: «Es una reacción lógica, coherente y democrática frente a lo que estaba ocurriendo. Desconocieron una votación absolutamente válida cuando perdieron, y desde ahí viciaron y contaminaron el resto de la discusión, dejando en claro que a esta mayoría ni siquiera le importan los votos».

El politólogo apuntó directamente a las fuerzas que hegemonizan el control del aparato congresal: «Es el reflote del ADN dictatorial y autoritario del fujimorismo y sus satélites, que apelan a su peso para imponer un relato. Sin embargo, esta vez la maniobra ha quedado demasiado expuesta. La ciudadanía y diversos sectores se han dado cuenta de lo que representa este golpe a lo poco que queda de institucionalidad democrática en el país».

Asimismo, fue tajante frente a los legisladores de bancadas bisagra que negociaron su respaldo a cambio de prebendas burocráticas: «Aquel que transa devolviendo favores con puestos en el aparato estatal no solo pierde legitimidad, sino que ha firmado su sentencia de muerte política frente al electorado».

La batalla que viene: interpelación, calle y la derogatoria del paquete «pro-crimen»

La pugna entre cámaras no se quedará en un plano reglamentario. Tiene a la vuelta de la esquina una prueba de fuego que medirá la correlación de fuerzas: el paquete legislativo de impunidad y debilitamiento del sistema penal —las cuestionadas «leyes pro-crimen» promovidas en su momento por el Parlamento para atar de manos a la Policía, restringir la figura de organización criminal y desmantelar los procesos de extinción de dominio—.

Mientras en la Cámara de Diputados crecen las adhesiones y los dictámenes en la Comisión de Justicia para derogar estas normas bajo la presión del desborde de la delincuencia y el clamor ciudadano, el verdadero dique de contención será el Senado oficialista.

¿Qué margen de maniobra le queda a la Cámara Baja frente al rodillo senatorial? Para Phillip, Diputados deberá explotar intensivamente su poder de control político:

«A la Cámara de Diputados le quedan herramientas nada menores: la interpelación y la censura de ministros. Lo que debería ocurrir es que Diputados utilice con mayor frecuencia y contundencia estos mecanismos de control sobre el Ejecutivo, utilizándolos como palanca de presión para que sus proposiciones legislativas sean respetadas por el Senado y finalmente promulgadas».

No obstante, el analista subraya que la vía parlamentaria será insuficiente si la ciudadanía permanece al margen: «La derogatoria de las leyes pro-crimen probablemente se apruebe en el pleno de Diputados, pero cuando llegue a Senadores, las fuerzas democráticas tendrán que ejercer una presión real. Y eso no solo dependerá del control político dentro del hemiciclo, sino de la capacidad de articular y movilizar la calle».

Un régimen parlamentario de espaldas al país

Lo ocurrido en estas primeras semanas de funcionamiento del Senado confirma los temores que diversos constitucionalistas advirtieron durante el debate de la reforma constitucional: el bicameralismo, sin contrapesos reales y cooptado por una mayoría que cogobierna con el Ejecutivo, no actúa como cámara de templanza, sino como un supra-órgano de veto y blindaje.

Al desconocer sus propios reglamentos, violentar las votaciones y vaciar de contenido las facultades de la Cámara de Diputados, el Senado oficialista inaugura su mandato no como el espacio de los «hombres de Estado», sino como la trinchera final de una coalición dispuesta a dinamitar cualquier vestigio de legalidad para asegurar su supervivencia política.

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