Feminicidio de Andreina Farías: delitos y responsabilidad de Claro

Andreina Farías Torres, ciudadana venezolana de 31 años y madre de cinco niños, fue abusada sexualmente por Rubén Cueva y Jean Montero, técnicos de una empresa contratista de Claro Perú. El crimen culminó con la forma más extrema de violencia hacia las mujeres: un feminicidio. Este caso refleja la violencia a la que están expuestas las mujeres en el Perú.

El cuerpo de Andreina Farías fue hallado cerca de su vivienda en San Bartolo el pasado 14 de mayo. Inicialmente, el caso se registró como un atropello por una minivan; sin embargo, las imágenes de una cámara de seguridad —donde se observa a Farías encarando a dos hombres y advirtiendo que acudirá a las autoridades— permitieron que este caso sea investigado como homicidio. Posteriormente, la necropsia confirmó que la víctima había sufrido abuso sexual.

Wayka conversó en exclusiva con Amire Ortiz, abogada especializada en temas de violencia de género y directora de Acción por la Igualdad, para analizar el feminicidio de Farías y su relevancia como caso emblemático de la violencia contra las mujeres en el país. La víctima fue agredida sexualmente en su propio hogar por técnicos que habían acudido a prestarle un servicio. Posteriormente, ella fue asesinada por los agresores para asegurar su impunidad.

“Así como le pasó a Andreina, estos sujetos pudieron haberle hecho esto a cualquier otra mujer. Esto demuestra lo que siempre decimos: el agresor puede estar en cualquiera de los espacios, afirmó Ortiz.

El CASO DEBE INVESTIGARSE COMO FEMINICIDIO

La especialista explica que el caso debe investigarse como feminicidio —la máxima expresión de violencia machista— ya que Andreina Farías fue agredida sexualmente y asesinada para silenciarla. Es decir, en este crimen está presente la condición de género de la víctima. “Lamentablemente, esto terminó en un —y mencionemos bien— feminicidio, no en un homicidio. Es un feminicidio”, insistió la experta.

Aunque las estadísticas muestran que la mayoría de agresores son parejas o familiares, este caso demuestra que el peligro puede provenir de cualquier hombre que decida ejercer violencia sobre una mujer. La ausencia de un vínculo afectivo no exime la gravedad del crimen ni su carácter misógino.

El crimen se enmarca en un escenario de violencia alarmante en el país. Según el programa Warmi Ñan (antes Aurora), las cifras de feminicidios en Perú muestran una tendencia preocupante: 223 casos en 2022, 258 en 2023 y 233 en 2024. Solo en los primeros cuatro meses de 2025, ya se registraron 58 feminicidios.

A su vez, la situación de la violencia sexual resulta aún más grave. Entre 2022 y 2024 se documentaron 90 582 denuncias (27 362 en 2022; 30 837 en 2023; y 32 388 en 2024). Según cifras preliminares, entre enero y abril de 2025 ya se reportaron 10 416 casos.

Además, Ortiz enfatiza que los casos de violencia sexual se debe entender como ejercicios de poder. “La violación sexual es un acto de poder, un acto en el que un sujeto busca someter el cuerpo de una mujer para decirle ‘quién manda aquí’. No es un acto de placer sexual. Hay que quitarnos eso de la cabeza: es un acto de poder, de sometimiento”, explicó.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DE CLARO?

Ante los hechos, Claro Perú emitió un comunicado a la opinión pública el pasado 21 de mayo. En el documento, la empresa señaló que los técnicos involucrados pertenecían a una empresa subcontratada, PC Telecom. Aunque Claro facilitó los datos de los agresores para su ubicación, Ortiz, sostiene que la compañía también tiene responsabilidad en el caso.

“Claro ha prestado un servicio no solo deficiente, sino uno que ha acabado con la vida de una usuaria que los contrató. La forma en que ejecutan sus servicios no es algo de lo que la usuaria deba hacerse responsable”, afirmó Ortiz.

La especialista explicó que Andreina Farías solicitó un servicio de instalación directamente a Claro, por lo que en caso de darse un cobro indebido o una falla técnica, el reclamo sería contra Claro, no contra la empresa tercerizada.

Asimismo, Ortiz destacó que, aunque Claro no tiene una responsabilidad penal directa, sí debería asumir una responsabilidad civil, que incluiría al menos una indemnización a la familia de la víctima.

SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA CONDICIÓN DE MIGRANTE

Andreina Farías llegó al Perú hace ocho años y trabajaba para mantener a su familia en Venezuela. Para Amire Ortiz, el otro factor determinante en este caso es la discriminación y la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas, víctimas frecuentes de violencia, que va desde el acoso sexual callejero hasta agresiones más graves.

En tanto, la abogada sostiene que el Estado debería garantizar el traslado de su cuerpo y considerar la condición de migrante para el análisis y determinación de la pena, puesto que pone en evidencia una mayor vulnerabilidad. “La justicia no es solo sanción sino también reparación.” finalizó.

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