Indican que se asumieron compromisos por el impacto generado por la actividad petrolera en Loreto, pero el Estado continúa sin reparar los crímenes ambientales cometidos

Recientemente, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), junto a la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR), Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca  (ACODECOSPAT), denunciaron el incumplimiento de los acuerdos asumidos en del Acta de Consulta Previa del Lote 192, firmada en agosto de 2021 por el gobierno de Pedro Castillo. 

Fueron 67 acuerdos conseguidos por parte de las comunidades indígenas de Cuatro Cuencas, que buscaban resarcir el impacto ambiental negativo generado durante más de 50 años de actividad petrolera. Sin embargo, según lo mencionado por las federaciones, el Estado ha incumplido con la apertura de las mesas de diálogo prometidas y el trabajo al que se comprometieron durante la firma de los acuerdos. Durante este tiempo, denuncian que se producieron nuevos derrames de petróleo y diversas actividades perjudiciales para las comunidades involucradas.

Los últimos días de agosto, se reportó un nuevo derrame en el Lote 192. Además, a inicios de septiembre, se denunció la paralización de las obras de limpieza por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Pluspetrol Norte (PPN) en el territorio de la comunidad urarina La Petrolera en el Lote 8, ocurrido el último 7 de junio. 

Pese a estos nuevos sucesos, los líderes de las federaciones refieren que el Estado sigue estando ausente. “Hemos tratado de buscar al Estado en todas sus instancias, y no encontrar respuestas claras a la solución de los problemas realmente es agonizante”, mencionó el Apu Alfonso López (presidente de ACODECOSPAT). 

Cabe mencionar que las empresas que se encargan de la actividad petrolera en la zona son Pluspetrol, que administra las actividades del Lote 8 y ha generado innumerables accidentes petroleros; y Perupetro, empresa denunciada penalmente en abril de este año, por las organizaciones indígenas debido a falta de atención a 35 derrames registrados desde que la empresa estatal asumió el Lote 192.

Las demandas

Las organizaciones demandan, según la nota de prensa emitida por la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), la aprobación de la Resolución Ministerial del Plan de Salud de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Marañón, Tigre y Chambira, que beneficiaría a casi 500 comunidades de la zona y un presupuesto exclusivo para los 5 años de implementación, tal como se acordó en el Acta de Consulta Previa del Lote 192, en agosto de 2021. 

Según otro documento presentado por la organización, la ejecución comprendería el monitoreo y la atención de enfermedades prevalentes y la exposición a metales pesados, así como el impulso de la atención primaria de salud en la zona. El Plan de Salud Intercultural, según la plataforma, ya se encuentra elaborado y consensuado desde enero del 2022.

Además, en marzo, el premier Aníbal Torres anunció el presupuesto para el Plan de Salud Intercultural y sus beneficios para conseguir el voto de confianza del Congreso de la República. Pese a ello, el 17 de junio, según lo denunciado, el viceministro de Salud negó la existencia del presupuesto para el Plan. Por su lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tampoco se hace responsable.

Otra de las situaciones que advierten las federaciones, es la paralización del diálogo. Según los documentos facilitados por PUINAMUDT a Wayka, son en total 16 cartas las que fueron enviadas a diversas entidades del Estado, entre ellas están el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otros 10 ministerios. Así mismo a la Defensoría del Pueblo, y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. No obstante, las organizaciones señalan que no han recibido respuesta alguna. 

En abril de 2022, las organizaciones indígenas de PUINAMUDT demandaron constitucionalmente al Estado peruano interponiendo una Acción de Cumplimiento, debido al retraso en la atención de los acuerdos.  Además, es importante mencionar que los presidentes de las federaciones han viajado a Lima con el fin de expresar sus demandas, pero no fueron recibidos hasta el momento.

Lo preocupante para las comunidades es que durante el mensaje a la Nación del 28 julio de 2022, el presidente Pedro Castillo anunció la  aprobación del contrato de licencia de explotación del Lote 192 con Perupetro. Este decreto supremo N° 009-2022-EM  fue emitido el 25 de julio de 2022. 

Esto último daría pie a la demanda por remediación de la comunidad de San Pedro de Urarinas. En mayo del 2022 la Junta de Administración del Fondo de Remediación Ambiental acordó iniciar la remediación del territorio de la comunidad de San Pedro de Urarinas. Pero el MINEM solicitó detener el contrato con la empresa encargada por considerar excesivo el gasto.

Existirían además dos planes adicionales que aún no se ponen en marcha. El Plan de Abandono del Lote 192 que aún no se implementa y el Plan de Abandono del Lote 8 de Pluspetrol que ha sido desaprobado por el Estado recientemente. Además, según los documentos que presentan las organizaciones, el MINEM también vendría dilatando la remediación ambiental de los territorios de las comunidades kichwas de OPIKAFPE.  

Ante la ausencia del Estado, las federaciones han dado un plazo de 45 días para recibir una respuesta. Según lo declarado por el Apu Igler Sandi, vicepresidente de OKIPAFRE, de no obtener una respuesta satisfactoria, iniciarán una movilización con el fin de cerrar la cuenca del río Marañón. “Nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero eso no significa que tenemos que dejar pasar que el Estado no nos atienda” sentenció. 


En otro momento, el Apu Alfonso López mencionó: “estamos en un proceso de preparación para una movilización histórica de las Cuatro Cuencas, donde queremos demostrarle al Estado que hemos pensado que la única herramienta que tenemos era el diálogo, para poder entendernos y buscar solución juntos de nuestros grandes problemas que afectan a nuestros pueblos. Sin embargo, no ha sido así”.