Federaciones indígenas acatarán medidas de fuerza ante indiferencia del Estado para remediar zonas afectadas por petróleo
El plazo otorgado al Estado peruano por las organizaciones indígenas de la zona petrolera de Loreto para responder a demandas relacionadas con la Consulta Previa y la remediación ambiental ha llegado a su fin.
Estas demandas se concentran en las áreas de influencia de los lotes petroleros 192 y 8, así como del Oleoducto Norperuano, que abarca las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Alto Tigre, Marañón y Chambira en la Amazonía del norte del Perú.
El plazo fue establecido a fines de septiembre por aproximadamente 100 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos quechua, achuar, kichwa, kukama y urarina, organizadas en federaciones como la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE) y la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).
Las principales exigencias se relacionan con la falta de cumplimiento de la Consulta Previa en los lotes petroleros, la necesidad de comenzar la remediación ambiental en zonas afectadas y la mejora de la atención sanitaria en las comunidades.
Las federaciones advirtieron que, de persistir el incumplimiento estatal, tomarán medidas de fuerza para impedir la extracción de petróleo en sus territorios. En el reciente Congreso XXIII de la ACODECOSPAT, más de 40 comunidades kukama y urarina apoyaron esta postura. En octubre, las organizaciones emitieron pronunciamientos formales reafirmando la intención de ejercer control territorial.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) criticó la falta de voluntad política de las autoridades y advirtió que, de no atenderse las demandas antes de fin de octubre, las comunidades podrían movilizarse en respuesta al abandono estatal.na (AIDESEP) criticó la falta de voluntad política de las autoridades y advirtió que, de no atenderse las demandas antes de fin de octubre, las comunidades podrían movilizarse en respuesta al abandono estatal.
