Los acuerdos del Acta de Consulta Previa firmados entre el Estado y las comunidades originarias de Loreto contemplan temas de salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, electrificación, remediación ambiental, entre otros. Dichos acuerdos tomados en meses de trabajo no se están respetando, según el bloque de federaciones indígenas.
Por Jair Sarmiento
Desde el 19 de mayo, el Bloque de Federaciones Indígenas del Lote 8, compuesto por FEPIAURC, FECONACERC, FIURCO, FEIURCHA y FEPIURCHA, inició una jornada de protesta frente al incumplimiento de los acuerdos firmados en el Acta de Consulta Previa por parte del Estado peruano en donde se plantea el respeto de los derechos colectivos de las comunidades frente a la operación petrolera en dicha zona.
Las medidas de las federaciones indígenas contemplan el cierre del Lote 8, —ubicado en las cuencas del Marañón, Chambira, Corrientes y Tigre, en territorio de 116 comunidades indígenas de los pueblos indígenas kukama kukamiria, urarina, achuar y kichwa— y del río Corrientes.
Cabe recordar que los puntos firmados en dicha acta han sido trabajados desde el año pasado con las federaciones indígenas. La primera acta se firmó en enero del 2023 y este proceso culminó recién en estos últimos meses del 2024. Estos documentos contemplan temas de salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, electrificación, remediación ambiental, entre otros.
Sin embargo, como la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio-Aidesep) apuntó en un comunicado reciente, que tanto Perúpetro como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) «han demostrado una alarmante falta de compromiso y eficiencia, incumpliendo los plazos y resistiéndose a activar las mesas técnicas necesarias para abordar problemas críticos como la contaminación, la salud, educación y el bienestar general de los pueblos indígenas».
Según Orpio, la falta de implementación de estos acuerdos incrementa el riesgo de conflicto en la región, perpetuando la contaminación y la carencia de servicios básicos, afectando a 66 comunidades kichwa, achuar y urarina en la región Loreto.
Asimismo, las organizaciones indígenas denunciaron la inacción del Ministerio de Cultura (Mincul) como ente rector de la consulta previa. «El Mincul ha debido pronunciarse ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Minem y PerúPetro, pero su silencio lo convierte en cómplice de estas violaciones a los derechos de nuestros pueblos», señaló Orpio.